PP y Ciudadanos formalizado el inicio de su negociación mediante la firma de un documento por parte de los portavoces parlamentarios, Rafael Hernando y Juan Carlos Girauta. Era el paso que faltaba para que ambos partidos se sienten para trabajar sobre una batería de “medidas y reformas”, en palabras de Girauta, que transformen la anunciada abstención de los 32 diputados del partido naranja en un “sí” a Mariano Rajoy en la sesión de investidura que se abrirá el 30 de agosto. Ciudadanos admite que ese acuerdo será menos ambicioso que el que cerró hace unos meses con el PSOE porque no se trata de un acuerdo de Gobierno -como el que cerraron Rivera y Pedro Sánchez- sino que se limita a la investidura, según ha explicado Girauta.
“Sucede que esto no es un pacto de Gobierno. Por tanto, no tiene por qué ser exhaustivo. Puede ser amplio, tocar muchos ámbitos, pero no todos los de la cosa pública”, ha explicado el portavoz de Ciudadanos tras la firma de las medidas anticorrupción junto a su homólogo conservador. Girauta no ha querido establecer “líneas rojas” para que la negociación que arranca a partir de esta tarde llegue a buen puerto.
Girauta ha aprovechado para seguir presionando al PSOE para que facilite la investidura mediante su abstención o al menos la de algunos de sus diputados para que el Gobierno pueda echar a andar: “Muchas las medidas están en el acuerdo fallido que firmamos con el PSOE. Si hablamos de ámbito de actuación concreta legislativa y de gestión les aseguro que va a haber un montón de coincidencias”, ha anticipado. Para Ciudadanos, Sánchez tendrá difícil explicar por qué se opone a un pacto que recoge parte de los preceptos que defendió en su investidura hace unos meses.
Las declaraciones del portavoz de Ciudadanos se han producido tras el acto de firma de las medidas anticorrupción que este jueves aceptó Rajoy ante Rivera y al que, además de los portavoces, han asistido los secretarios generales de cada grupo (José Antonio Bermúdez de Castro, del PP, y Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos) y otros miembros de la dirección de ambos grupos parlamentarios.
Solo una mujer en el equipo de Ciudadanos
La firma de esta mañana y el anuncio de la fecha para la sesión de investidura el 30 de agosto permite que a las cuatro de la tarde de este viernes se sienten por primera vez ambos partidos a negociar un acuerdo de investidura. Fuentes de ambas partes han asegurado que la reunión de este viernes servirá para ordenar el trabajo de los próximos días.
Rivera ha elegido prácticamente a los mismos negociadores que se sentaron con los socialistas hace unos meses. Girauta y el vicesecretario general del partido, José Manuel Villegas, así como el coordinador del programa económico, Luis Garicano, repetirán en su función. También están incluidos el diputado Toni Roldán y el secretario general del Grupo parlamentario, Miguel Gutiérrez. Ambos participaron en las conversaciones con el PSOE, aunque no fueron designados inicialmente por Rivera. El principal cambio es el de la única mujer con la que cuenta Ciudadanos para negociar. La diputada por Alicante, Marta Martín, responsable de educación, será sustituida por Melisa Rodríguez, diputada por Canarias.
Ciudadanos seguirá exigiendo regeneración
Ciudadanos enfatiza que es necesario poner en marcha las instituciones para evitar el “colapso” y para cumplir con las obligaciones económicas de España ante Bruselas. No obstante, Girauta ha asegurado que “no hay peligro de que la urgencia económica aplace la exigencia de regeneración”. Es decir, que la estabilidad económica no va a suponer un lastre para la regeneración democrática, que es una de las banderas de Rivera. “Se establece en el acuerdo que hay que tramitar esas medidas en los primeros tres meses”, ha dicho Girauta sobre las seis condiciones que ya han firmado este viernes.
Además, la formación naranja pretende ir más allá de esas exigencias. “En materia de corrupción no es solo el documento, sino que vamos a ir más allá”, ha reconocido Girauta, es decir, que Ciudadanos planteará otras medidas durante las negociaciones.
1. Separación inmediata de cualquier cargo público imputado formalmente por delitos de corrupción política -lo que ahora se llama “investigados”- hasta la resolución completa del procedimiento judicial.
2. Eliminación de los aforamientos ligados a cargos políticos y representantes públicos.
3. Nueva ley electoral para incrementar la proporcionalidad.
4. Eliminar la posibilidad de indultos a condenados por delitos de corrupción política.
5. Limitación del ejercicio de responsabilidades de presidente del Gobierno a un máximo de ocho años o dos mandatos.
6. Más Transparencia, para lo cual se reclama la creación de una Comisión de Investigación Parlamentaria sobre “la presunta financiación ilegal del PP” del caso Bárcenas.