Abascal revalida sin rivales su liderazgo en Vox, centralizando el poder en los órganos nacionales del partido

Terminamos la jornada con dos noticias importantes. La primera tiene que ver con Juan Carlos I, Corinna Larsen le denunciará en Reino Unido por amenazas. La segunda tiene que ver con las fricciones del Gobierno, cuya comisión de seguimiento se ha reunido esta tarde de urgencia. Estos son los temas destacados:

- Corinna Larsen denunciará a Juan Carlos de Borbón en Reino Unido por amenazas para que no revele “secretos de Estado”. Asegura que sufre una campaña de acoso desde que acabó su relación con el monarca en 2012 en la que implica al exdirector del CNI Félix Sanz Roldán. Corinna ha contratado a un reputado abogado londinense experto en extradiciones.

- Del Constitucional a los letrados del Congreso: las cuatro veces que fracasó la investigación parlamentaria al rey. El Constitucional anuló una comisión de investigación sobre la monarquía impulsada en el Parlament bajo el pretexto de la “inviolabilidad” del rey.

- PSOE y Unidas Podemos reúnen la mesa de seguimiento del acuerdo para cerrar la crisis abierta por la Ley de Libertad Sexual. La reunión ha contado con la presencia de los portavoces parlamentarios, Adriana Lastra y Pablo Echenique; y los jefes de gabinete de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, Iván Redondo y Juan Manuel del Olmo.

- Ciudadanos anuncia una ordenanza en Madrid para blindar las políticas de igualdad y el PP se desmarca

- La Comunidad de Madrid cierra los 213 centros de mayores por el “riesgo inminente” de contagio de coronavirus.

¡Hasta el lunes!

El presidente de la Xunta y candidato del PPdeG a la reelección, Alberto Núñez Feijóo, ha remarcado este viernes que tanto el líder del PP, Pablo Casado, como el expresidente Mariano Rajoy, estarán en la campaña gallega, al tiempo que ha evitado polemizar sobre la portavoz popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Informa Europa Press.

En declaraciones a los medios en París, preguntado acerca de si Álvarez de Toledo acudirá en Galicia para participar en la campaña para el próximo 5 de abril, Feijóo ha replicado que Casado estará y ha añadido que también ha pedido a Mariano Rajoy que participe, sin mencionar expresamente a Álvarez de Toledo, con quien ha discrepado públicamente en varias ocasiones.

Feijóo ha esgrimido que el PPdeG tiene “un proyecto para Galicia” y ha diseñado una campaña para que lo “expliquen” los “máximos dirigentes” del partido, así como los miembros del PP gallego.

La campaña en la que trabajan los populares gallegos, ha añadido, es “similar” a la que formularon hace cuatro años, cuando Rajoy se implicó activamente aunque solo coincidió en actos puntuales con Feijóo.

Lo que traslada la formación es que, con esta estructura de que los dirigentes participen en actos distintos y no coincidan, se peina más territorio.

Una decena de miembros de Jusapol, la plataforma de policías y guardias civiles que reivindica una equiparación salarial “real”, han llevado este viernes su protesta a las puertas del chalé en Galapagar (Madrid) donde viven el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Informa Europa Press.

“Estamos aquí para decirle a Irene Montero, que es la ministra de Igualdad, que queremos igualdad salarial con los Mossos d'Esquadra, y que es un problema que llevamos arrastrando desde hace 30 años”, ha señalado Laura González, la portavoz de Jusapol. También han reclamado que se recupere sus “derechos” tras el veto del Gobierno a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) paralizada esta semana en el Congreso.

En la protesta se han lanzado diferentes consignas, megáfono en mano, a favor de la igualdad salarial entre cuerpos policiales y también se ha desplegado una pancarta. Los guardias civiles que prestan servicio de seguridad en una garita junto al chalé han identificado a los manifestantes --una decisión que estos atribuyen al Ministerio del Interior-- y estos se han quejado por esta actuación policial y también porque una persona les ha grabado mientras protestaban.

La comisión para el seguimiento del acuerdo de coalición se ha reunido este viernes y de urgencia después de las fricciones vividas esta semana en el seno del Ejecutivo, según han confirmado a través de una comunicación conjunta.

La reunión se ha producido después de los choques que se han producido entre ministerios por la Ley de Libertad Sexual o por la guía que difundió el Ministerio de Trabajo para actuar en los centros de trabajo por el coronavirus.

“La comisión destaca la importancia del anteproyecto de ley integral de Libertad Sexual, aprobado en el Consejo de Ministros esta semana, como ”un logro colectivo del Movimiento Feminista y una ley de todas“, y anima a la participación en la próxima jornada del 8 de marzo”, indica el escrito.

Esta ha sido la segunda reunión de este órgano de control, que se constituyó el pasado 18 de febrero.

“La comisión de seguimiento aspira a consolidar esta nueva cultura de coalición, basada en la colaboración y en el respeto mutuo, y muestra su disposición a reunirse cuando sea necesario para facilitar la agenda legislativa progresista y el cumplimiento de los compromisos políticos adquiridos”, dice otra parte de la breve comunicación conjunta.

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El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley en la que insta al Gobierno a apoyar al sector turístico con medidas de Estado, entre otras la de retirar su propuesta de creación de una nueva tasa o impuesto especial que grave el uso del transporte aéreo, ante la situación de alarma por el coronavirus. Escribe Iñigo Aduriz.

La iniciativa, suscrita por la portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, el secretario general del GPP, Guillermo Mariscal, y el portavoz y portavoz adjunto de Turismo, Agustín Almodóbar y Sebastián Ledesma, respectivamente, subraya que los retos actuales exigen reforzar “las políticas de Estado” en favor del turismo, “con el mayor consenso entre los diversos ámbitos de la administración e involucrando de manera más activa y comprometida al sector privado”.

El PP también insta al Ejecutivo a “reforzar acciones promocionales y de comunicación tanto en el mercado nacional como en el internacional, con mensajes de tranquilidad y seguridad que amortigüen efectos como los provocados por las cancelaciones de ferias y congresos previstos, caso del Mobile, que impulsen la percepción de España como destino de máximo nivel en calidad, seguridad, profesionalidad y con un sistema sanitario público y privado preparado para afrontar cualquier situación crítica”.

El portavoz de Más País en el Congreso y presidente de la Comisión Anticorrupción de la Cámara Baja, Íñigo Errejón, ha lamentado este viernes que el PSOE se haya mostrado en contra de crear una comisión que investigue supuestas cuentas millonarias en el extranjero del rey Juan Carlos: “Dicen que es que la figura del rey es inviolable; a nosotros nos parece que, efectivamente, es inviolable, pero no es ininvestigable”. Informa Europa Press.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios en Valencia respecto a la petición de una comisión de investigación en el Congreso al rey Juan Carlos I registrada este jueves por ERC y el Grupo Plural, integrado por Junts, Compromís, Más País y el Bloque Nacionalista Galego (BNG).

También Unidas Podemos ha registrado este viernes en el Congreso su propia petición de comisión de investigación para que la Cámara indague sobre “las presuntas irregularidades realizadas por el ex jefe del Estado”.

Errejón ha lamentado que el PSOE “haya hecho declaraciones diciendo que no va a estar a favor de que se cree una comisión en el Congreso que investigue la procedencia más que dudosa de esos 100 millones de dólares que se denunciaban del rey emérito”, y ha sostenido que no es “ininvestigable” y los diputados podrían “perfectamente conocer la procedencia de ese dinero y si es que implica o ha implicado malas prácticas de quien fue nada más y nada menos que el jefe del Estado”.

Precisamente este mismo viernes el ministro de Transportes y 'número tres' del PSOE, José Luis Ábalos, ha defendido que “el parlamento está para controlar la acción de gobierno” y “son otras instancias a las que corresponde llevar adelante las investigaciones que procedan”.

Las decisiones en políticas en materia de igualdad abren tensiones en el bipartito del Ayuntamiento de Madrid. Ciudadanos ha anunciado, coincidiendo con el 8M, que se blindarán algunas medidas para “afianzarlas” en una ordenanza, como los espacios de igualdad que Vox ha pedido cerrar en diversos plenos de distrito. Introducir las medidas en una ordenanza supone que, en el futuro, no se podrán cambiar por decreto del Gobierno sino solo con el apoyo mayoritario del Pleno.

Negociación in extremis entre los acusados por el saqueo de los fondos de Canal 9 en la visita del Papa a València en 2006 con la Fiscalía y las acusaciones para tirar de la manta y devolver el dinero a cambio de la reducción de penas. Miembros de la trama Gürtel como Álvaro Pérez El Bigotes y Ramón Blanco Balín y exditectivos de la extinta televisión como el principal acusado Pedro García, exdirector de RTVV, han sellado un preacuerdo por el que se comprometen a confesar, señalar al responsable de urdir el plan y devolver la responsabilidad civil de más de 3,4 millones de euros, según ha confirmado eldiario.es. Escribe Sergi Pitarch.

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El PP deberá eliminar las alusiones y los símbolos de la Xunta de Galicia de su videoclip musical de precampaña o retirarlo. Este es el segundo toque de atención que recibe la formación conservadora este semana, después de la Junta Electoral ordenara el cese de una campaña de la Xunta de Galicia por su parecido con el lema que el PP ha elegido para los comicios del 5A. Las dos denuncias ante el órgano que vela por el cumplimiento de la limpieza durante el período electoral fueron interpuestas por el BNG. Escribe María Pampín.

La Comunidad de Madrid ha decretado el cierre por un mes de los centros de mayores ante el “riesgo inminente” de contagio de COVID-19. La medida afecta a 213 “hogares y clubes” y se adopta “porque los usuarios constituyen una población especialmente vulnerable” y se considera que “existe un riesgo inminente y extraordinario para la salud pública”, ha explicado la Consejería de Sanidad. Escribe Raúl Rejón.

Los afiliados de Ciudadanos votan desde este sábado para elegir al próximo presidente y a la futura Ejecutiva del partido en unas primarias donde Inés Arrimadas es la clara favorita y con la duda de cuánto apoyo logrará su principal contrincante, Francisco Igea. Informa Europa Press.

La propia Arrimadas se refería en una entrevista este viernes a su previsible victoria --Igea “sabe que no hay muchas opciones de ganar la presidencia”--, y su rival suele decir entre risas que lo más probable es que gane él. Aparte de ellos dos, hay un tercer candidato, el militante valenciano Ximo Aparici.

La votación telemática comienza en la medianoche del viernes al sábado y se prolongará hasta las 21.00 horas del sábado, mientras que el domingo se harán las votaciones en urna desde las 10.00 a las 19.00 horas en las ocho provincias donde se autorizó tras solicitarlo los afiliados. Se espera que los resultados se hagan públicos el domingo por la noche.

Podrán participar 20.713 afiliados, que son los que componen el censo electoral. Para el ganador, no solo será fundamental el porcentaje de apoyo que reciba de la militancia, sino también el nivel de participación.

En las votaciones celebradas el pasado fin de semana, para escoger a los compromisarios que acudirán a la Asamblea General del 14 y el 15 de marzo, la participación alcanzó el 51,67% (10.702 afiliados). En aquel momento, lo que estaba en juego era cuántos delegados tendrían los oficialistas y cuántos los críticos para defender en el congreso sus respectivos modelos de partido.

El Tribunal Supremo ha confirmado que TV3 y Catalunya Radio, los medios de comunicación públicos de Catalunya, vulneraron los principios de neutralidad informativa y pluralismo político en el marco de las elecciones autonómicas de 2017.

La Sala III del alto tribunal ha desestimado el recurso que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals había presentado contra los acuerdos de la Junta Electoral Central (JEC), que consideró que TV3 y Catalunya Radio vulneraron en cuatro ocasiones los principios de neutralidad informativa y pluralismo político. El Supremo confirma que se trató de contenidos partidarios que supusieron un alineamiento del medio público con unas formaciones políticas en perjuicio de otras.

La exdiputada de Vox Malena Contestí, que encabezó las listas del partido en Baleares al Congreso en las elecciones de abril, ha empezado este viernes a ejercer como colaboradora del programa 'Todo es mentira' encabezado por Risto Mejide y emitido en la cadena Cuatro. Informa Europa Press.

En su primer programa, conducido la presentadora Marta Flich, Contestí ha participado en un debate sobre prostitución, donde ha mantenido un enfrentamiento dialéctico con la presidenta del Partido Feminista, Lidia Falcón.

En otro momento del programa, Contestí ha comentado la actualidad política nacional y ha considerado que con el Gobierno PSOE-Podemos pueden esperar “una larga lista de enfrentamientos”.

Contestí ya había aparecido anteriormente en el programa, ya que fue entrevistada en octubre, cuando anunció su salida de Vox. Lo hizo con una carta en la que acusaba al partido de “criminalizar a la mujer” y “ser homófobo y extremista”.

En su escrito, Contestí señaló que dio el salto a la política cofundando Actúa -un partido que ahora se ha integrado en Vox- y que sufrió una “profunda decepción” tras la coalición electoral que provocó su llegada al partido de Santiago Abascal.

La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, aboga por trabajar en una actualización del lenguaje jurídico para avanzar en igualdad y en la lucha contra la discriminación y la violencia contra las mujeres y exige un lenguaje “no sexista” en el ámbito jurídico porque el actual proviene de cuando las mujeres no contaban más allá del ámbito doméstico. Informa Europa Press.

Así lo manifiesta en una entrevista facilitada por su propio Departamento con ocasión del día de la Mujer en el que la recién nombrada al frente del Ministerio Público defiende que el lenguaje “es una vía de integración y puede serlo también de exclusión”.

“La palabra concede a la persona la posibilidad de ser de una manera u otra, otorgando una identidad social o sumiéndola en la invisibilidad”, explica Delgado, para añadir que el lenguaje jurídico“ es complejo, ”resultado del poso de un tiempo en el que las mujeres no contaban más allá del ámbito doméstico“.

Por ello, a su juicio, “la realidad impone la actualización de las palabras, los giros, las frases”, a lo que se une que existen compromisos legales e institucionales, como el artículo 14.11 de la ley para la Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, que ya establece como uno de los criterios generales de actuación de los poderes públicos “la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas”.

Así, Delgado añade que el Manual de estilo del Ministerio Fiscal tiene esa finalidad y seguir sus pautas hace que “nos habituemos a un lenguaje inclusivo y no sexista, interiorizando su importancia”. Asegura que se trata de un Manual “que se ha hecho con voluntad de uso, de proyección dentro y fuera de la Carrera, y de perfeccionamiento, porque debemos actualizarlo con las aportaciones de la sociedad”.

La voz feminista vuelve a la Puerta de Sol. Al grito de “el machismo es un virus, y no el coronavirus” o “nos violan en manada y la justicia no hace nada”, cientos de personas se han concentrado este viernes en Madrid con motivo de la huelga general estudiantil convocada por el Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas. Una huelga contra la violencia machista y la educación franquista en 13 comunidades autónomas. Escribe Carla Pérez.

“Tenemos más motivos que nunca para salir a la calle. Nos siguen matando, nos siguen violando, las manadas siguen creciendo y este año además se ha sumado todos los ataques de la extrema derecha” afirma Coral Latorre, secretaria general del Sindicato de Estudiantes.

La Fiscalía se ha opuesto a que el exconseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat Raül Romeva, condenado por el proceso soberanista, pueda salir de la cárcel de Lledoners (Barcelona) para trabajar en la entidad Asociació Districte 11 City to City para evaluar el cumplimiento de los Acuerdos de Dayton en Bosnia al apreciar “cierta similitud” con su actividad como conseller. Informa Europa Press.

En un escrito, el Ministerio Público rechaza que Romeva salga de la cárcel tres días a la semana durante seis horas para trabajar en esta entidad porque en la entidad organizará toda la actualización de la cooperación entre Cataluña y Bosnia, y “se aprecia cierta similitud entre esta actividad y la que realizaba como conseller, lo que no le impidió cometer el delito”.

El fiscal argumenta que “nadie duda de su extenso conocimiento y empatía con la situación de Bosnia, pero ello no constituye tratamiento alguno”, puesto que sus amplios conocimientos sobre la materia y su preocupación por el conflicto bosnio, no sólo son anteriores a la comisión delictiva sino que en modo alguno le impidieron realizarla, recalca en su texto.

Constata que el área laboral “no es un déficit que haya que trabajar en el interno”, puesto que tiene una relevante trayectoria universitaria y antes de entrar en prisión tenía trabajo, y augura que cuando salga en libertad no tendrá ningún problema para obtener trabajo en el exterior, dada su preparación --en prisión está realizando su segunda tesis doctoral--.

Para el Ministerio Fiscal, el programa de tratamiento acorde con la tipología delictiva debería “enseñar a respetar la ley, a que sólo se puede conseguir aquello que se desea utilizando los mecanismos legalmente establecidos en la normativa que rige nuestro Estado Social y Democrático de Derecho”.

Si un trabajador se ve aislado de manera preventiva debido a la epidemia de coronavirus, esos días tiene derecho a la prestación de baja por enfermedad común, según ha establecido la Seguridad Social. La patronal CEOE no quiere asumir en solitario el pago de estas bajas por cuarentena. Su presidente, Antonio Garamendi, ha afirmado este viernes que muchas empresas no podrían asumir el coste y se verían abocadas al cierre. Escribe Laura Olías.

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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha impuesto a Izquierda Unida y Podemos una fianza de 12.000 euros para poder ejercer la acusación popular en la querella que presentaron a finales del pasado mes de enero contra el eurodiputado de Vox Hermann Tertsch, al que acusan de provocación para la rebelión armada, amenazas al Gobierno y delito de odio por dos mensajes que publicó en Twitter, en los que “llamó a la intervención del Ejército” contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Informa Europa Press.

Según el auto dado a conocer este viernes por el Supremo, la citada fianza -cuya cuantía es la habitual para casos de querellas presentadas por partidos políticos- debe prestarse en metálico, debidamente consignada, en el plazo de ocho días desde la notificación de esta resolución.

La resolución del alto tribunal recuerda que la acción popular lleva consigo la prestación de una fianza, que deberá ser proporcionada y equitativa de tal manera que no impida a nadie, en función de su condición económica, el acceso al proceso negándole así su derecho a la tutela judicial efectiva“.

En este sentido el artículo 20.3 de la ley Orgánica del Poder Judicial establece que no podrán exigirse fianzas que, por su inadecuación, impidan el ejercicio de la acción popular, y en el caso de los 12.000 euros fijados en este caso se estima que “satisface las exigencias legales y cumple con las previsiones moderadoras”.

En su querella, los dos partidos que conforman el grupo parlamentario Unidas Podemos exponen las conductas que consideran delictivas y señalan que el pasado 2 de enero, el dirigente de VOX publicó un 'tuit' que decía: “En estos parece que todos los cómplices de Zapatero desde el etarra Otegi a los comunistas Iglesias y Garzón se esfuerzan por hacer inevitable la aplicación del artículo 8 para que las Fuerzas Armadas interrumpan un obvio proceso golpista de voladura de España como nación'”.

Otro mensaje denunciado es en el que Tertsch difundió el pasado 22 de enero, en el que pedía que “las Fuerzas Armadas, que se encuentran jerárquicamente subordinadas al Gobierno democrático de España, activen su fuerza en contraposición a la acción de impulso ejecutivo y legislativo del Gobierno y de las Cortes Generales”.

La sentencia del procés no solo vulneró los derechos fundamentales de los presos sino que además la sedición es un delito inconstitucional. Así lo sostiene el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en su recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal Supremo que ha presentado este viernes ante el Tribunal Constitucional, como hicieran esta semana otros tres presos del procés de JxCat. Escribe Oriol Solé.

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