El Gobierno regional ha enviado a la Fiscalía un informe elaborado por la Abogacía de la Comunidad de Madrid sobre la Ciudad de la Justicia, que se basa en la investigación que realizó la Cámara de Cuentas. El Ministerio Público cuenta ya con ingente documentación que ha ido trasladando la oposición de la Asamblea desde 2016, que han criticado a la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, por tratar de apuntarse el tanto de la investigación cuando el PP lleva tres años defendiendo la gestión de sus predecesores frente a las pesquisas de la oposición.
En mitad del escándalo del máster falso, el Ejecutivo de Cifuentes ha enviado ese informe a la Fiscalía, que cuenta con la documentación que le ha ido enviado la oposición. La última vez fue hace tan solo un mes, cuando los grupos llevaron las conclusiones de su investigación parlamentaria. Según El Mundo, el informe señala que en este proyecto, ideado por Esperanza Aguirre, se han incumplido “las normas más esenciales de contratación”.
El informe aprecia indicios de delito pero no contiene nuevos datos, como ha reconocido el propio Gobierno regional. “El Gobierno solo puede actuar en base a los informes de la Abogacía y no en base a presunciones o a que tengamos una intuición”, ha dicho el portavoz Ángel Garrido, que ha aclarado que no se trata de una denuncia, sino que solo han trasladado esa documentación.
“Es muy sorprendente que hayan hecho esto ahora cuando llevamos dos años investigando y lo presentamos hace unas semanas en la Fiscalía. Algún motivo habrá”, ha dicho Mercedes Gallizo, diputada del PSOE. “No conocemos el contenido de lo que se ha presentado”, ha añadido, que también se ha sorprendido de esta decisión en el momento más fragil del Gobierno regional, que hace semanas quiso negarse a ir a la Fiscalía cuando la oposición llevó el último informe.
Desde Podemos, Eduardo Gutiérrez se ha preguntado por qué el PP ha dejado de “encubrir” delitos: “El PP ve que se hunde el barco y que se caen al abismo. La señora Cifuentes dice: si yo me voy, unos cuantos se vienen conmigo”. “Puede ser una cortina de humo” o un “ajuste de cuentas entre las familias del PP”, ha considerado.
Ciudadanos se ha expresado en términos similares. “Hicimos un informe como comisión sobre el cual el PP dijo que no había ninguna irregularidad”, ha lamentado la diputada autonómica Susana Solís.
Lo grupos de la oposición de la Asamblea llevan años trasladando información sobre la Ciudad de la Justicia a la Fiscalía. En 2016 llevaron los primeros documentos y hace tan solo unas semanas llevaron las conclusiones definitivas extraídas de la investigación parlamentaria.
El documento consta de 85 páginas y reúne la información que ha podido conseguir la comisión que investiga en la Asamblea de Madrid en endeudamiento de la región. No ha sido fácil, lamentaron los diputados, porque faltan facturas y contratos, y en muchos casos no han logrado obtener el testimonio de los actores principales de este proceso.
Tan solo unos días después, la Cámara de Cuentas hizo público su informe, en el que también lamentaba las trabas con las que se había encontrado para profundizar en el despilfarro de dinero público. Ese informe denuncia los altos sueldos de una empresa en liquidación, los gatos en edificios sin construir o las irregularidades a la hora de adjudicar contratos. En total, 100 millones de euros malgastados en ese macroproyecto fallido.