La sentencia de los discos duros: una buena noticia para el PP que no pone fin a su calvario judicial
“España suma pero la corrupción resta”. La frase es de Albert Rivera, líder de Ciudadanos, y ha servido para cerrar la puerta a la propuesta del PP de una coalición para unas posibles nuevas elecciones. Y los hechos parecían darle la razón horas después: el juez de la Púnica imputaba a Aguirre y a Cifuentes en la investigación sobre la financiación ilegal del PP madrileño. No empezaba bien la vuelta al curso político para los populares.
Sin embargo, la situación se enderezó para los intereses del partido apenas dos días después. La sentencia por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas absolvía al partido y a los tres responsables de la formación acusados. El juez atendía así el criterio de la Fiscalía, favorable a no juzgar al PP en aplicación de la doctrina Botín y, si no fuera así, a absolverle. El partido de Casado también se vio asistido por el Ministerio Público al negarse éste a que la vista fuera retransmitida.
Tras el fallo, diferentes dirigentes del partido no tardaron en salir en los medios reivindicando el argumento que habían repetido el día anterior sobre la imputación de las expresidentas madrileñas: la presunción de inocencia de los citados a declarar. Para el secretario general, Teodoro García Egea, la sentencia demostraba que el PP es “honesto”. Su presidente, Pablo Casado, llegó a lamentar el “daño causado” a Alberto Durán, su asesor jurídico; a la extesorera Carmen Flores, aún con responsabilidades en la formación; y al que fuera jefe de sistemas informáticos de la formación, José Manuel Moreno.
De pronto, los dirigentes del PP tenían en su mano la herramienta para intentar amortiguar el impacto de las imputaciones en una causa judicial que investiga la financiación irregular del partido en los años en los que acaparaban todo el poder en Madrid. De ello se sirvió Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz en el Congreso. “Es fundamental esperar a conocer los hechos probados que están en las sentencias antes de prejuzgar en este caso al PP o a las personas cuando se las implica en procedimientos judiciales”, aseguró aludiendo a la vez a la sentencia y a la situación de Aguirre y Cifuentes.
La sentencia, que van a recurrir las acusaciones populares, ha supuesto de este modo un balón de oxígeno argumental para el PP. El martes se reunió por primera vez la nueva dirección del partido y, tras el encuentro, García Egea salió con un guion escrito –España Suma, malos datos del paro, inestabilidad política, etc.– que se vio superado por las imputaciones. El secretario general enarboló un listado con 100 cargos públicos del PP que habían sido imputados y posteriormente absueltos.
Sin embargo, el PP, cuya actual dirección ha intentado sacudirse las acusaciones de corrupción del pasado, cuenta con un calendario que no va a dejar de recordárselo. A ellos, y a sus socios de Gobierno, Ciudadanos. Todo el poder territorial, salvo en Galicia, lo comparte actualmente con el partido de Albert Rivera que puede ver cómo las causas judiciales que tiene abiertas golpean a sus recién formados gobiernos.
Gürtel, Púnica, Lezo, Máster...
Uno de los principales casos es el de la Gürtel, el mayor caso de corrupción que ha afectado al PP en varias comunidades y a nivel nacional. Aunque hay algunas piezas que ya están juzgadas, otras esperan la celebración del juicio. Entre ellas, la que juzgará la caja B del partido.
En el horizonte hay además dos casos puramente madrileños, el ya citado Púnica, pero también Lezo. Las diferentes piezas de estas dos tramas, que estudian la supuesta financiación irregular del PP, se encuentran todavía en la fase de instrucción y seguirán acaparando titulares. Tres expresidentes autonómicos que gobernaron la Comunidad durante quince años se enfrentan ahora a posibles consecuencias penales.
Una de estas expresidentas, Cristina Cifuentes, también tiene pendiente el juicio por el Caso Máster, destapado por eldiario.es el pasado año. La que fuera gran esperanza del PP madrileño tuvo que dimitir del cargo tras las revelaciones sobre las irregularidades de sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos. Se enfrenta a una acusación por falsedad de documento oficial. La Fiscalía pide para ella tres años y tres meses de prisión.
Sin salir de Madrid, otro de los casos abiertos es el que investiga el agujero en las cuentas públicas de 100 millones de euros para la construcción de la Ciudad de la Justicia, de la que solo se levantó un edificio hoy abandonado. Además, hay otros casos en otras Comunidades como Castilla y León, con Eólica o Enredadera.
Y, de fondo, un tema que, sin estar judicializado, ha abierto el primer cisma en el recién estrenado Gobierno de coalición madrileño: Avalmadrid. Ciudadanos ha apoyado la iniciativa de la izquierda de crear una comisión de investigación sobre las irregularidades en la compañía que apuntan directamente a la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que ha criticado la decisión de su socio.
Además, el juez del caso Villarejo mantiene abierta una pieza secreta que investiga el espionaje a Luis Bárcenas en beneficio presuntamente de “dirigentes del Partido Popular”. El próximo martes declarará un testigo clave en el manejo de los fondos reservados durante la primera legislatura de Mariano Rajoy, los cuatro años que estuvo operativa la brigada política, y es más que previsible la próxima imputación del que fuera número dos de aquel Ministerio del Interior, Francisco Martínez.
