Las últimas elecciones generales cerraron a Vox la puerta de uno de sus grandes activos electorales: los recursos ante el Tribunal Constitucional. Sin el número de diputados o senadores requeridos para poder llevar las medidas del Gobierno ante la corte de garantías –la Constitución exige que al menos la firmen 50 parlamentarios y el partido solo cuenta con 33–, la extrema derecha de Santiago Abascal ha retomado una antigua estrategia que había dejado en desuso en la última legislatura: las querellas y denuncias penales contra sus rivales políticos y, en particular, contra el Gobierno. Una ofensiva que, por el momento, no ha ido bien para el partido.
El Supremo ha rechazado sus acusaciones contra Pedro Sánchez por negociar su investidura con los independentistas y contra la presidenta del Congreso por permitir las lenguas cooficiales. La Fiscalía, además, prepara un informe para pedir a los jueces que hagan lo mismo con la querella que el propio Abascal presentó personalmente en el alto tribunal acusando penalmente a Sánchez por la ley de amnistía.
Para esta última querella Vox recuperó la parafernalia que utilizó desde 2017 para simbolizar su acción judicial contra el independentismo catalán. Santiago Abascal compareció en el parque Villa de París frente al Supremo rodeado de la plana mayor del partido y recordando a la estampa que dejaban casi a diario durante el juicio al procés. Allí sujetó la querella en alto y afirmó: “Estamos apelando a quien tiene la posibilidad de detener este golpe. Confiamos en el alto tribunal”, dijo el líder de la extrema derecha en las puertas del Tribunal Supremo. La querella iba acompañada de una petición urgente para suspender la investidura de Sánchez.
Esa petición de medidas cautelarísimas para frenar judicialmente, de forma inédita, la investidura de un Presidente del Gobierno, fracasó. Los jueces rechazaron de plano los argumentos de Vox y dejaron en manos de uno de los magistrados de la Sala de lo Penal la decisión de admitir a trámite o archivar el resto de la querella. Y la Fiscalía tiene previsto pedir al Supremo que las acusaciones de Vox sean rechazadas en su conjunto y de forma definitiva.
La decisión final, en cualquier caso, estará en manos de la Sala de lo Penal, que en los últimos meses ha rechazado todas las iniciativas legales de Vox contra sus adversarios políticos. La primera, tal y como reveló este periódico, fue la denuncia presentada contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, Arnaldo Otegi, más políticos independentistas y miembros del Gobierno por negociar la investidura del candidato del PSOE como Presidente del Gobierno. La segunda fue la que interpusieron contra Francina Armengol, presidenta del Congreso, por permitir desde el principio el uso de lenguas cooficiales.
El Supremo rechaza “interferir” en la investidura
El pleito que Vox quería abrir en el Supremo contra Sánchez y los partidos independentistas iba mucho más allá de las competencias del tribunal, en el remoto caso de que hubiera visto indicios de delito en negociaciones políticas para una investidura. El contenido de esas negociaciones y una entonces hipotética ley de amnistía, dijeron los jueces, “se desconoce”. Decidir si, además, eran legales o ilegales “rebasa” las competencias del tribunal, apuntó la sala que preside Manuel Marchena.
El auto que confirmó esta inadmisión fue mucho más claro. Vox intentó usar una estrategia diferente y asegurar que el éxito de las negociaciones y el registro de la futura ley de amnistía convertían en algo real el posible delito del que advertían en escritos anteriores. La respuesta de los jueces fue contundente: lo que la extrema derecha pide a los jueces es “interferir” en una investidura y eso está fuera de sus posibilidades.
“Las negociaciones entre las fuerzas políticas para articular una mayoría que permita la investidura son actos propios de la actividad política sobe los que esta Sala no puede interferir”, contestó el Supremo a las alegaciones de Vox. Se trataba de una denuncia que criminalizaba las negociaciones entre el PSOE y varios partidos políticos para conseguir un mandato más en la Moncloa.
En el caso de la querella contra Armengol el Supremo también rechazó su imputación por el hecho de que el uso de catalán, euskera y gallego no estuviera expresamente autorizado hasta dos días después. “No significa que no pudiera autorizarse su utilización, en la forma en que fue utilizado, y de acuerdo a la modificación que iba a tener lugar dos días después”, zanjó el alto tribunal.
Estas inadmisiones y archivos se suman a un largo historial de acciones penales emprendidas sin éxito por Vox en el Tribunal Supremo contra miembros del Ejecutivo y, en general, contra rivales políticos. Hubo querellas y denuncias por delitos de odio inexistentes contra Ione Belarra o Pablo Echenique. También contra el diputado del PSOE Alfonso Rodríguez Gómez de Celis o la entonces ministra Irene Montero. Varias de ellas, también, contra Pedro Sánchez por su tesis o por las ayudas a la aerolínea Plus Ultra. Ninguna pasó el primer filtro judicial del Supremo.
Todas estas inadmisiones han sido firmadas por el Tribunal Supremo con el visto bueno de la Fiscalía, que nunca ha informado a favor de la admisión de una sola de ellas. Lo mismo ha sucedido, por la vía contencioso-administrativa, con recursos como los presentados por la extrema derecha contra la concesión de indultos a los condenados del procés. En esos autos los jueces han recordado al partido de Santiago Abascal que ante los tribunales no defiende unos “intereses colectivos” que le permitan recurrir cualquier decisión del Ejecutivo central aunque no le afecte de ninguna manera.