El policía que investiga la caja B declara que Fernández Díaz apremió para desimputar a los grandes constructores

El inspector jefe Manuel Morocho ha declarado esta mañana ante el juez del caso Kitchen que sus superiores le trasladaron que el ministro del Interior en ese momento, Jorge Fernández Díaz, estaba metiendo prisa para que concluyera un informe que a la postre permitió que se levantara la imputación en el caso de la caja B del PP a los grandes constructores del país. “El ministro dice que tenemos que hacer ya el informe de las constructoras”, ha asegurado Morocho que le trasladaron los mandos en el año 2015, según fuentes jurídicas.

Morocho y sus policías rastrearon todos los contratos de cada una de las constructoras que aparecían como donantes del Partido Popular con la Administración. Se trataba de establecer posibles relaciones entre las entradas de dinero negro a la caja B del PP y las adjudicaciones. El amplio trabajo no permitió establecer que las donaciones fueran finalistas, lo que provocó que el juez Pablo Ruz, con el acuerdo de la Fiscalía, archivara la causa contra una veintena de poderosos empresarios al no encontrar indicios suficientes de delito.

El empeño de Morocho y sus policías ha permitido reabrir esa vía del cohecho hace unos meses y en la actualidad, el juez Santiago Pedraz investiga contratos de siete ministerios del Gobierno de Aznar a constructores donantes de la caja B. Ello ha sido posible, en parte, a las evidencias halladas en otros casos de corrupción en los últimos años que se han incorporado a la instrucción del caso de la caja B. La declaración como testigo de Morocho en el caso Kitchen se ha retomado esta mañana y continúa a esta hora.

A los nombres de los mandos que le presionaban y que habían trascendido en su declaración del martes, Morocho sumó el del jefe de la Brigada Anticorrupción, José Manuel Gudiña, quien le obligó a quitar de uno de sus informes la frase “el flujo de dinero genera una propensión de favores”. Otro informe, el de la empresa Unifica, que cobró presuntamente parte de la reforma de Génova en dinero negro, tardó un mes en llegar al juez porque sus superiores lo revisaban continuamente. En una ocasión, tras pedirle rectificaciones, llegó a decir: “Lo has dejado peor”.

Sospechas de espionaje a Ruz

El inspector jefe Morocho ha relatado a García-Castellón un episodio con el juez Pablo Ruz, quien le pidió que realizaran un barrido en su despacho de la Audiencia Nacional por temor a que la propia Policía, los superiores del agente, estuvieran espiando al instructor de la causa. En una ocasión, ha relatado Morocho, llegaron a salir del despacho para tratar cuestiones de la investigación por si micrófonos recogían sus conversaciones.

De otro lado, Morocho ha explicado al juez que le obligaban a quitar el encabezamiento de la UDEF de los informes y que así lo hizo una sola vez. Esa orden se la trasladó el propio jefe de la unidad, Manuel Vázquez, que sustituyó al recién imputado José Luis Olivera en el puesto. Olivera, investigado por obstruir la investigación de la caja B del PP, pidió a Morocho el teléfono de Rosalía Iglesias, mujer de Bárcenas, sin ser un mando implicado directamente en la operación. La trama Kitchen se habría dedicado a sabotear el caso que se abrió con las revelaciones contenidas en los 'papeles de Bárcenas'.

Morocho ha contado al juez que sus mandos le decían que era “muy duro” en los informes y que buscaba dar “titulares periodísticos” con ello, según las citadas fuentes.