Parlamento de Ecuador crea comisión para evaluar el retorno de bases militares extranjeras

Quito, 30 oct (EFE).- El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador creó este miércoles una comisión especial para tramitar el proyecto de reforma constitucional que permita el retorno de bases militares extranjeras a territorio ecuatoriano, presentado por el presidente del país, Daniel Noboa, como una medida más para la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Con 108 votos a favor, el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó la composición de esta comisión especial destinada al trámite de esta reforma parcial de la Constitución de 2008, aprobada durante el mandato presidencial de Rafael Correa (2007-2017), en la que expresamente se prohíbe la instalación de bases militares extranjeras dentro del país.

De esta forma las fuerzas militares de Estados Unidos salieron en 2009 de la base de Manta, en la costa de Ecuador, tras no renovarse el convenio para su permanencia en el país.

La comisión parlamentaria estará presidida por la asambleísta correísta Gissela Garzón (Revolución Ciudadana), la socialcristiana Sofía Sánchez (PSC), la indígenista Mariana Yumbay (Pachakutik), la oficialista Nataly Morillo (Acción Democrática Nacional - ADN) y el liberal Jorge Peñafiel (Construye), así como los asambleístas independientes Arturo Ugsha y Rafael Dávila.

Tras la aprobación de la comisión, Garzón advirtió sobre la peligrosidad de jugar con esta propuesta de manera electoral y no darle la importancia que merece, por lo que enfatizó en la necesidad de recabar las mayores opiniones de expertos posibles. En caso anticipó que llamará a un experto para que exponga la experiencia en décadas anteriores en Colombia.

“No es verdad decir que esto sea la solución a los problemas”, señaló Garzón, quien cree que en la comisión estarán representados diversos criterios sobre el tema.

Por su parte, la oficialista Morillo señaló que actualmente Ecuador “se encuentra limitado en su capacidad de cooperación internacional, debido a posturas ideológicas que niegan la verdadera dimensión del crimen organizado dedicado al narcotráfico, al tráfico de armas, a la minería ilegal, entre otros delitos atroces que destruyen nuestra sociedad y naturaleza”.

“Para enfrentar efectivamente estas amenazas, resulta indispensable que la Asamblea tramite la reforma constitucional que permita la presencia de bases militares extranjeras en el país. Solo con el apoyo de aliados estratégicos y fuerzas de seguridad conjuntas, tendremos una mayor oportunidad para mejorar la seguridad de las familias ecuatorianas”, sostuvo.

Esta comisión parlamentaria deberá presentar un informe dentro de 60 días, permitiendo un mínimo de 15 días para que ciudadanos expongan sus opiniones. El proyecto será debatido al menos dos veces, y, de ser aprobado, se convocará a un referéndum en un plazo de 45 días.

Tras el anuncio de este planteamiento realizado por Noboa, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador aclaró en septiembre que su Gobierno no tiene previsto solicitar autorización para establecer una base militar permanente en el país andino.

Actualmente Ecuador y Estados Unidos mantienen sendos convenios de cooperación marítima para la captura de embarcaciones que transportan grandes cantidades de cocaína desde las costas ecuatorianas hacia Norteamérica.

Algunas de estas interdicciones han sido realizadas en los últimos días por la Guardia Costera de Estados Unidos en aguas internacionales, para posteriormente entregar a los detenidos y a los estupefacientes a las autoridades ecuatorianas dentro de sus aguas jurisdiccionales.

Desde inicios de año, Noboa elevó la lucha contra el crimen organizado a la categoría de “conflicto armado interno”, con lo que pasó a catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales, a la vez que decretó un estado de excepción con el que, entre otras acciones, militarizó las cárceles controladas por estas organizaciones, a las que señala, además, por estar relacionadas con el narcotráfico.