El plazo para reclamar por dieselgate de Volkswagen termina la próxima semana

Madrid, 10 dic (EFE).- El próximo 18 de diciembre concluye el plazo para que los clientes afectados por el “dieselgate” o trucaje de los motores diésel de la familia EA 189 reclamen judicialmente una compensación económica al Grupo Volkswagen en concepto de daños y perjuicios.

La plataforma AfectadosTDI calcula que en España existen cerca de 700.000 perjudicados por la compra, entre 2009 y 2015, de vehículos diésel con datos de emisiones “falseados” de las marcas Audi, Volkswagen, Seat y Skoda.

El escándalo se remonta a septiembre de 2015, cuando se descubrió en Estados Unidos que el Grupo Volkswagen montó en los motores diésel de la familia EA 189 un software que alteraba a la baja las emisiones del vehículo cuando éste detectaba que estaba siendo sometido a una inspección en los rodillos de un laboratorio.

Del medio millón de vehículos afectados en aquel país, se pasó a once millones en todo el mundo, de los que 8,5 millones están en Europa (de ellos unos 680.000 en España).

Desde entonces, se han presentado centenares de demandas a lo largo del territorio nacional por parte de los afectados, algunos de los cuales ya han visto reconocido su derecho a ser indemnizados en los juzgados.

Según el director de la asesoría jurídica de AfectadosTDI, Manuel H. Vilches, “cada comprador afectado tiene derecho a una indemnización de hasta 6.000 euros”.

La plataforma ultima la que “es ya la demanda civil colectiva más importante de la historia de España”, a la que por el momento se han adherido más de 10.000 personas.

“De acuerdo con los informes periciales, el montante total de las indemnizaciones que vamos a solicitar supera los 50 millones de euros”, indica Vilches, que recuerda que, pese a ser significativa, es inferior “a los 17.500 millones de dólares (14.462 millones de euros) o los 620 millones de euros con los que Volkswagen ha indemnizado a sus compradores en Estados Unidos y Alemania”.

LA OPINIÓN DEL SUPREMO

El pasado 11 de marzo, el Tribunal Supremo condenó a Seat, como integrante del grupo automovilístico, a indemnizar con 500 euros a una afectada por daños morales.

En su sentencia pionera, la sala de lo Civil consideraba probado que el vehículo “lleva instalado un software destinado a ocultar que no cumplía los estándares de emisión de gases contaminantes con que fue ofertado cuando fue puesto en el mercado”.

En líneas similares se expresó el Tribunal Supremo alemán pocos meses más tarde, dando un nuevo viraje al caso de las emisiones al reconocer el derecho a indemnización de un comprador.

Al margen de las decisiones del alto tribunal, en España aún está pendiente de conocerse el fallo del juzgado de lo Mercantil número 1 de Madrid por la macrodemanda de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

La asociación, que representa a 7.500 afectados, pide 22,5 millones de euros a Volkswagen España, que durante el juicio descartó que el “software” manipulase los datos sobre emisiones, si bien aclaró que no intervenía en el proceso de fabricación ya que su papel se limita a la importación de vehículos del grupo.