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Piden justicia y verdad a 33 años del asesinato de Romero en El Salvador
El Gobierno salvadoreño debe hacer “justicia” y decir la “verdad” sobre el asesinato del arzobispo de San Salvador, Oscar Arnulfo Romero, dijeron hoy representantes de la iglesia y organismos humanitarios al conmemorar anticipadamente los 33 años de su magnicidio.
Romero, que se caracterizó por defender a los más pobres y desprotegidos, fue asesinado el 24 de marzo de 1980 por un francotirador mientras oficiaba una misa en la capilla del hospital para enfermos de cáncer Divina Providencia, en San Salvador.
Es necesario que el actual gobierno diga la “verdad (...) con nombre y apellido de las personas que han sido los autores tanto materiales como intelectuales de su asesinato”, indicó a Efe Luisiana de Beltrán, integrante de la Fundación Monseñor Romero, quien junto a la iglesia católica organizan el tributo al arzobispo.
“Las palabras o peticiones de perdón muchos las pueden decir, pero para este pueblo los hechos son los que valen”, por lo que los diferentes órganos del Estado deben de poner su “granito” para terminar con la impunidad en el crimen de Romero, agregó.
María Silvia Guillén, directora de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), dijo a Efe que ya es necesario que “este gobierno trascienda de reconocimientos y de perdones” para que se haga “justicia” en el caso de Romero y de miles de víctimas del conflicto armado (1980-1992).
Igual posición manifestó Henry Ramírez, misionero claretiano de origen colombiano que participó en el homenaje a Romero.
“Es importante que se haga justicia no solo en su caso (Romero), sino en los cientos de víctimas que en El Salvador fueron asesinadas” en la guerra, porque “no basta con los perdones públicos, es necesario llegar a la justicia”, enfatizó.
La guerra civil en El Salvador dejó 75.000 muertos, 8.000 desaparecidos y 12.000 lisiados, según datos oficiales.
El actual presidente, Mauricio Funes, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ha sido el primero que ha pedido perdón en nombre el Estado por el asesinato de Romero, que aún sigue impune.
También, durante su gestión ha inaugurado dos murales en su honor, entre otros tributos.
“Todos esperamos que este gobierno haga justicia”, que “castigue a los responsable porque fue una persona muy especial a la que mataron”, dijo a Efe Jorge Antonio Cubías, un feligrés que participó en el homenaje a Romero, que se conmemoró hoy para que no coincida con el inicio de la Semana Santa.
Tras más de 20 años del fin del conflicto armado (1992) la impunidad persiste en El Salvador, afirmaron este viernes familiares de las víctimas de la guerra y activistas humanitarios al conmemorar 20 años del informe de la Comisión de la Verdad, que pidió castigar los crímenes cometidos durante el conflicto, entre ellos el de Romero.
Romero es recordado por denunciar las injusticias cometidas en los años previos al conflicto armado que sufrió El Salvador durante doce años (1980-1992).
La Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes cometidos durante la guerra civil, señaló al ya fallecido militar Roberto D'Aubuisson, fundador de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido que gobernó el país durante 20 años (1989-2009), como uno de los autores principales del homicidio del arzobispo.
El Vaticano abrió en 1994 el proceso de beatificación de Romero, a quien muchos latinoamericanos llaman “San Romero de América”, pese a que aún no ha sido beatificado.
Los participantes en la jornada de conmemoración del 33 aniversario del arzobispo aseguraron que esperan que el nuevo papa Francisco lo beatifique “pronto”, aunque aclararon que aunque no lo haga, para ellos ya es santo.
“Para nosotros ya es un santo, sólo esperamos el reconocimiento de la Iglesia Católica”, aunque “lo mas importante es que el pueblo creyente reconozca su santidad”, indicó Ramírez, que, acompañado de otros jóvenes de Colombia y Centroamérica, participaron en el homenaje.
Ramírez afirmó que “la denuncia profética que hizo Romero sigue siendo valida 33 años después”, ya que “las situaciones de injusticias y marginaciones siguen estando presente en América Latina”, sentenció.
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