El Grupo Popular en el Congreso ha exigido este viernes la dimisión de la Administradora Única de RTVE, Rosa María Mateo, “por su nefasta gestión al frente de la Corporación y en coherencia con su compromiso de renunciar a dicha responsabilidad cuando se constituyera un nuevo Gobierno tras la celebración de elecciones”.
En distintas preguntas parlamentarias, los populares se interesa por si, una vez constituido el nuevo Gobierno, “¿va a ser coherente la Administradora Única de RTVE y va a presentar su dimisión inmediata, tal como anunció en su última comparecencia en sede parlamentaria, el 28 de febrero de 2019, cuando dijo: 'En el momento que se celebren las elecciones, y haya Gobierno, presentaré mi dimisión inmediata?'.
El Grupo Popular señala que su dimisión estaría plenamente justificada también por “el nefasto periodo que ha caracterizado a RTVE bajo la dirección más arbitraria de la Administradora Única”. “Sus señas de identidad han sido la dramática pérdida de audiencia, en especial en los Informativos, que han caído al último puesto; la ruptura del equilibrio presupuestario; la manipulación; el sectarismo, y la falta de respeto a la legalidad”, denuncian.
Informa Iñigo Aduriz.
De nuevo día intenso en torno al Consejo General del Poder Judicial. Una vocal ha denunciado ataques por parte del bloque conservador para poner en duda la capacidad de Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Estos son los temas del día:
- Una vocal del CGPJ emite un voto en el que denuncia maniobras del bloque conservador para desacreditar a Delgado. Concepción Sáez subraya que la propuesta sometida a votación fue “incompleta” por la “llamativa omisión” de la referencia a la idoneidad de la exministra.
- Qué está pasando en el Consejo General del Poder Judicial. El PP mantiene artificialmente en el Poder Judicial la mayoría absoluta que perdió en las urnas para hacer oposición desde la Justicia.
- El Consejo de Ministros ha nombrado este viernes a Rafael Pérez Ruiz nuevo secretario de Estado de Seguridad. Tanto su nombramiento como el de María Gámez como directora general de la guardia Civil se han producido a propuesta del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
- El Gobierno exige a Murcia que retire el veto parental de Vox que permite a los padres censurar contenidos en las aulas. El Ministerio de Educación ha enviado un requerimiento a la Consejería de Educación como primer paso antes de llegar a los tribunales en caso de que no elimine la norma.
¡Hasta el lunes!
La tercera reunión de la mesa catalana de partidos, el foro conocido como 'espacio de diálogo“ y que reúne a JxCat, ERC, PSC y 'comuns' ha servido este viernes para constatar lo que ya se había puesto de manifiesto fuera y para anunciar lo que todos los presentes ya conocían. Los cuatro partidos suscriben la existencia de un conflicto político entre Catalunya y España y los cuatro han escuchado por boca del president Quim Torra que su propuesta en la reunión con Pedro Sánchez versará sobre el derecho a la autodeterminación y la amnistía para los presos. Escribe Arturo Puente.
La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha explicado este viernes que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha despejado su agenda para atender a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha rechazado “taxativamente” un adelanto electoral. Informa Europa Press.
En rueda de prensa, Budó ha explicado que Torra ha replicado de este modo a la propuesta de fijar un calendario electoral que los comuns han puesto sobre la mesa de partidos con representación en el Parlament, que se ha llevado a cabo en el Palau de la Generalitat y la que solo han acudido JxCat, ERC, PSC-Units y los comuns.
Budó ha dejado claro que la mesa que fija el posicionamiento del Govern en la negociación con el Gobierno central para desencallar el conflicto político es la que se reunió el miércoles y que congregó a los partidos independentistas --JxCat, ERC y la CUP-- y las entidades Òmnium y ANC.
“Esta (la de este viernes) no es la mesa de diálogo que fije las posiciones en una mesa de negociación con el Gobierno. Esta se creó para facilitar acuerdos sobre grandes temas de país”, ha dicho en referencia a que afloró de una propuesta de resolución presentada por el grupo socialista y aprobada por el Parlament con ese objetivo.
En esta reunión, JxCat ha pedido que la primera reunión entre ejecutivos tiene que contar con garantías y ha planteado que se sustancien en la figura de un mediador, a lo que Budó ha respondido: “Desde el Govern queremos definir conjuntamente con el resto de actores los contenidos, las condiciones y las garantías de la mesa de negociación”.
Por eso, ha adelantado que, si entre los partidos y las entidades independentistas surge el consenso de que esas garantías deban concretarse en la figura de un mediador, desde el Govern estarán “de acuerdo”.
“Entendemos que debe haber alguna figura que garantice todo lo que se produzca en la mesa de negociación”, ha añadido, para un diálogo entre gobiernos que en su última intentona --que tuvo el punto culminante en la declaración de Pedralbes de 2018-- naufragó precisamente por la figura del relator.
Un total de 103 organizaciones, partidos políticos, sindicatos y colectivos de ámbito nacional e internacional han firmado un manifiesto para la eliminación del veto parental de Vox en la Región de Murcia. Informa Europa Press.
Los firmantes exigen la retirada de las instrucciones de inicio de curso de la Consejería de Educación y manifiestan su “absoluto rechazo” al 'pin parental' implantado en la Comunidad Autónoma.
Con esta medida, afirman, “el gobierno de la Región de Murcia, auspiciado por los sectores más conservadores, pide a las familias consentimiento expreso para la participación de sus hijos e hijas en todas las actividades complementarias que se realicen en los centros educativos, en las que participen personas ajenas a los claustros de docentes, aunque estén organizadas por ellos”.
Esta medida, en su opinión, “contraviene la Constitución y las normas educativas, ataca la autonomía de los centros y la libertad de cátedra del profesorado y personal docente y, lo que es más importante, contradice el derecho fundamental y constitucional de los niños, niñas y adolescentes a recibir una formación integral basada en los principios y valores de nuestra democracia, como la igualdad entre hombres y mujeres, la tolerancia y el respeto a la diversidad, que no se constituyen como parte de la moral personal, sino de la ética que se emana de los principios comunitarios que venimos conformando como sociedad democrática”.
En este sentido, explican que “las actividades complementarias están incluidas en la programación que los centros, previa consulta de los consejos escolares, se aprueban y estas son obligatorias y evaluables. Y contra ellas no existe objeción de conciencia”.
Los firmantes muestran su confianza en el criterio y la profesionalidad de los docentes y consideran “inadmisible” que se les censure en su ejercicio docente.
Además, defienden que esta medida contraviene, entre otras, la Ley de Igualdad Social LGTBI de la Región de Murcia, la legislación sobre violencia de género de la Región de Murcia, la Ley Orgánica de Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño.
Los 'comuns' han llevado este viernes a la reunión de partidos con representación en el Parlament una propuesta de calendario que plantea tramitar los Presupuestos de la Generalitat entre enero y marzo, y que se convoquen elecciones entre abril y mayo, para articular en junio un Ejecutivo catalán “para abordar el diálogo de fondo”. Informa Europa Press.
Esta es la propuesta, consultada por Europa Press, que desde Catalunya en Comú han llevado a la reunión sin terminar de partidos catalanes --que ha empezado a las 17.10 horas--, convocada por el presidente del Govern, Quim Torra, aunque no han asistido ni Cs, ni CUP ni PP.
El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha declarado en una rueda de prensa el 17 de enero que [min. 24:16] “ni Felipe González se habría atrevido a nombrar a un ministro suyo Fiscal General del Estado”. García Egea estaba haciendo referencia a la propuesta de la exministra de Justicia, Dolores Delgado, como Fiscal General del Estado.
FALSO.
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha respondido este viernes a las declaraciones de la ministra de Educación, Isabel Celáa, que este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ha asegurado que “los hijos no pertenecen a los padres” para justificar el rechazo del Gobierno al conocido como 'pin parental'. En un mensaje en Twitter, Casado ha señalado: “Mis hijos son míos y no del Estado, y lucharé para que este Gobierno radical y sectario no imponga a los padres cómo tenemos que educar a nuestros niños. Saquen sus manos de nuestras familias”. Escribe Iñigo Aduriz.
El Consejo de Ministros ha nombrado este viernes a Rafael Pérez Ruiz nuevo secretario de Estado de Seguridad. Tanto su nombramiento como el de María Gámez como directora general de la guardia Civil se han producido a propuesta del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Pérez Ruiz sustituye en el cargo a Ana Botella Gómez como número dos de Interior. Nacido en 1981, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de Córdoba. El elegido es magistrado Letrado del Consejo General del Poder Judicial, habiendo ejercido la Jefatura de la Sección de Oficina Judicial.
Desde junio de 2018 ha desempeñado el puesto de director del Gabinete del ministro del Interior.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado el “avance en igualdad” que supone que María Gámez, hasta ahora subdelegada del Gobierno en Málaga, haya sido nombrada la primera mujer en dirigir la Guardia Civil. Informa Europa Press.
“En 1988 se aprobó el acceso de la mujer a la Guardia Civil”, ha recordado Sánchez en su cuenta de Twitter, que añade que actualmente casi 6.000 mujeres forman parte de esta institución. “Hoy, más de 30 años después, una mujer será su directora general. Seguimos avanzando en igualdad real. ¡Enhorabuena, María!”, concluye.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra Portavoz, María Jesús Montero, ha dicho en nombre del Gobierno que es “un orgullo que una mujer desempeñe esta responsabilidad en los más de 175 años de historia de la Guardia Civil”.
María Gámez también se ha mostrado “abrumada y agradecida” ante las muestras de cariño por su nombramiento como directora general. “Es un honor que asumo con ilusión y responsabilidad. Estoy a disposición de toda la Guardia Civil”, ha dicho en su cuenta de Twitter.
En declaraciones a los medios en Málaga, Gámez ha señalado que para ella es “un tremendo honor representar a una institución con un enorme prestigio”. La directora ha apostado por la incorporación de la mujer como línea de un Gobierno que ha definido como feminista y sobre su nombramiento ha apostillado: “No es lo más importante ser la primera, quizás lo más importante es no ser la única o la última”.
“Sobre todo tenemos, en primer lugar, que respetar la institución como es y, a partir de ahí, ver todo lo que podemos mejorar”, ha defendido tras agradecer su confianza tanto a Pedro Sánchez como al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Fin de la tregua. El acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para sacar adelante los presupuestos regionales en Murcia hizo desaparecer cualquier conflicto entre las formaciones políticas durante escasas horas. Las intervenciones de las agrupaciones anunciando el pacto han reabierto la lucha interna, al ofrecer versiones dispares sobre el blindaje del 'pin parental' y su futuro en los colegios e institutos murcianos. Escriben Santiago Cabrera Catanesi y Erena Calvo.
Pese a que Vox y PP se han apresurado en felicitarse por llevar adelante los presupuestos con la inclusión del 'pin parental' y su futuro endurecimiento a través de decretos, Ciudadanos se ha situado en las antípodas discursivas. Los naranjas, un día después de ratificar la solicitud de autorizaciones paternas para actividades escolares, solicitó “estudiar su posible paralización” hasta que se aclare su legalidad. De hecho, pedirán en el Consejo de Gobierno murciano un informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma que lo aclare.