Una de las principales consecuencias de la negociación entre el PP y Ciudadanos es que Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, se mantiene a salvo de ser apartado de su cargo a pesar de que está imputado por cohecho después de haber ofrecido un puesto de trabajo a cambio de sexo.
Albert Rivera incluyó la obligatoriedad de echar del sillón oficial a cualquier investigado siempre que se trate de un miembro del Gobierno, del Congreso o del Senado. Fuentes del partido de Rivera aseguran que este era el punto de partida para empezar las conversaciones y que en el transcurso de las negociaciones tratarán de ir más allá.
La cláusula que establece que las seis exigencias iniciales se empiecen a tramitar tres meses después de una hipotética investidura permite al barón gallego y a su jefe, Alberto Núñez Feijóo, ganar tiempo hasta que pasen al menos las elecciones autonómicas del 25 de septiembre.
Dado que en las dos primeras votaciones en el Congreso, el 31 de agosto y el 2 de septiembre, lo previsible es que Rajoy pierda, sigue sin haber fecha para una sesión investidura en la que Rajoy tenga opciones de salir como presidente.
Justo después de que el PP firmase con Ciudadanos el documento que hacía posible el inicio de las conversaciones, el portavoz del Congreso jugó al despiste sobre cómo afectaba al partido del Gobierno y a la corrupción que lo azota. Rafael Hernando aseguró que afectaría “a todos”, sin especificar más, aunque se negó a precisar cuándo empezarían a ser efectivos los ceses y destituciones. De fondo estaba la situación de Rita Barberá, la exalcaldesa de Valencia y ahora senadora y miembro de la Diputación Permanente de la Cámara Alta.
“Yo podré apartar a un cargo público de mi partido, pero para hacerlo de una institución se precisa una reforma constitucional”, aseguró Hernando, en referencia a que el acta del diputado o senador es personal y a que para eliminar aforamientos se necesita modificar la Carta Magna.
Que el pacto de PP y Ciudadanos solo rija para cargos de instituciones nacionales es un balón de oxígeno para Feijóo. Baltar preside la Diputación de Ourense, el partido en la provincia y es el único de los barones gallegos que ha sobrevivido con Feijóo al frente del PP de Galicia. Antes que él, los mismos cargos ya los desempeñó durante dos décadas su padre, Jose Luis Baltar, autodenominado “cacique bueno” y el factótum del PP en uno de los feudos más fieles, donde el partido supera el 65% de los votos en algunos municipios.
Las prácticas clientelares de Baltar padre (cientos de contrataciones de amigos, familiares de cargos del PP y dirigentes afines) acabaron en una condena que lo inhabilitó en 2014 durante nueve años para desempeñar cargos públicos. Pero para entonces, ya había abandonado la primera línea de la política y cedido los trastos a su vástago.
Baltar junior, como se le conoce en el PP gallego, también se vio envuelto en un escándalo después de que una mujer le acusase en el juzgado de pedirle sexo a cambio de un contrato en la institución provincial. La denunciante aportó unas grabaciones en la que Baltar le pedía tiempo para cumplir una supuesta promesa anterior.
El juez imputó al dirigente ourensano por cohecho en enero. Desde entonces, Baltar siempre se ha negado a dimitir. Forzar su salida podría abrir una crisis en vísperas de unas elecciones autonómicas muy reñidas, donde para el PP es clave la implicación de Baltar ya que históricamente ha conseguido para el PP los mejores resultados de las cuatro provincias.
Como ejemplo de su importancia en el partido, el congreso que reeligió a Feijóo como presidente se celebró precisamente en Ourense en marzo cuando Baltar ya estaba formalmente investigado por el caso. Feijóo no tuvo reparos en apadrinar la proclamación del único barón que queda en el PP gallego.