Las consecuencias de los contratos temporales en Defensa: 2.000 militares fuera al cumplir 45 años

Más de dos millares de soldados y marineros (2.078) han colgado ya el uniforme al cumplir 45 años y decenas de miles lo harán en las próximas décadas. Solo en 2019 se han registrado 926 bajas. El de la temporalidad de los militares es uno de los desafíos que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene por delante y uno de los asuntos relacionados con la cartera de Defensa en el que Unidas Podemos ha tenido un posicionamiento firme siempre que ha estado en la oposición.

La ley de tropa y marinería establece que, alcanzados los 45 años, los militares que no hayan obtenido “la condición de soldado permanente” cesarán su relación con las Fuerzas Armadas. Los colectivos de afectados denuncian que la temporalidad les aboca a un futuro laboral complejo. Según explican estos colectivos, más allá de salir al mercado laboral a una edad complicada, no reciben una homologación de su formación educativa, a pesar de que la ley establecía que se les facilitará una titulación equiparada con el “sistema educativo general” para poder adaptarse al mundo civil antes de abandonar la disciplina castrense.

Sin embargo, Defensa reconocía a finales de noviembre que “no ha habido ningún programa específico para la obtención de títulos de formación profesional de grado medio”. La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar aseguraba en una respuesta emitida a la plataforma 45 Sin Despidos que “ningún miembro de la escala de tropa y marinería ha obtenido” esta titulación. Aunque este organismo sí destacaba que “ha habido convalidaciones tanto genéricas como específicos de títulos de técnico militar” por titulaciones de FP.

“¿A qué se va a dedicar un conductor que lleva 20 años dirigiendo un tanque Leopard en la base de El Goloso si no tiene una titulación?”, se pregunta Juan Carlos Tamame, presidente de la Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME). Su homólogo en la Asociación de Reservistas de Especial Disponibilidad (ARRED), Javier del Canto, vivió una situación similar al marcharse del Ejército del Aire cuando cumplió 45 años tras décadas trabajando como como mecánico de aviones. “Ahora me veo con una experiencia tremenda, pero sin ningún título que lo avale”, asegura.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendía en el pleno del Congreso el pasado miércoles que el Gobierno no está “dejando abandonados” a estos militares, que han pasado a una situación denominada Reservistas de Especial Disponibilidad (RED). En una interpelación promovida por Vox, Robles reseñó que estos profesionales están cobrando una prestación de 658 euros al mes, compatible con cualquier otra. 

Robles aseguró que su departamento está apostando por “una estrategia de orientación integral laboral” centrada en la formación para que estos profesionales “puedan salir con un título de FP de Grado Medio”. También destacó que están trabajando en su incorporación laboral en instituciones privadas y públicas, como las policías locales. “Hemos visto cómo Adif y Renfe van a incorporar personas que proceden de los RED”, apuntó la ministra, aunque no aportó cifras sobre el número de militares que han conseguido un nuevo trabajo en los citados organismos.

El partido de Pablo Iglesias incluyó este conflicto laboral entre los ejes de su agenda social. De hecho, el líder de Unidas Podemos citó a los afectados por la ley de tropa y marinería en el último debate electoral y aseguró que estos profesionales reciben en las Fuerzas Armadas “una patada en el culo” al cumplir 45 años. La situación de estos militares llegó a ser incluida en el programa que presentaron a las elecciones del 10N, asegurando que se está cometiendo un “ERE encubierto del Ministerio de Defensa” y apostando por ponerle fin con una reforma de la ley para suprimir los compromisos temporales.

Cuando ocupaba la bancada de la oposición en el Congreso, Unidas Podemos llegó a plantear la paralización temporal de esta medida, aunque no consiguieron el apoyo para que fuese aprobada. Desde Defensa llegaron a realizar una estimación económica de este asunto, en octubre del 2018 el subsecretario del Ministerio, Alejo de la Torre, explicó en el Congreso que una moratoria de tres años tendría un coste para las arcas públicas de unos 36 millones de euros hasta 2021 y afectaría a alrededor de 4.000 militares, tal y como publicó la Revista Española de la Defensa, editada por el Ministerio.

Una vez que Unidas Podemos ha llegado al Gobierno, fuentes de esta coalición reconocen que la supresión de la temporalidad “no es un punto” que esté en el acuerdo con el PSOE y que actualmente “no está sobre la mesa”. “Se pondrá a disposición de un diálogo con ellos”, apuntan estas fuentes oficiales. 

En septiembre de 2018 la Comisión de Defensa del Congreso aprobó 40 medidas para mejorar la formación y las salidas laborales de estos militares. Entre las medidas ratificadas apostaban por que estos profesionales se marchasen de las FAS con una formación homologada como una Formación Profesional, pasarelas para acceder a puestos de funcionario del Ministerio de Defensa, así como aumentar de forma gradual el porcentaje de soldados y marineros que pueden convertirse en permanentes, actualmente estos solo suponen el 15% de toda la plantilla.

El presidente de la plataforma 45 Sin Despidos, Jenner Escudero, asegura que los profesionales que abandonan las FAS a esa edad están “abocados al fracaso laboral absoluto”, destacando las altas tasas de desempleo a las que se hace frente en ciudades con bases militares como Cádiz.  “Si no privatizaran servicios en las FAS habría una oportunidad de segundo empleo, pero prefieren subcontratar”, reseña. 

Algunas asociaciones de militares aseguran que el Ministerio está tratando de implementar las medidas aprobadas en el Congreso, aunque aseguran que su desarrollo “llega tarde” para aquellos soldados y marineros que ya se han marchado o los que están a punto. Juan Carlos Tamame de ATME explica que Defensa “tardará dos o tres años en homologar” las titulaciones militares con una FP de grado medio.

Por su parte, Jorge Bravo, secretario de organización de la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), destaca que han aumentado las plazas para pasar de un compromiso temporal a permanente. “Durante los últimos cinco o seis años se ofrecían prácticamente 100 plazas, el año pasado aumentó a 400 y la ministra se ha comprometido a que este año serán 700”, ha planteado.

La ley recoge una reserva de plazas de estos profesionales en la Guardia Civil y la Policía Nacional. Según los datos de ATME, en la Guardia Civil esas plazas se han cubierto entre el 50% y el 100%, dependiendo del año. Sin embargo, esta asociación denuncia que en la Policía Nacional ese porcentaje es mucho más reducido, llegando a quedar vacante varios años.

En una escala en la que solo el 15% de los militares son permanentes, este problema se irá visibilizando conforme pasen los años, siempre que se mantenga esa tasa de temporalidad. Por ahora, se han registrado 2.000 bajas amparadas por la la ley de tropa. Sin embargo, las estimaciones facilitadas por el Ministerio plantean que en los próximos quince años el número de afectados por estas contrataciones laborales podría ascender a 50.000. Los picos más elevados se alcanzarán en menos de una de década, ya que en 2027 está previsto que 4.024 militares de tropa y marinería cumplan 45 años; en 2029, 4.055 y en 2030, 3.958.