María Eugenia Palop: “Necesitamos una lectura alternativa de la familia, del Estado, de la nación y de la patria”

María Eugenia Rodríguez Palop (Llerena, Badajoz, 1970) ha sido la encargada de ensamblar las piezas hasta conformar al programa político de Sumar para las elecciones generales del 23J. Palop, que fue cabeza de lista de Unidas Podemos al Parlamento Europeo en 2019 y ejerce desde entonces como eurodiputada, aterrizó en Sumar para elaborar un documento que bebe de las propuestas de los grupos de trabajo sectoriales, una labor que hubo que acelerar por el adelanto electoral. Profesora titular de Filosofía del Derecho y feminista abolicionista, no cree que el feminismo deba ser moderado, pero sí dialogante para mediar en los conflictos, internos y externos.

¿Por qué ha tomado la decisión de coordinar el programa de Sumar?

Era una labor complicada porque aunque teníamos una base potente, el trabajo que habían hecho esos 35 grupos de trabajo donde habían participado más de mil personas, el resultado era bastante heterogéneo y había que hacer una labor de articulación, organización, evitar incoherencias e inconsistencias. Y había que poner de acuerdo a mucha gente, a los coordinadores de los grupos, a la sociedad civil que había participado también y con la que lamentablemente no teníamos tiempo de reunirnos. Habilitamos un correo electrónico para que pudieran hacer llegar sus propuestas, y después a las diferentes formaciones políticas. Por la formación que yo tengo y porque soy independiente y no pertenezco a ninguno de los partidos que forman parte de la coalición, creo que era una persona adecuada y así también lo consideró el equipo y Yolanda Díaz en particular.

¿Cómo va a ser la vinculación con Sumar después de que termine la campaña? Entiendo que va a compaginar la tarea con el Parlamento Europeo, ¿pero va a seguir participando en el proyecto de Yolanda Díaz?

Tengo que ver cómo se organiza la plataforma y el partido en particular, pero mi intención es vincularme orgánicamente a ese proyecto político. No sé todavía cómo.

No diría que solo es un programa verde, porque esto a mí se me hace muy corto. Creo que es un programa socioecológico donde se habla de la necesidad de hacer una transición en el modelo productivo, de distribución y de consumo

Sumar es una coalición de 15 partidos. ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración del programa, teniendo en cuenta que son 15 partidos con sensibilidades diferentes, algunas muy concretas, otras en que algún momento pueden chocar...?

He seguido el procedimiento que se sigue en el Parlamento Europeo, que me ha parecido siempre muy bueno. En el Parlamento Europeo hay un ponente principal, que se llama rapporteur, y unos ponentes en las sombras que se llaman shadows. El rapporteur prepara un draft, esto es, un borrador, y los shadows tienen un tiempo para plantear sus enmiendas, que evidentemente son de todo tipo: añadir, eliminar, contradecir. Eso vuelve al rapporteur, que en este caso sería yo, que hago una valoración junto con los coordinadores del programa, porque el programa tenía también diferentes módulos con sus diferentes coordinadores y, hay cosas que entran, cosas que no entran, cosas que se discuten y se hace una discusión bilateral con la formación política en particular y respecto de la cuestión concreta. 

Hay medidas como la herencia universal que han planteado más debate, que han criticado por ejemplo miembros de Podemos. ¿Cómo ha sido el diálogo para llegar a ese consenso de medidas que quizá no tenían todo el apoyo de todas las formaciones?

No me consta que la herencia universal haya sido cuestionada por parte de ninguna formación política, pero sí han sido cuestionadas algunas otras cosas y se ha resuelto mediante diálogo, diálogo, diálogo. Como también se hace en el Parlamento Europeo: afinando la redacción, intentando evitar líneas rojas, elementos conflictivos. Lo que es intentar alcanzar un acuerdo, y después haciendo renuncias. Es evidente que hay partidos que han hecho renuncias a determinadas cuestiones que para ellos eran esenciales, pero han tenido siempre la oportunidad de plantear estas cuestiones en sus propios programas. No olvidemos que la mayor parte de ellos tienen programas propios.

¿En qué cree que se diferencia este programa con el de, por ejemplo, Unidas Podemos de hace cuatro años?

No hay disonancias con el programa de Unidas Podemos. Tampoco hay disonancias con el programa de Más País o de Más Madrid. No diría que hay disonancias fuertes con comunes, por ejemplo, aunque lógicamente los partidos que son territoriales sí han tenido un aterrizaje particularizado dentro de ese paraguas que ha sido el programa. Ahí sí ha habido matices. 

No hay grandes disonancias con el programa de Unidas Podemos, más bien hay una filosofía o un marco que sí que creo que puede ser diferente en la medida en que acoge más sensibilidades. Hay una apuesta muy clara por el laborismo, por la parte del empleo. Hay un desarrollo exhaustivo en la parte del empleo. Queda muy bien reflejada la gran aportación a nivel nacional y a nivel internacional de la labor del Ministerio de Trabajo. También una atención más intensa a la parte de la transición socioecológica por razones históricas y coyunturales. Estamos en un momento respecto de la lucha contra el cambio climático que no es el de 2019. Y luego una política social más aterrizada, por ejemplo, en el elemento de los cuidados. No digo con esto que Unidas Podemos no haya atendido los cuidados. De hecho, el Ministerio de Derechos Sociales ha hecho una gran labor en este sentido. Pero programáticamente ahora hay un aterrizaje más detallado. También por razones obvias: tenemos una estrategia europea de cuidados con la que ni soñábamos en 2019.

Si pudiéramos reducirlo a una etiqueta, digamos, un programa socialdemócrata, un programa de izquierdas, verde. ¿Con cuál se quedaría?

Un programa socioecológico. No diría que solo es un programa verde, porque esto a mí se me hace muy corto. Creo que es un programa socioecológico donde se habla de la necesidad de hacer una transición en el modelo productivo, de distribución y de consumo, porque las tres cosas están ahí; y es una transición que recoge tanto elementos laborales como elementos que tienen que ver con las personas en situación de vulnerabilidad, en esa transición para no dejar a nadie atrás, como se dice tantas veces. Y elementos ecofeministas: ahora hay un acento mucho mayor en ese componente.

El feminismo no es moderado ni tiene que ser moderado, el feminismo es una revolución cultural, social, política, absolutamente transformadora y es lógico que genere conflictos

El feminismo ha entrado en campaña pero de manera diferente a como lo hizo en las últimas elecciones generales de 2019. Da la sensación de que una de las preocupaciones en este momento es la de hablarle a los hombres, dirigirse a ellos, incluirles. ¿Está de acuerdo con ese planteamiento, con esa preocupación?

Estoy de acuerdo y creo que además todo el elemento de las nuevas masculinidades que se ha trabajado tantísimo en este tiempo era lógico que estuviera presente en el programa. Me parece que hay que abordar el malestar que, entre comillas, ha podido llegar a generar, no el feminismo, sino una determinada lectura del feminismo entre los hombres, que es exactamente lo que está haciendo la extrema derecha. Las derechas se están aprovechando de forma malintencionada de ese malestar para atacar al feminismo. Yo creo que nosotros teníamos que salir al paso de eso.

Hay una idea que se está repitiendo, la del feminismo integrador o feminismo conciliador, está soliviantando a muchas feministas que lo ven casi como una llamada a la moderación, a la prudencia, como si el feminismo se hubiera excedido.

Si es así como se está entendiendo, entonces es que lo estamos explicando mal. Yo creo que no se debe entender así. El feminismo no es moderado ni tiene que ser moderado, el feminismo es una revolución cultural, social, política, absolutamente transformadora y es lógico que genere conflictos. Más bien, lo que se quiere decir cuando se habla de integrar es mediar en esos conflictos, de la misma forma que se ha mediado siempre, porque no creo que se esté diciendo nada especialmente distinto. En 2018 salimos a la calle con un feminismo transversal, intergeneracional e internacional, en el que no había nadie que se sintiera fuera. La idea es precisamente volver a eso.

¿Cree entonces que el feminismo que ha perdido transversalidad en los últimos años?

Ha habido mucho ruido alrededor del feminismo y aunque se ha hecho mucho esfuerzo por hacerlo transversal, por no perder esa transversalidad, las confrontaciones han pesado demasiado.

Hablaba antes del esfuerzo por acomodar propuestas en el programa y por no cruzar las líneas rojas de los partidos que forman Sumar. ¿Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con la prostitución? El programa habla de medidas contra la trata, pero no incluye otras políticas.

El programa menciona a las personas en situación de prostitución y, en efecto, ha sido un acuerdo al que se ha llegado con diferentes formaciones políticas que tienen propuestas distintas. Ha habido un consenso bien avenido y quien después ha querido en sus programas aterrizar sus propuestas de una manera diferente lo ha hecho.

Como abolicionista que es, ¿hubiera ido más allá en el programa?

No porque mi obligación como coordinadora de programas era llegar a un acuerdo y esa era mi responsabilidad principal. Ya todo el mundo sabe cuál es mi posición respecto de la prostitución, porque llevo en esto muchos años.

La ley del 'solo sí es sí' era una muy buena norma, la he defendido siempre. ¿Hay un problema técnico en esa norma? Sí, hay un problema técnico en esa norma que probablemente podía haberse subsanado, y que se intentó subsanar después

La ley del 'solo sí es sí' parecía uno de los grandes logros de la legislatura y se acabó convirtiendo en lo contrario. También ahora en la campaña aparece como un elemento central de ataque de las derechas hacia el bloque progresista. ¿Era una buena norma, incluida la parte penal?

Era una muy buena norma. Yo la he defendido siempre, también en el Parlamento Europeo. ¿Hay un problema técnico en esa norma? Sí, hay un problema técnico en esa norma que probablemente podía haberse subsanado, que se intentó subsanar después. El reconocimiento de ese problema técnico ya se ha dado y se ha intentado abordarlo dentro de los marcos jurídicos posibles. También tengo que decir, y lo digo como feminista, que el feminismo nunca ha sido punitivista y que cuando las mujeres salieron a la calle con la sentencia de 'la manada', el objetivo nunca fue el incremento de las penas, siempre fue la calificación adecuada de las conductas. Es lo que hace esta ley, calificar adecuadamente una conducta, llamar violación a lo que era una violación. Y en esa línea va el Convenio de Estambul, y la directiva en la que estamos trabajando en este momento de violencia contra las mujeres, donde la violación gira alrededor de la ausencia de consentimiento, algo que, por cierto, el Consejo de la UE, donde se representan los Estados y los gobiernos, está dispuesto a erradicar de la propuesta. Tenemos que seguir defendiendo por encima de todo que la violación sea calificada como lo que es y que gire alrededor de la ausencia de consentimiento. Y en este sentido la ley del 'sí es sí' ha sido pionera y ha sido alabada además internacionalmente.

¿La reforma de esa ley que el PSOE pactó con el PP desvirtuó la norma, esa tipificación adecuada de las conductas?

No creo que quede desvirtuado, pero sí genera una confusión en la medida en que genera una subdivisión de la que se estaba saliendo. Entonces, a la hora de ver su aplicación judicial, tendremos que examinar si verdaderamente ha servido para amortiguar los supuestos efectos indeseados.

¿Había alternativa a esa reforma?

Había la alternativa de la agravante que se planteaba por parte de Unidas Podemos, que creo que desde el punto de vista de la tipificación penal hubiera sido más clarificador. Desde el punto de vista de su aplicación judicial no tengo tan claro que hubiera servido para amortiguar los efectos, pero es que tampoco sé si la reforma que hemos abordado va a tener un efecto mejor. Habrá que verlo.

Lo que realmente hay que asumir es que una norma no termina en el Parlamento, una norma termina en su aplicación al caso concreto. Los jueces crean derecho, no son máquinas, si no tendríamos un robot, meteríamos los datos y saldría una sentencia. Hay un ámbito interpretativo muy amplio que, aunque está controlado por criterios, está también atravesado por una visión del mundo, por una posición que tiene el juez, algo a lo que se llama discrecionalidad judicial y que tiene que existir en un Estado de Derecho. Entonces nunca se sabe en el ámbito parlamentario si una ley o una reforma es adecuada hasta que no se aplica en el caso concreto o hasta que no hay una jurisprudencia asentada.

Renunciar a la familia es un error y nuestro programa lleva muchas políticas orientadas a la familia, pensando en la diversidad familiar. Renunciar el Estado también es un error, solo que el Estado tiene que ser no solo securitario, sino también social

Uno de los fenómenos actuales es la ola reaccionaria en las aulas. Parece que, de alguna manera, lo que ahora es rompedor es cantar el 'Cara al sol' en clase. Al mismo tiempo, el PP y Vox están firmando acuerdos contra lo que consideran el 'sesgo ideológico' y es posible que el pin parental entre en algunas comunidades. ¿Cómo se combate esa reacción?

Siempre he defendido que el feminismo es el antídoto de la extrema derecha, que no es lo mismo que la antítesis. El antídoto consiste en comprender el fenómeno, diagnosticar adecuadamente y poner ese mismo material en otra dirección. No convertirse en la otra cara del fenómeno reaccionario, sino abordar ese fenómeno comprendiendo el origen que tiene. Por ejemplo, el eje central de Vox, como de toda la extrema derecha en Europa, es el de la familia, el Estado en términos securitarios, la nación y la patria, que es, digamos, la vuelta a los enclaves seguros, solo que haciendo un uso represivo de esos enclaves seguros. ¿Tenemos nosotros que renunciar a la familia, al Estado, a la nación y a la patria? Cuando digo que somos antídotos y no antítesis, lo que quiero decir es que no: tenemos que tener una lectura alternativa de la familia, del Estado, de la nación y de la patria, y tenemos que saber que esos enclaves seguros son importantes para la gente. Renunciar a la familia, a mi modo de ver, es un error y de hecho nuestro programa lleva muchísimas políticas orientadas a la familia, evidentemente pensando en la diversidad familiar. Renunciar el Estado también creo que es un error, solamente que el Estado tiene que ser no solo securitario, sino también social.

¿Qué hacen ellos? Utilizan el Estado desde una perspectiva estrictamente defensiva y derivan las políticas sociales al espacio familiar, es decir, las privatizan. Lo que tenemos que hacer es recuperar el Estado de bienestar, el Estado social. Por eso es tan importante la política de empleo, la política de ese nuevo laborismo del que hablaba. Evidentemente nosotros tenemos que tener una idea de lo que es la pertenencia a una comunidad, una visión de la nación o de la patria que no es excluyente ni cerrada. Por eso justamente tenemos unas propuestas respecto de migraciones que creo que son bastante innovadoras respecto de lo que se ha venido recogiendo en programas hasta este momento. Pero no podemos renunciar a la idea de la pertenencia, de la territorialidad, de los vínculos. No tenemos que renunciar a los vínculos, tenemos que hacer otra lectura, pero no podemos vaciar el espacio público de vínculos y tejidos emocionales, afectivos.

Cuando Podemos nació llegó a hablar de eliminar la escuela concertada, que se ha demostrado como segregadora. ¿Qué cambiarían ahora de su estatus?

Hemos apostado por financiar la escuela concertada únicamente cuando sea estrictamente necesario. Esto es, una vez la pública está perfectamente financiada y desde luego consideramos que con el tiempo tiene que ir desapareciendo como apuesta educativa.

¿Y cuál es la propuesta para democratizar más el acceso a la universidad?

Hemos planteado un acceso en el que el primer año sea gratuito y una política de becas. Es una política potente de movilidad social e internacional, que es un eje central tanto para profesores como alumnos. Una política también de mejora de las condiciones laborales, tanto las de los profesores como del personal administrativo, que hay que recordar que está en una precariedad total. Una política de reposición del profesorado. Soy profesora universitaria y en mi área de conocimiento, en filosofía del Derecho, las personas más jóvenes tienen 50 años o 40 y tantos, porque no hay posibilidad de hacer una carrera investigadora decente, no hay espacio para la investigación, no hay espacio para el relevo generacional. En la universidad hay muchísimo que hacer. Y no se trata, como ha propuesto el Partido Socialista, de hacer una apuesta meritocrática para dar matrícula gratis si apruebas cuando sabemos perfectamente que hay personas que lo tienen peor porque trabajan, porque tienen peores condiciones sociales, ambientales, en términos amplios, o porque están en situación de mayor vulnerabilidad y que por tanto tienen más posibilidades, entre comillas, de fracasar. Seguir premiando a los que aprueban es establecer una universidad de dos velocidades.

Una transición ecológica tiene que ser justa. Para eso ha de ser lenta, con mucha pedagogía. No puede obviar al sector primario, agropecuario, a los agricultores y ganaderos, que tienen que estar en la primera línea de lucha contra el cambio climático

Hablaba antes de un programa socioecológico. ¿Un perfil como el de Teresa Ribera en el PSOE les ha dejado menos espacio para el electorado verde? ¿Qué es lo que aporta diferente Sumar a la agenda verde?

Teresa Ribera ha sido una muy buena ministra, ha conseguido cosas en Europa que no había conseguido nadie hasta ahora, en cuanto a cuestiones de transición ecológica y todo lo que tiene que ver con la negociación respecto de las eléctricas y el mercado eléctrico, el gas. Tiene, además, un conocimiento de la Unión Europea que para este ámbito concreto es muy importante y muy buenas redes en la Comisión, que es quien finalmente toma las decisiones. Creo que ha hecho un trabajo excelente. Lo que nosotros aportamos es precisamente el elemento 'socio'. Una transición ecológica tiene que ser justa. Para ser justa ha de ser lenta, ha de incorporar mucha pedagogía. No puede obviar al sector primario, al sector agropecuario, a los agricultores y ganaderos que tienen que estar en la primera línea en la lucha contra el cambio climático. No puede obviar, por ejemplo, las condiciones laborales de las personas que están afectadas o que van a ser afectadas por esa transición. Hablo del campo, hablo también de la reindustrialización. ¿Qué supone el pacto verde? Cerrar unos nichos de negocio para abrir otros nichos de negocio. Ese tránsito ha de hacerse adecuadamente y yo creo que hay que prestar más atención a eso. Sinceramente, creo que desde el Partido Socialista no se ha prestado suficiente atención.

¿Ha podido eso tener que ver con que la extrema derecha y la derecha hayan enfrentado al sector primario y también al industrial con la transición ecológica? ¿Ha habido un problema ahí que ha dado alas a las derechas?

Sin ninguna duda. No hay más que ver que donde la extrema derecha ha llegado a acuerdos con el Partido Popular han estado muy interesados en controlar el campo, las zonas rurales, las consejerías que tenían que ver con la agricultura. Ellos consideran que tienen ahí una plataforma electoral interesante y sinceramente creo que no se equivocan en el sentido de que debería ser una apuesta de todos los partidos.

Iremos en la línea del derecho internacional para la reforma del Consejo General del Poder Judicial.

El espacio rural que está tan huérfano hay que mimarlo, hay que escucharlo, hay que integrarlo. Soy de un pueblo de una zona rural, he trabajado en la Comisión de Agricultura en el Parlamento, estoy muy en contra de hacer una política estrictamente urbana pensada por y para los elementos urbanos o los ciudadanos de las grandes ciudades porque creo que además es insostenible. Las grandes ciudades no van a sobrevivir ni al cambio climático ni a la transición ecológica y hay que ir preparando, entre comillas, el éxodo no del campo a la ciudad, sino de la ciudad al campo. Hacerlo atractivo, articular servicios públicos, políticas, sociales, no esperar que sean lugares únicamente para producir energía y alimentos o para excretar residuos, que es en lo que se ha convertido. El tratamiento colonial de Europa respecto de ciertas zonas y en España de unas zonas respecto de otras, hay que erradicarlo. Y si no se erradica, la extrema derecha seguirá bebiendo de ese malestar.

Hemos hablado mucho de la parte económica, de la parte verde, también sobre feminismo. Pero quizá ha pasado un poco más desapercibida en estos días la parte sobre justicia. Una cuestión que ha marcado la legislatura ha sido el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP. En el programa proponen una reforma pero no la concretan demasiado.

No está del todo concretada porque no la podríamos concretar. Para hacer esa reforma hacen falta unas mayorías y unos acuerdos que hay que trabajar. Sería atrevido y hasta soberbio por nuestra parte adelantar ya una propuesta. Lo que sí te digo y te adelanto es que iremos en la línea del derecho internacional, de las propuestas que se nos están haciendo desde la Unión Europea. Y esas propuestas son muy claras. Aparecen en los informes que la Unión Europea hace sobre el Estado de Derecho todos los años respecto de todos los Estados e intentaremos ir en esa línea pero no podemos ahora mismo concretarla.

La Unión Europea, no sé si me equivoco, mostró reticencias a la propuesta que hicieron PSOE y Unidas Podemos para rebajar el sistema de mayorías del Poder Judicial. 

Es que quizás no era un buen pacto. Yo creo que la Unión Europea va en la dirección de aumentar la presencia de la judicatura en la selección de los jueces. 

¿Eso no es lo que propone el Partido Popular?

El PP no propone exactamente eso. El Partido Popular ha dicho que propone eso porque le ha convenido. El Partido Popular nunca ha favorecido la presencia de los jueces en la selección de los órganos judiciales. En este caso nos ha llevado a situaciones límites en el propio Parlamento Europeo intentando cuestionar el Estado de Derecho en España bajo el presupuesto de que no hay independencia judicial o de que podríamos ser algo similar a Polonia y poniendo en peligro incluso la financiación y las transferencias que estamos recibiendo. Porque como saben, Polonia ha sido sancionada precisamente por falta de independencia del Poder Judicial y obviando que si aquí ha habido un problema con la judicatura, no ha sido culpa de la judicatura ni ha sido culpa del Gobierno, ha sido culpa del Partido Popular. De manera que todas las propuestas del Partido Popular en este sentido a mí me generan bastante sospechas.

Cuando debatía sobre ese tipo de reforma del Poder Judicial, la principal pega que se ponía a que los jueces elijan a los jueces, que es la forma sintética de resumir esto que propone la Unión Europea, es que la judicatura es un sector conservador, entre otras cosas por las dificultades de acceso a la carrera, y el hecho de que los jueces acaban eligiendo a los jueces puede generar una espiral conservadora en el Consejo General del Poder Judicial.

Lo primero que hay que hacer es resolver los problemas de acceso y creo que también en nuestro programa está planteado. Los problemas de acceso a la judicatura, abrir el espacio a otro tipo de perfiles que ahora mismo, por el modo en el que se articula ese acceso, están excluidos o tienen más dificultades. Y hacer una renovación de nuestra judicatura a todos los niveles. Yo creo que esto es lo primero. Pero no me precipitaría hablando de una judicatura conservadora. En el ámbito de los jueces hay también mucho progresismo. Y hay muchos jueces que además están organizados en asociaciones progresistas que han sido críticos con muchas propuestas conservadoras y que han propuesto también modificaciones en la línea en la que nosotras estamos planteando en el programa. Y es un programa que no desconoce para nada la aportación de asociaciones de jueces y de la propia judicatura.

Hay que tener cuidado con eso, porque es tirar piedras contra nuestro propio tejado. La judicatura es muy importante para el sostenimiento de un Estado de derecho. La gente tiene que poder creer en la judicatura, porque sin la judicatura no solamente cualquier norma que se haga en el ámbito parlamentario puede llegar a ser estéril, inútil e ineficaz, sino que además puede, como lo hemos visto en muchas ocasiones, ser completamente malversada y se puede pervertir el sentido de la norma en el espacio de su aplicación. Es importante creer en los jueces como es importante creer en el estado de derecho. ¿Eso significa mitificar a la judicatura? ¿Eso significa que no se puede criticar a los jueces? Desde luego que no, significa que hay muchas cosas que hacer, pero tenemos que partir de la colaboración y el diálogo con el sector.

Otro de los temas que fueron parte de las principales promesas de Unidas Podemos en 2019 y que entró dentro del pacto de coalición es la Ley Mordaza, que no se consiguió derogar ni reformar en esta legislatura por el desacuerdo dentro del bloque de investidura. En el programa desgrana la retirada de varios de los puntos más lesivos, pero no aparece exactamente una derogación de la ley...

Sí, sí aparece. El punto ocho y el punto diez, si no me equivoco, de la parte de seguridad y prevención plantean la derogación de la Ley Mordaza en lo que hace la libertad de expresión y el derecho de reunión y en lo que tiene que ver con la Ley de Extranjería. Y además en migraciones también se plantea. Nosotros sí que planteamos abiertamente la derogación, cuando menos parcial, de la Ley Mordaza. Tenemos un grave problema con la herencia de [el exministro de Justicia del PP Alberto] Ruiz Gallardón, un grave problema. Él hizo una reforma del Código Penal, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y planteó la Ley Mordaza. Esas cinco apuestas del Partido Popular han modificado estructuralmente nuestro Estado de derecho y hay que revertirlas. Para esto, como en buena parte de las leyes orgánicas, hacen falta mayorías, pero este hay que tomárselo muy en serio. Hemos hecho mucha apuesta por las medidas económicas y por la economía, pero yo como jurista, como filósofa del derecho, como profesora de teoría del derecho, como defensora de derechos humanos, como feminista, pongo muchísimo, muchísimo, el acento en la necesidad urgente de abordar todas las cuestiones que tienen que ver con el Estado de Derecho y todas esas cuestiones están abordadas en el programa.