El PP sugiere ahora aplicar la ley de partidos para ilegalizar a Unidas Podemos por “alentar la violencia” en las protestas por Hasel

A través de sus argumentarios internos, pero también en sus últimas declaraciones públicas, desde la dirección del Partido Popular han empezado a sugerir la ilegalización de Unidas Podemos porque, según el partido de Pablo Casado, “alienta la violencia” de los disturbios ocurridos en distintas ciudades españolas en la última semana durante las protestas por la encarcelación del rapero Pablo Hasel del pasado martes.

El primero en sugerirlo fue el propio Casado el domingo. “Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad arriesgan su vida por defender la nuestra, la ley y la libertad. Sánchez debe cesar a los ministros que justifican la kale borroka. Y hay que recordar que la ley de partidos responsabiliza a los que alientan la violencia”, aseguraba el líder del PP en un mensaje publicado en su perfil oficial de Twitter. Se refería a la ilegalización de los partidos que justifiquen la violencia recogida en la ley que él citaba y que sirvió en el pasado para que la justicia actuara en contra de los partidos de la órbita de la izquierda abertzale en Euskadi.

Las apelaciones a la ley de partidos para ser utilizada contra Unidas Podemos llegaban este lunes a los argumentarios internos del PP, las consignas que envía cada mañana la dirección de Casado a todos los cargos del partido para que las repitan en todas sus comparecencias públicas. “La ley de Partidos impide legitimar la violencia”, pide insistir la dirección del PP en esos textos internos a los que ha tenido acceso elDiario.es.

“Es incomprensible que formen parte del Gobierno aquellos que han hecho de la intolerancia su manera de entender la política. El problema tiene nombre: Pedro Sánchez, que mantiene en el Gobierno a quienes legitiman la violencia, ya por sexta noche consecutiva. Nuestra legislación no ampara esas conductas. La ley de Partidos responsabiliza a los que alientan la violencia. Tolerancia cero con aquellos que pretenden dinamitar nuestra convivencia. Cuando se cumplen 40 años del 23F, reivindicamos más que nunca nuestro modelo constitucional”, sostienen esos argumentarios.

La respuesta de Unidas Podemos

En esa misma línea este lunes, a primera hora, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, aseguraba en una entrevista en la cadena Cope que Unidas Podemos “ampara a los que impulsan la violencia”. Por eso afeaba “que el Gobierno defienda más a un rapero condenado que a un hostelero o un autónomo”. El 'número dos' del PP ha instado por ello a Sánchez a “poner la pegatina del Gobierno de España a las imágenes de personas incendiando calles y rompiendo escaparates”. “Si Sánchez tiene problemas con su gobierno de coalición deberá resolverlo él mismo porque no era difícil aventurarlos con los socios con los que se ha embarcado”, ha zanjado.

En respuesta, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha publicado un tuit: “Señor García Egea, con la ley de partidos en la mano quien más ha trabajado para su disolución es el PP. Jueces y policía lo calificaron de 'organización criminal', y tiene todavía a centenares de corruptos condenados o imputados”.

En su artículo 9, la ley de partidos aprobada en 2002 establece que “un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático”, mediante algunas conductas “realizadas de forma reiterada y grave”.

Esas conductas, según la normativa, son: “Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual; fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las libertades políticas”; y “complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación generada por la misma”.