El Parlamento Europeo da el primer paso para levantar la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí

El Parlamento Europeo ha dado este martes el primer paso para levantar la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, los tres líderes independentistas y eurodiputados reclamados por el Tribunal Supremo por el referéndum del 1-O. La decisión, por 15 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, llega una semana después de las elecciones del 14F que han dibujado geometrías variables: los números dan tanto para una investidura por la vía independentista, como en las últimas ocasiones –74 escaños–, si bien esta vez comandado por ERC por primera vez; como para una investidura por la vía de las izquierdas –83 escaños–, encabezado por el PSC, el partido más votado en las urnas.

En este contexto, se ha votado este martes en la comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) el informe redactado por el ponente de los casos, el ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki (ECR, el grupo de Vox). El informe confidencial, adelantado por el diario ABC, fue repartido a mediados de la semana pasada entre los miembros de la comisión JURI, y defiende el levantamiento de la inmunidad de los tres eurodiputados. Populares, liberales, ultraconservadores y socialistas han hecho valer su mayoría para aprobar el informe.

Esteban González Pons, vicepresidente de los populares europeos en la Eurocámara, ha señalado: “El Parlamento Europeo no puede convertirse en un refugio de impunidad de aquellos que atacan el estado de derecho en un país miembro de la UE, dañando así la estabilidad del conjunto de la Unión”.

Iban García del Blanco, eurodiputado socialista y vicepresidente de JURI, ha afirmado tras la votación: “A partir de este momento es el pleno del Parlamento Europeo el que tiene que tomar definitivamente una decisión, que está soportada en principio por una mayoría más que suficiente. Los dos socialistas españoles que pertenecemos a esa comisión hemos votado, por supuesto, en favor del levantamiento de la inmunidad. Creemos que las instituciones tienen que funcionar con normalidad. No hemos decidido sobre el fondo del asunto. La Comisión de Asuntos Jurídicos no es un tribunal y será ante la justicia española ante la que tendrán que responder como el resto de ciudadanos y ciudadanas de España”.

La última palabra la tendrá el pleno del Parlamento Europeo, entre el 5 y el 8 de marzo. “Las votaciones de inmunidad se suelen replicar en el pleno, pero es especular”, ha reconocido el presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez (Ciudadanos/Renew), tras la votación del informe: “Hay que esperar. Todavía no se ha acabado el procedimiento. Una vez que el pleno vota a favor de ratificar el informe de la Comisión, el levantamiento de inmunidad es automático”.

“Los diputados no pierden su estatus de eurodiputado”, explica Vázquez, “si es ratificado en el pleno, se da la notificación al Estado miembro de que los diputados pueden ser o investigados o llevados a juicio”.

La copresidenta de La Izquierda en el Parlamento Europeo (GUE/NGL), Manon Aubry (France Insoumise), ha criticado la decisión de la comisión de Asuntos Jurídicos, a la que pertenece: “La propuesta de levantar la inmunidad a tres diputados catalanes es un precedente grave: el Parlamento Europeo propone entregar a sus diputados a la persecución política de un Estado miembro. Esta no es una asamblea soberana que garantiza el Estado de Derecho, sino una parodia democrática”.

En el supuesto de que el pleno apruebe –basta con mayoría simple, y en principio la volverían a tener PPE, S&D, Renew y ECR, aunque haya fuga de votos– el levantamiento de la inmunidad –que no la supresión de la condición de eurodiputados–, se reactivaría el caso de la euroorden ante la Justicia belga, paralizado tras la entrada en la Eurocámara de los líderes independentistas. A partir de ahí, el caso volvería a pasar a las manos del juez belga Jan Coopens, quien en primera instancia ya falló a favor del ex conseller Lluís Puig. Fallo ratificado en segunda instancia por la justicia belga por considerar que el Supremo no es el tribunal competente para el caso.

La sentencia de la Sala de Apelaciones belga concluyó: “Dado por un lado que Lluís Puig i Gordi no era diputado de ningún parlamento [estatal] y en principio debería ser juzgado por un tribunal catalán y, por otro lado, dado que el Tribunal Supremo español [estatal] se ha declarado repetidamente competente para juzgar a todos los coacusados sobre la base de la estrecha conexión entre los delitos imputados a cada uno de ellos sin que exista una base legal explícita para ampliar esta competencia, se constata que hay motivos fundados para creer que la ejecución de la orden de detención europea perjudicaría los derechos fundamentales del implicado”.

Eso sí, mientras esté activa la orden de detención europea, aunque fuera rechazada por la Justicia belga, nada garantiza a los tres que en otro país, como Francia, el juez de turno no resolviera en sentido opuesto y procediera a extraditarlos. Es decir, el levantamiento de la inmunidad y la reactivación de la euroorden puede afectar a la libertad de movimientos de los tres eurodiputados.

Fuentes del equipo de Puigdemont, Comín y Ponsatí cuestionan que se haya designado un solo ponente para los tres eurodiputados porque el reglamento recoge que debe haber uno “para cada expediente de inmunidad”, así como las implicaciones políticas y jurídicas que conlleva que sea un diputado que comparta grupo con Vox –pero también con los flamencos nacionalistas de la N-VA, aliados políticos de los independentistas en Bélgica–.

El ponente, además, participó en la primera visita de dirigentes de Vox al Parlamento Europeo, el día en que el secretario general del partido de extrema derecha, Javier Ortega Smith, gritó: “Puigdemont, a prisión”.

El argumento que utilizaron los tres eurodiputados en su declaración ante la comisión JURI en enero pasado, justo después de que la Sala de Apelaciones belga rechazara la euroorden de Puig, es que son víctimas de una persecución política. Así, la base de la defensa del equipo jurídico de Puigdemont, Comín y Ponsatí fue argumentar que se quiere impedir que ejerzan de eurodiputados a consecuencia de ello. También pusieron sobre la mesa que el Tribunal Supremo “no es un órgano competente” en todo ello –al igual que dictaminó la Justicia belga–, y que no se puede acusar a los tres eurodiputados de hechos que en otros países de Europa no existen o no son delito, y recuerdan que hay precedentes en este punto.