PP y PSOE dejan en la estacada a sus candidatos para el Poder Judicial
La decisión del PP de romper de manera unilateral el acuerdo que había alcanzado con el Gobierno para renovar la cúpula del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la renuncia de quien iba a ser el presidente, Manuel Marchena, deja en la estacada a los profesionales que socialistas y populares habían pactado para configurar ese órgano. Tras el movimiento del PP, el PSOE ha evitado este martes que se produzca la votación en el Pleno del Congreso sobre los nombres, así que tampoco apoyará en la votación del Congreso a esos candidatos.
La retirada del PP del pacto afecta especialmente a los que ya habían sido designados formalmente como candidatos a vocales en el turno de juristas –dentro de una propuesta conjunta de ambos partidos– y que incluso pasaron por el trámite de comparecer ante la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso el pasado viernes. Entre estos últimos está el juez José Ricardo de Prada, que formó parte del tribunal que juzgó la primera etapa del caso Gürtel y al que los diputados del PP cuestionaron en la Cámara Baja.
Antes de que el magistrado Manuel Marchena anunciara su renuncia a presidir el órgano de gobierno de los jueces y el Tribunal Supremo este lunes, estaba previsto que el jueves el pleno del Congreso aprobara el nombramiento de los diez nuevos vocales del CGPJ cuya designación compete a esta Cámara. Su elección se daba por cerrada porque la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que su designación debe ser respaldada por una mayoría de tres quintos en las Cortes Generales. En el Congreso, donde el PP y el PSOE suman 218 diputados, ese límite se sitúa en los 210 escaños; mientras que en el Senado los populares tienen mayoría absoluta.
Los conservadores intentaron sin éxito en la Junta de Portavoces del martes, un día después de que Marchena diese el portazo, que la votación se retirará del orden del día de la sesión de este jueves. Ante la negativa del resto de grupos, los de Pablo Casado optaron por eliminar su firma de la propuesta que habían registrado en el Congreso junto a los socialistas.
El PSOE primero aseguró que no se planteaba un cambio de posición. “La elección parlamentaria no tiene marcha atrás. El PSOE la defiende y la va a seguir defendiendo. Tendrán que ser otros los que expliquen por qué bloquean la renovación del CGPJ y por qué ya nos les valen las personas que habíamos acordado”, expresó la portavoz socialista, Adriana Lastra. Mientras otros grupos como Unidos Podemos reclamaban que el PP se retratase en la Cámara Baja negándose a votar a quienes consideraba candidatos ideales para el Poder Judicial una semana antes.
Los socialistas han rectificado in extremis. Este miercoles el grupo parlamentario ha retirado también su firma del acuerdo, por lo que finalmente la Comisión de Nombramientos no emitirá ningún dictamen y no se celebrará una votación que con el 'no' del PP estaba abocada al fracaso. Así, los socialistas tampoco apoyarán en el Pleno a los 10 candidatos que consideraron los mejores para integrar el CGPJ.
El PP culpa a la ministra de Justicia
La razón oficial que esgrimen los conservadores para romper el acuerdo tras la renuncia de Marchena es precisamente la filtración por parte del Gobierno del magistrado que presidiría el Poder Judicial, razón por la que llegaron a pedir la dimisión de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Sin embargo, la publicación del nombre -que fue confirmada de manera inmediata por Rafael Catalá- se produjo antes de que PP y PSOE registraran su propuesta acordada de los ocho vocales del turno de juristas de reconocido prestigio que iban a impulsar.
La Ley Orgánica del Poder Judicial establece que son los veinte vocales designados por las Cortes -doce de ellos los eligen los parlamentarios a partir de las propuestas de las asociaciones judiciales y de los miembros de la carrera- los que seleccionan a posteriori al presidente de la institución. Que se conociera al presidente antes de que fueran designados los vocales indignó especialmente a las asociaciones de jueces, que criticaron a los partidos por “únicamente” alcanzan acuerdos “pacíficos y sólidos” en lo que al “control” del Poder Judicial se refiere. Ciudadanos tachó el acuerdo de vergonzoso, pero el PP en ese momento no solo no se quejó sino que celebró el acuerdo y sobre todo la futura presidencia de Marchena.
Algunos de los vocales que designan de forma directa los partidos han pasado ya por la Comisión Consultiva de Nombramientos. No obstante, solo han pasado por el 'examen' los aspirantes del sector progresista. Los dos conservadores estaban citados para este miércoles y ya no acudieron.
Salvo en el caso del juez José Ricardo de Prada, el PP defendió a todos los candidatos, que había propuesto el PSOE. “Estamos seguros de que usted va a dar lo mejor de sí misma y, por tanto, tiene nuestra consideración en su trayectoria y nuestro deseo de que las cosas le vayan bien”, le dijo el portavoz conservador, Carlos Rojas, a la candidata progresista Carmen Sáez, que es catedrática de Derecho del Trabajo.
“Siempre es un paso adelante que haya pluralidad y que, obviamente, haya especialistas como usted en la llevanza de los juzgados y tribunales”, le comentó al también progresista Luis Martín Contreras, letrado de la Administración de Justicia. En el caso del juez De Prada, que fue ponente de la sentencia de la Gürtel que acabó tumbando a Mariano Rajoy, el portavoz del PP le espetó que no compartía “parte de su trayectoria”, aún así los de Casado aceptaron su nombre y pretendían votarlo.
Un cambio en el sistema de elección
El PP ha tratado de disfrazar su negativa a mantener el acuerdo con el Gobierno tras el anuncio de Casado de plantear una reforma del sistema de elección del CGPJ que no figuraba siquiera en su programa electoral. El plan improvisado este martes aboga por que sean los propios jueces los que designen a 12 miembros de su órgano de gobierno. La falta de planificación quedó patente con la propuesta que el grupo popular calcó de una ley de 1980 que aludía a órganos judiciales que dejaron de existir hace tres décadas.
Pedro Sánchez se ha mostrado abierto a “cambiar la metodología”, pero ha defendido que en la actualidad la ley da a las Cortes la potestad de designar a los miembros del Poder Judicial y ha apremiado a los conservadores a mantener el acuerdo dado que el mandato del actual consejo que preside el controvertido Carlos Lesmes caduca a principios de diciembre.
La número dos del PSOE, Adriana Lastra, defendió el actual sistema, al considerarlo el “más democrático” porque son los representantes de la soberanía nacional los que eligen al órgano de gobierno de los jueces. “Es un poder del Estado que tiene que ejercer su responsabilidad dentro de las Cámaras y no en el ámbito corporativo”, señalan en la dirección del PSOE.
Hace sólo tres semanas, el pasado 30 de octubre, el Congreso dio luz verde a una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ignora las críticas a la politización de la Justicia y no cambia el sistema de elección de la cúpula del Poder Judicial. Ese texto, que está a la espera de que finalice el trámite parlamentario para entrar en vigor, contó con el respaldo de PP, PSOE, Unidos Podemos, PNV, Compromís, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias.
En los últimos años, instituciones internacionales como el Consejo de Europa han venido criticando la politización del sistema de elección de los rangos más altos del poder judicial y han instado a España a lleve a cabo reformas para que al menos la mitad de los veinte vocales que componen la cúpula del CGPJ sea directamente elegidos por los jueces.
