Postergan de nuevo el caso de corrupción contra expresidente sudafricano Zuma

Johannesburgo, 8 dic (EFE).- El caso de corrupción pendiente contra el expresidente sudafricano Jacob Zuma quedó hoy nuevamente pospuesto, a la espera de que la Justicia dirima la apelación interpuesta por la empresa armamentística francesa Thales, que también está imputada en la causa, contra los cargos de asociación ilícita de los que se la acusa.

Con este nuevo retraso, esta causa acumula ya más de dos años y medio de audiencias preliminares y aplazamientos sin que se haya logrado establecer una fecha para el comienzo del juicio en sí.

El nuevo retraso se anunció este martes en una sesión de apenas 10 minutos en los juzgados de Pietermaritzburg (este), presidida por la jueza Nompumelelo Radebe y sin la presencia del expresidente, que tenía permiso para ausentarse.

“La causa se pospone provisionalmente para el 23 de febrero de 2021, para la resolución de los asuntos preliminares al juicio pendientes”, dictó la jueza Radebe.

La principal causa del aplazamiento es dar margen a la Justicia sudafricana a dirimir una apelación interpuesta por la empresa armamentística francesa Thales, coacusada en la causa, contra los cargos de asociación ilícita que se le imputan.

Pero, además, la jueza también adujo otros factores, como la dificultad de que los testigos internacionales requeridos en el caso se presenten a declarar, dadas las restricciones de viaje impuestas en el mundo para luchar contra la covid-19.

En esta causa, al expresidente Zuma (que gobernó entre 2009 y 2018) se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude por cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas realizadas en relación a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con Thales.

A Zuma se le acusa de haber recibido sobornos con la intermediación de su entonces asesor financiero, Shabir Shaik.

La imputación del expresidente siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, el entonces fiscal general de Sudáfrica, Shaun Abrahams, anunció finalmente la decisión de acusar formalmente al expresidente.

Zuma había dimitido de la Presidencia solo un mes antes, forzado por su propio partido en medio de múltiples escándalos de corrupción que habían acabado con la imagen de “presidente del pueblo” que lo había llevado a la jefatura de Estado nueve años antes.

Este caso del acuerdo de armas, de hecho, está lejos de ser la única investigación protagonizada por Zuma, si bien es el más avanzado judicialmente.

Entre las acusaciones que pesan contra él, la más notoria es la investigación de la llamada “Captura del Estado”, una presunta trama corrupta establecida durante su gobierno con la que el aparato del Estado quedó, supuestamente, supeditado a beneficiar al expresidente, a otros altos cargos del oficialismo y a empresarios afines a Zuma.

Además, ya en 2016, el exmandatario tuvo que devolver por orden del Tribunal Constitucional medio millón de euros de dinero público que gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.