Moratones, hambre y desaparición de bienes en una residencia de Madrid: “Están matando a mi abuela”

Hace tres meses, la familia de Ángeles Dóniga pensó que su calidad de vida mejoraría. Después de un tiempo viviendo en una residencia a las afueras de Madrid, por fin podrían tener a su madre y abuela cerca de casa, en el barrio de Carabanchel, y visitarla más a menudo.

Sin embargo, la semana pasada, en una de sus visitas, se la encontraron con un gran moratón en el ojo derecho y una herida en la cabeza. Otro día, descubrieron que su dentadura había desaparecido. Otro, que faltaban sus audífonos. Otro, las gafas. Y han perdido la cuenta de la cantidad de ropa y zapatos que no han vuelto a ver en estas semanas.

“Desde finales de abril, cuando entró, el deterioro ha sido brutal, la han aislado porque ni puede ni ver ni oír, pero siempre que hablamos con la residencia se justifican”, cuenta su nieto Héctor Sánchez a elDiario.es. “Cuando preguntamos por el moratón nos dijeron que se había metido en la habitación de otro residente, que la empujó, pero nos extraña mucho porque eran las 8 de la mañana, un momento de mucha actividad, y no es que mi abuela vaya muy deprisa… En cualquier caso, ni nos llamaron ni la llevaron al hospital”. En tres meses, señalan, se ha caído hasta en cuatro ocasiones, a pesar de que en la anterior residencia no le había ocurrido nunca.

Las circunstancias de Ángeles y su familia son las de centenares de familias en Madrid y el resto de España: a su edad, se hace inviable seguir cuidándola y atendiéndola a tiempo completo en su hogar. Y con una situación económica modesta, solicitar una plaza de la Comunidad de Madrid era su única opción.

Lo que nunca imaginaron al cambiarla más cerca es que Ángeles perdería hasta nueve kilos en poco más de tres meses, algo que achacan a la mala calidad de la alimentación en el centro. “Están todos los residentes delgadísimos. Mi abuela comía de todo, pero ahora ya solo le dan puré y sabemos que a veces está en mal estado”, cuenta Héctor.

Así se lo han hecho constar en una reclamación a la directora de La Gran Residencia, como se llama el centro geriátrico donde está ingresada, con capacidad para unos 460 residentes. Es 100% pública y depende de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS).

Otra de sus quejas formales es que han dejado de suministrarle la medicación que debe tomar, como la que reduce sus ataques de agresividad. “Por eso sospechamos que detrás del moratón puede haber algún incidente con uno de los trabajadores y por eso no quisieron llevarla al hospital”, cuenta su nieto.

Tampoco le dan los dos sobres diarios de laxantes que necesita para poder ir al baño. “Nos dimos cuenta porque un día le compramos un helado y le empezó a doler mucho la tripa, se descompuso entera. Aun así, el médico se negaba a inspeccionarla, tuve que ponerme a gritar para que la viese y ya fue cuando nos dimos cuenta de que llevaba varios días sin defecar”, cuenta Héctor, que además es auxiliar de enfermería. “Reconocieron que cuando llevan cinco días sin ir al baño les ponen enemas. No le dan los sobres, aunque nos los están cobrando”, afirma.

También han denunciado que las medidas de higiene son deficientes y tienen constancia de que en ocasiones los trabajadores ni siquiera tienen esponjas para lavarles adecuadamente. Quejas que coinciden con la impresión que otros usuarios han dejado en redes sociales sobre el centro. “Una vergüenza de sitio, no lavan ni cambian a los usuarios. [...] Desaparecen ropas, productos de higiene, pañales... Les pones quejas, reclamaciones, etc. por todo esto de atrás y encima se enfadan y te lo echan en cara y se te encaran”, cuenta una usuaria que firma como Mamen en una reseña de Google.

En plena ola de calor, tampoco hay aire acondicionado en las habitaciones, aunque en el despacho de la directora sí que está en funcionamiento, un extremo que la dirección matiza. “Tengo, pero no lo uso. Lo que ocurre es que hay una avería, pero en las zonas comunes y en los pasillos sí que funciona. Ya hemos avisado al AMAS, y se ha puesto en marcha un plan de contingencia para la ola de calor y se han comprado ventiladores”, explican.

No quieren entrar a valorar el caso concreto de Ángeles porque están llevando a cabo una investigación sobre lo ocurrido, para “evaluar las acciones a tomar y corregir lo que haga falta, si es que hay algo mal”. Sí defienden que hasta la fecha no han tenido constancia de otras reclamaciones por el estado de la comida “más allá de los gustos de cada uno” y niegan también que haya faltado material para los trabajadores.

Según el escrito presentado por la hija de Ángeles, el personal del centro responde a todas sus quejas “responsabilizando” a la enfermedad de su madre y a que no tienen tiempo para todos los residentes. “Al igual que insistían en que no les falta personal”, sostiene ese escrito. El pasado miércoles denunciaron también el caso ante la Comunidad de Madrid y no descartan tomar medidas judiciales si no se mejora la situación de Ángeles y el resto de residentes. “Cuando nos quejamos encima nos dicen que no les hablemos mal, bueno ¡es que estáis matando a mi abuela!”, se indigna Héctor. 

Más denuncias en el pasado

No es la primera vez que esta residencia sale a la palestra por las condiciones de sus residentes y trabajadores. En 2020, tampoco había aire acondicionado en las habitaciones, a pesar de que muchos de ellos se encontraban aislados por el protocolo COVID. Entonces el centro también alegó que el aire acondicionado estaba roto. “Sólo hay aparatos de aire acondicionado en la sala de la televisión, el comedor y los despachos de los jefes, claro”, dijo entonces una técnico en Cuidados de Enfermería a El Plural. Además, denunciaron que las comidas se servían frías y sin ningún tipo de protección a pesar del riesgo de contagio, como denunció el sindicato MATS.

Dos trabajadoras de este centro fueron despedidas por denunciar públicamente la situación que atravesaron en el peor momento de la pandemia, cuando no disponían de suficientes equipos de protección. A una de ellas, que lo recurrió, la Justicia le acabó dando la razón dos años después, el pasado mes de noviembre, obligando a la residencia a su readmisión y al abono de su salario durante la suspensión. Al menos 80 ancianos murieron en este centro durante aquellas primeras semanas de pandemia.

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