Òmnium advierte ante el inicio de la negociación entre gobiernos: “Para que haya diálogo real debe haber amnistía”

Echamos el cierre por hoy y recopilamos los temas destacados de este jueves. Resumimos el día con estas noticias:

– Conocemos más detalles sobre el caso BBVA. Villarejo vendió a la entidad que manipulaba a jueces, fiscales y periodistas en su “Proyecto FG” contra la OPA de Sacyr. Además, la cúpula policial del PP pactó en una comida con Francisco González la denuncia “anónima” contra Ausbanc.

– El Gobierno pactará con Euskadi un calendario de transferencias y se abre a ceder la gestión de la Seguridad Social. La ministra de Política Territorial se reunirá de nuevo con el consejero vasco el 20 de febrero en Euskadi para fijar el “cronograma” y dará una respuesta sobre la Seguridad Social.

– Sánchez llama a los supermercados “a hacer autocrítica” ante las bajadas “inaceptables” de los precios de productos agrarios. El día ha estado marcado por las protestas de los agricultores y ganaderos en Madrid, donde Vox ha intentado capitalizar la manifestación y Abascal ha sido increpado.

– El Parlament aprueba recurrir ante el Supremo la inhabilitación de Torra como diputado. Mientras tanto, en Bruselas, Puigdemont ha recibido a la exconsellera Clara Ponsatí: “Esta es una foto que no querían”.

Un directivo del BBVA dejó por escrito en un documento que el presidente del BBVA Francisco González acordó con la “cúpula” del Cuerpo Nacional de Policía la presentación de una “denuncia anónima” contra Ausbanc, la supuesta asociación de consumidores que está siendo juzgada por extorsionar al BBVA y otras entidades, en un almuerzo que se celebró en el complejo policial de Canillas, la sede de los servicios centrales del Cuerpo.

Así consta en un informe de la Fiscalía Anticorrupción, incorporado al sumario del caso Villarejo. El directivo Eduardo Ortega Margí, director de los sedrvicios jurídicos contenciosos corporativos, escribió en un documento titulado “Relatorio” que él mismo participó junto a Francisco González “en un almuerzo en el complejo policial de Canillas el día 7 de enero de 2015 junto a la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía, tras la cual se decidió la redacción de una denuncia que se interpondría de forma anónima contra Ausbanc ante la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía para proceder a la investigación de dicha asociación”.

Informa Pedro Águeda y Elena Herrera.

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El comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo pagó 75.451,51 euros en muebles al exjefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano. Así consta en un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional incorporado al sumario sobre los encargos de la entidad financiera al agente encubierto. El instructor de la causa, Manuel García Castellón, cifra en 10,2 millones los pagos bajo sospecha de la segunda entidad bancaria del país a las empresas de Villarejo.

Corrochano, que era el máximo responsable de Policía Judicial cuando fue fichado por el BBVA en septiembre de 2002, es uno de los principales investigados en la trama. Grabaciones y contratos acreditan que actuó como vínculo entre el comisario y el expresidente de la entidad Francisco González. La investigación apunta ahora a que el antiguo policía también se benefició de manera personal.

Informan Pedro Águeda y Elena Herrera.

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El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y diputado de Ciudadanos Francisco Igea ha cuestionado este miércoles que la Gestora de su partido decida sobre posibles coaliciones en elecciones autonómicas mientras los afiliados presentan enmiendas a las ponencias de Estatutos y Estrategia para el congreso extraordinario de marzo.

Se ha referido así a la aprobación por unanimidad, por parte de la Gestora, de la propuesta de la portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, de cara a los comicios de este año en el País Vasco, Galicia y Cataluña. El planteamiento es explorar posibles alianzas “constitucionalistas” y “transversales” con formaciones como el PP y el PSOE y miembros de la sociedad civil, pero el PSOE de Pedro Sánchez nunca se ha planteado este tipo de coaliciones.

Igea ya dijo el lunes pasado que, además de considerarlo un “error estratégico”, le parecía “una falta de respeto a los militantes del partido en pleno proceso precongresual”. Ahora ha recordado, en un mensaje en Twitter, lo que establece el reglamento de la Gestora.

Según este reglamento, las competencias de la Gestora “se limitarán a los asuntos de dirección y administración ordinarias, salvo que razones de urgencia aconsejen, de manera debidamente justificadas, resolver sobre cualquier otro asunto que, formando parte del ámbito de las competencias estatutarias” del Comité Ejecutivo, “demande una decisión o acción inmediatas del partido”.

El comisario José Manuel Villarejo presentó un informe al BBVA, uno de sus principales clientes, en el que justificaba el cobro de sus honorarios con las gestiones, exitosas o infructuosas, que había realizado para abortar el intento de asalto de la constructora Sacyr al consejo de administración del banco. “Proyecto FG”, como se llama el dosier, incluye la mención a miles de supuestos seguimientos, de presuntas intoxicaciones a medios, de gestiones con jueces y fiscales o interceptación de llamadas con un objetivo: “Provocar el abandono del plan de acoso contra FG y, con ello, colaborar en su valoración personal y de reconocimiento en la Junta del 26 de febrero”. FG es Francisco González, en aquel entonces presidente de la entidad.

Ese es el “fundamento” del trabajo, como lo llama Villarejo en su informe. A continuación, explica brevemente los “objetivos propuestos por K”, la letra con la que se refería al “cliente”, el BBVA. “El departamento jurídico del K solo quería que se contactara con los accionistas de SV (contrarios a la operación) para poder convencerlos de que actuaran a favor de FG”, añade. Por SV se refiere a Sacyr Vallehermoso. Y Villarejo añade otros “objetivos” por su Grupo de Intervención: “Se consideró crucial emplear toda la energía posible en buscar elementos de presión contra los diferentes miembros del GH para obligarles a huir”. El GH es el Grupo Hostil que forman Luis del Rivero, al frente de Sacyr en ese momento, y otros presuntos colaboradores en llevar a cabo con éxito la OPA en el año 2005.

Lo cuentan Pedro Águeda y Elena Herrera.

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Meritxell Batet responde a la demanda de los candidatos al concurso público para la presidencia y consejo de administración de RTVE, donde solicitaban que mediara, como presidenta del Congreso, para desbloquear el proceso de renovación de la cúpula. A través de una carta, la socialista anuncia la inclusión, dentro del orden del día de la próxima sesión plenaria, del acuerdo para crear una Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE.

“La previsión es que esta Comisión Mixta pueda constituirse en la misma semana en que el Pleno de la Cámara adopte dicho acuerdo de creación”, indica. “También le comunico que daré traslado de su escrito a la citada Comisión Mixta en cuanto se produzca su constitución, de forma que pueda tomarse en consideración respecto de aquellos aspectos que son de su competencia, y específicamente en lo que se refiere a la agilización del referido proceso de elección”.

Informa Vertele.

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Manuel Mariscal, responsable de comunicación de Vox y diputado por Toledo, ha increpado este miércoles a una de las sindicalistas de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) durante la manifestación que habían convocado en Madrid.

Según ha explicado a esta redacción la persona que fue increpada por Mariscal, el diputado intentó “en diversas ocasiones” y “con muy malos modos” quitarle el altavoz con el que los manifestantes de la UPA decidieron boicotear las declaraciones de los dirigentes de Vox. “Nuestro secretario general, Jesús Anchuelo, les pidió que se alejaran del centro neurálgico de la manifestación porque estaban desviando la atención e intentando capitalizar la protesta en beneficio de su partido”, asegura.

“Justo en la puerta del Ministerio, donde nosotros precisamente habíamos organizado todo el dispositivo, decidimos hacer resistencia pasiva e intentar desplazarles a la Cuesta de Moyano”, añade. Fue entonces cuando el responsable de prensa de Vox y diputado por Toledo intenta arrebatar varias veces el megáfono a la representante de la UPA.

Este medio ha contactado con Mariscal, que no ha querido hacer declaraciones.

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) ha lamentado este miércoles en Twitter que algunos “políticos” hayan intentado capitalizar la manifestación celebrada hoy en Madrid para protestar por la situación de los trabajadores campo.

[Esta mañana os contábamos cómo Vox había intentado capitalizar las protestas y había sido finalmente increpado]

Sin citar a a Vox ni a nadie en concreto, esta organización ha subido imágenes de la protesta y ha afirmado en la red: “Ningún político debe capitalizar ni utilizar políticamente el sufrimiento de los agricultores”.

Informa Carmen Moraga.

Arturo Pérez-Seoane Garau, el médico del Servicio Canario de Salud que incluyó “transexualismo” como enfermedad en el informe clínico de un paciente en La Palma, fue candidato de Vox al Senado en las pasadas elecciones del 10 de noviembre. Así figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 9 de octubre de 2019.

Damián Rodríguez, de 41 años, acudió el pasado 25 de enero de madrugada a las urgencias del Centro de Salud de Los Llanos de Aridane, donde lo atendió Pérez-Seoane, por un fuerte dolor de espalda. El facultativo, según explicó el paciente, estuvo mucho tiempo “curioseando su historial en silencio y ni siquiera lo exploró”.

[Lee aquí la historia de este caso]

Lo cuenta Natalia G. Vargas.

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El pleno del Parlament ha validado este miércoles interponer un recurso ante el Supremo contra la decisión de la Junta Electoral de inhabilitar al president de la Generalitat, Quim Torra, como diputado. La Cámara se personará con los votos de JxCat, ERC, Catalunya en Comú y la CUP, además de la abstención del PSC, para defender el derecho de Torra a mantener su acta de diputado hasta que haya una sentencia firme, tal y como dispone el reglamento del Parlament.

El recurso ya había sido aprobado en la Mesa de la Cámara y registrado ante el tribunal, que sin embargo requirió que fuera votado por el pleno para validarlo. Además, el texto redactado por los letrados ha sido controvertido debido a las afirmaciones que hacía sobre las circunstancias en las que se encontraba Torra.

Lo cuenta Arturo Puente.

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sugerido este miércoles que los reproches que ha recibido en la manifestación de agricultores que se ha celebrado en Madrid provenían de “un par de subvencionados” enviados por algunos medios de comunicación “a dar alaridos” y “tratar de apropiarse de la voz del campo”.

Abascal ha acudido a la protesta del campo acompañado por una treintena de diputados de su partido de diferentes provincias españolas. Una vez allí, ha recibido tanto palabras de apoyo como abucheos por parte de los manifestantes.

Informa Europa Press.

El Gobierno de PP y Ciudadanos en la ciudad de Madrid acabará en los próximos meses con otra norma de Manuela Carmena que fomentaba el asociacionismo y las sinergias de las entidades sociales con la administración municipal a través de convenios, subvenciones y cesiones de locales. El Área de Transparencia, competencia de Silvia Saavedra (Ciudadanos), ya ha dado órdenes a los concejales de distrito para que dejen de aplicar la ordenanza de colaboración público-social, según adelantó ABC, y el objetivo es derogarla.

El trámite se alargará previsiblemente hasta el mes de junio porque debe votarse en Pleno. En estos meses, el Ayuntamiento creará una comisión de seguimiento para dictar cómo proceder y, mientras tanto, trabajará en la modificación del reglamento orgánico de Participación Ciudadana para regular por esta vía los acuerdos con entidades de la sociedad civil.

Informa Sofía Pérez.

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“Es evidente que las grandes distribuidoras tienen que hacer un examen, una autocrítica”, ha dicho Pedro Sánchez en Bruselas sobre los supermercados importantes: “Y tenemos que introducir muchísima más transparencia para defender al pequeño y mediano agricultor y ganadero que ahora mismo desgraciadamente están viendo como los precios bajan, bajan y bajan. Y eso es algo absolutamente inaceptable para este Gobierno”.

Informa Andrés Gil, nuestro corresponsal en Bruselas.

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El Parlament llevará ante el Tribunal Supremo el decreto del Gobierno central que permite al ejecutivo intervenir la infraestructura de Internet sin orden judicial ante problemas de orden público. JxCat, ERC, 'comuns' y la CUP han votado a favor de recurrir ante los tribunales la regulación, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó durante la pasada precampaña electoral y que ha recibido duras críticas tanto del Govern como de algunos colectivos activistas y expertos.

En la votación solo Ciudadanos y el PP se han posicionado en contra del recurso y han defendido el texto legal. Mientras, el PSC se ha quedado en una abstención que el partido ha explicado por el pacto suscrito con Podemos para modificar el decreto. El diputado socialista Pol Gibert ha explicado que el PSOE llegó a un acuerdo con sus socios de Gobierno para revisar el decreto, pese a que la posición de los socialistas es que el contenido normativo es “necesario” por lo que debe mantenerse.

Lo cuenta Arturo Puente.

El titular del juzgado de los Penal número 11 de Madrid ha condenado a entre tres y cinco meses de prisión a seis de los doce jóvenes acusados por su participación en los disturbios en una protesta en la inmediaciones del Congreso de los Diputados del 14 de diciembre de 2013, según la sentencia a la que ha tenido acceso eldiario.es. El magistrado ha acordado absolver a los otros seis procesados.

En su informe final durante el juicio celebrado, la fiscal rebajó la petición de cárcel para ocho de los encausados para los que pedía en un principio seis años de prisión. Pidió que a todos ellos se les aplique la atenuante de dilaciones indebidas porque el procedimiento estuvo paralizado durante dos años y medio por causas no imputables a los acusados.

Lo cuenta Elena Herrera.

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Los gobiernos central y vasco han mostrado una importante “sintonía” en la reunión que han mantenido la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, y el consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, para abordar las transferencias pendientes del Estatuto de Guernika. Ambas administraciones han acordado poner en marcha un calendario que se cerrará en una próxima reunión en Euskadi el 20 de febrero y que incluye la transferencia de las competencias de Prisiones. Será en ese encuentro en el que Darias le dé una respuesta al Ejecutivo vasco respecto a la gestión económica de la Seguridad Social.

“En esa reunión concretaremos y abordaremos el cronograma completo con las fechas pendientes de todas y cada una de las transferencias que quedan”, ha explicado la ministra. Las dos administraciones ya habían pactado un calendario cuando Meritxell Batet estaba al frente del ministerio pero quedó en suspenso por la convocatoria electoral del 28 de abril. Ahora el consejero ha planteado un nuevo calendario que el Gobierno tiene que estudiar con el resto de ministerios afectados por esas transferencias.

Informa Irene Castro.

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El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha aprovechado este miércoles su intervención durante la apertura del Congreso Nacional de la Distribución de la Automoción para culpar al nuevo Gobierno progresista de la crisis agrícola que ha llevado a las calles a miles de agricultores. En concreto, el líder del PP ha asegurado que el Ejecutivo está creando la “tormenta perfecta” para agravar el conflicto.

A su juicio, “en Madrid se estaban manifestando los agricultores y ganaderos por el encarecimiento de los costes laborales pero también por la mala gestión de la crisis arancelaria”.

Informa Iñigo Aduriz.

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La mañana ha quedado marcada por las protestas de los agricultores en Madrid y por una medida que quiere impulsar el Gobierno: restringir la emisión de publicidad del juego online a una franja horaria concreta. Estos son los temas más destacados:

- El Gobierno quiere restringir la emisión de publicidad del juego online solo a la franja de 1 a 5 de la madrugada. La limitación afectaría a los anuncios en radio y televisión y será trasladada al sector el jueves en la ronda de contactos que inicia el ministro Alberto Garzón de cara a un futuro real decreto.

- Vox intenta capitalizar las protestas de agricultores en Madrid y un grupo de manifestantes se lo reprocha. Un manifestante ha afeado a Abascal que los convocantes habían pedido que no acudiesen políticos y el dirigente de Vox ha defendido que acuden a “apoyar” al sector.

- Por qué protesta el campo español: aranceles, precios bajos en origen y un nuevo Gobierno. Aquí algunas claves.

- Pedro Sánchez planea una agenda rural para evitar que el conflicto agrario estalle contra el Gobierno. El Ejecutivo anuncia medidas para paliar los efectos de la “espiral de rebajas” de los precios y evitar una inflamación social que emule a los chalecos amarillos de Francia

- Casado acusa al Gobierno de crear una “tormenta perfecta” para agravar el conflicto agrario. El presidente del PP menciona el “encarecimiento de los costes laborales” y una “subida de los costes fiscales” que sin embargo no se ha producido.

- El PP sostiene en su querella contra Torra que el president “produce una grave perturbación del orden constitucional”. En el escrito se destaca la continuidad “en la delictiva actuación” de Torra, “asumiendo funciones que no le corresponden” al ser inhabilitado por el Supremo.

Seguimos en unos minutos.

“Defendimos nuestro derecho a manifestarnos”, “ejercimos nuestro derecho a la protesta y manifestación sin bloquear el edificio”, “denunciamos la represión de nuestro pueblo y el 155 manifestándonos”. Así se han expresado los doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de encadenarse a las puertas del Palacio de Justicia de Barcelona, sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en febrero de 2018. Escribe Oriol Solé.

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CCOO cifra en 2.791 millones de euros los ingresos que se lograrían con la reforma fiscal que tiene previsto acometer el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, algo que ve “netamente insuficiente” e incompatible para asumir el gasto de más de 5.700 millones de euros anunciado y para cumplir con los objetivos de estabilidad. Informa Europa Press.

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