PP, Ciudadanos y Vox piden una reforma de la euroorden que incluya los delitos contra “la integridad constitucional” con la mirada puesta en Puigdemont

La Comisión Europea tendrá en cuenta el caso de Carles Puigdemont en su evaluación sobre el funcionamiento de le euroorden en países como Bélgica y Alemania. Así lo ha reconocido el comisario de Justicia, Didier Reynders, en la comisión de Libertades del Parlamento Europeo, si bien no ha respondido a la iniciativa de PP, Ciudadanos y Vox, pensando en los líderes independentistas, para que el listado de tipos recogidos en la orden europea se amplíe para incluir los delitos contra “la integridad constitucional de los Estados miembros”.

“Los problemas no son la norma, sino la excepción”, ha afirmado el comisario belga: “Sin embargo, hay aún margen de maniobra para la mejora. Nos preocupan las condiciones de detención, y las prisiones muy pobladas. Algunos clasifican a ciertos Estados como Estados de riesgo, mientras otros deciden no ejecutar las órdenes. Otro problema es que se den periodos prolongados de prisión preventiva, que varía de un Estado miembro a otro. En algunos países son meses, y en otros, años [como es el caso de España]. Seguiremos muy de cerca el cumplimiento, y no dudaremos en incoar procesos de infracción, además de seguir evaluando su aplicación”.

El eurodiputado del PP Javier Zarzalejos, ponente del informe sobre la reforma de la euroorden que se ha debatido este lunes en la comisión del Parlamento Europeo, ha defendido “espacios más amplios de reconocimiento mutuo” y la inclusión de “delitos de impacto singular aunque poco frecuentes y definidos en los códigos penales”, como los de la integridad constitucional. Zarzalejos también ha afirmado: “Pretendo incluir la perspectiva de las víctimas, se ofende a las víctimas y se les priva del derecho a la reparación”.

El socialista italiano Franco Roberti (PD/S&D) ha terciado: “Hay que mejorar garantías, sobre todo en la detención. Y será necesario aclarar la definición de algunos delitos, como los de la violencia de género, los delitos fiscales y, en concreto, el genérico sobre los delitos constitucionales. No queremos que entren delitos de menor calado, como los que tienen que ver con la opinión que no deberían tener cabida en un Estado democrático”.

El socialista español Domènec Ruiz-Devesa (PSOE/S&D) ha evitado pronunciarse también sobre los delitos de constitucionales, y se ha limitado a pedir a la Comisión Europea una guía más clara sobre la aplicación de la euroorden, en referencia al caso de Puigdemont en Alemania.

Maite Pagazaurtundua (UPyD-Cs/Renew Europe) ha aplaudido el informe de Zarzalejos, y ha pedido que se mejoren los informes y los datos disponibles sobre la aplicación de la orden europea: “Nuestra propuesta, en primer lugar, pasa por tener datos fiables y comparables de todos los Estados, de forma obligatoria, cosa que no tenemos. Hay 9.000 euroórdenes perdidas en una especie de agujero negro de los estados miembros cada año. Eso no puede ser”. Y se ha mostrado favorable a la inclusión de los delitos constitucionales: “Es necesaria la inclusión de los delitos contra el orden constitucional e integridad del territorio, esto servirá en estos tiempos para reforzar el Estado de Derecho y la democracia en toda la UE de cualquier ataque híbrido delictivo contra el fundamento de nuestras democracias”.

La verde francesa Gwendoline Delbos-Corfield ha sido más crítica: “Nos hemos apresurado y ya tenemos un texto, redactado antes de reunirnos con las organizaciones con las que íbamos a reunirnos. Se ha trabajado mucho en este informe, pero tenemos dudas.Deberíamos reflexionar cuando lo que se pone en tela de juicio es la independencia del sistema judicial. Es un asunto muy importante. Necesitamos una alternativa, la euroorden debería ser el último recurso, y me entristece que no se hayan mencionado.”

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé se ha sumado a la iniciativa de Zarzalejos: “Es indispensable. Falta reconocimiento mutuo, como el caso Natividad Jauregui, que fue denegada y TJUE condenó a Bélgica por ello, o los casos de los políticos y funcionarios causantes del golpe de Estado en Catalunya y cuya entrega ha sido rechazada”.

La irlandesa de la Izquierda Unitaria Clare Daly (Independents for change/GUE) ha querido recordar que, precisamente el funcionamiento de la euroorden actual ha permitido “haya miembros que han sido electos en Catalunya y están aquí, mientras que otros están en la cárcel en España”. Daly también ha recordado el caso de Julian Assange, “en una prisión de alta seguridad”.

Diana Riba (ERC/Verdes) ha criticado que “las derechas instrumentalicen el Parlamento Europeo para extraditar a los catalanes, lo cual perjudica a la credibilidad de la institución”.

El comisario europeo de Justicia Reynders, no obstante, ha evitado en su intervención final mencionar la posibilidad de incluir delitos constitucionales, pero sí ha admitido: “No hay que evaluar la situación de casos individuales, pero estamos evaluando el carácter concreto en Bélgica y Alemania, ya que se han mencionado estos casos. Y un último comentario: estamos debatiendo sobre derechos fundamentales, la protección de los ciudadanos, pero como han dicho, también hay que tener presentes a las víctimas. Es importante tener en cuenta su situación. Si consiguen la mayoría para cambios o enmiendas, estudiaremos las propuestas. Pero hay que ver si hay mayoría en su comisión y en el pleno del Parlamento”.

El plazo para la presentación de enmiendas se ha fijado para el próximo 5 de octubre.