El PP veta dar más dinero a las comunidades autónomas para castigar al Gobierno de Sánchez

El PP de Alberto Núñez Feijóo ha cumplido este miércoles con su advertencia y ha utilizado su mayoría absoluta en el Senado para tumbar los objetivos de estabilidad presupuestaria del Gobierno, sobre los que se elaboran los Presupuestos Generales del Estado, para no ser “cómplice” de Pedro Sánchez. Con ello, provoca un nuevo retraso a la aprobación de las cuentas públicas de 2024 y pone en riesgo no solo el aumento de la capacidad financiera de las comunidades autónomas, sino también la transferencia que los gobiernos regionales, la mayoría en manos del PP, reciben cada año y que este año crecerían al incrementarse el techo de gasto. Si el ‘no’ se mantiene, será de aplicación la senda previa, más restrictiva.

La ley de estabilidad presupuestaria marca desde 2012 que el Congreso y el Senado tienen que aprobar cada año la senda de estabilidad, que incluye los objetivos de déficit y de deuda pública de cada administración del Estado. El primer trámite lo pasó el Gobierno por un voto de diferencia. El segundo ha fracasado en la Cámara Alta este miércoles con el voto en contra del PP.

El Gobierno tiene ahora una segunda oportunidad de aprobar los objetivos. El mismo texto legal marca que “en el plazo máximo de un mes” el Ministerio de Hacienda tendrá que volver a plantear esta votación en ambas cámaras. Las cantidades fijadas pueden variar o no. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, da por hecho que volverá a chocar con el muro del PP en el Senado.

Los de Feijóo ya habían advertido de la posibilidad de rechazar los objetivos si el Gobierno de coalición no los negociaba con ellos, y pese a que, en este caso, implicaba aumentar los recursos económicos de las comunidades autónomas. Porque la senda rechazada este miércoles permitía a las comunidades un déficit del 0,1%, una décima más que lo contemplado en los últimos años. 

Pero la defensa del ‘no’ del PP a los objetivos de déficit, que son controlados por la Comisión Europea, poco ha tenido que ver con cuestiones técnicas. De hecho, durante el debate de este miércoles el senador Gerardo Camps cargó contra la política económica en general del Gobierno y defendió que su partido no quiere ser “cómplice” del Ejecutivo.

Esta misma semana, el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, ya anticipó el rechazo de su partido, pero evitó valorar el recorte económico que supondrá para los presupuestos autonómicos que ya están aprobados, o en proyecto se serlo, y que tendrán que ajustarse si se confirma el rechazo a los objetivos. 

Bravo reclamó en una rueda de prensa que el Gobierno asumiera las propuestas del PP en materia de impuestos, como el IVA o el IRPF, así como los tributos energéticos para votar a favor. “¿A Junts le dan todo y a nosotros, nada?”, planteó.

El PP ha usado esta votación, como la reciente de los tres primeros decretos ley de la legislatura, para arremeter contra el Gobierno y sus pactos, más allá de las medidas concretas que se estuvieran sometiendo a escrutinio.

Un déficit más restrictivo para CCAA y ayuntamientos

El ‘no’ del PP a una nueva propuesta del Gobierno (sea igual en cifras o modificada) se da por descontado porque el debate entre oposición y Gobierno no se centra en la negativa en sí, sino en si el rechazo del Senado cierra la puerta o no a que se puedan presentar unos Presupuestos Generales del Estado para este año. 

El Gobierno ha explicado ya en las últimas semanas que cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que respalda que las cuentas de 2024 podrían formularse, aunque basadas en el programa de estabilidad que presentó el Ejecutivo a Bruselas en abril del año pasado y no en las cifras rechazadas por el Senado. El PP reclama a Hacienda que muestre públicamente este documento.

El conflicto es, pues, técnico pese a que se envuelva de motivaciones que están más cerca de la lucha partidista que del debate económico.

La senda de estabilidad es un documento que el Gobierno tiene que enviar a la Comisión Europea cada año. En él se da el primer paso para los presupuestos del año siguiente al comprometer los objetivos de déficit y deuda para los siguientes tres ejercicios. En el enviado el pasado año ya marcó la referencia del 3% para 2024.

Posteriormente, en otoño, se envía otro documento a Bruselas, el plan presupuestario. En este se debe dar más información sobre el cuadro macroeconómico, las medidas que se van a tomar de ingreso y de gasto y algunas cuestiones de la base sobre la que se construye el Presupuesto. En él, el Gobierno mantuvo ese objetivo del 3%, pero cambió el reparto que de ese déficit se hace. Y es a partir de ese documento sobre el que se construyó la senda de déficit que ha aprobado el Congreso pero ha tumbado el Senado.

Ese 3% de objetivo de déficit no afecta solo al Gobierno central y a sus presupuestos. Marca también el marco sobre el que han de realizarse los presupuestos de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. En la senda de estabilidad que ahora se ha votado, el Estado se queda con un déficit del 2,7%; las comunidades, con el 0,1%; los ayuntamientos, con un equilibrio fiscal del 0%; y la Seguridad Social, con un déficit del 0,2%.

El PP se ha quejado de este reparto en las últimas semanas. Su intención era reclamar que las regiones recibieran una parte mayor del déficit posible, lo que aumentaría aún más su capacidad financiera. 

Pero la consecuencia de rechazar la senda votada este miércoles es que las comunidades no tendrán ni siquiera ese 0,1% porque el reparto era distinto en las informaciones previas remitidas a Bruselas. En concreto, el documento otorgaba a la administración central un 3% de déficit; a las comunidades, un 0%; y a la Seguridad Social, un 0,2%. A los ayuntamientos les permitía un superávit del 0,2%.

Es decir, la recuperación del plan de estabilidad provoca que las comunidades y ayuntamientos, donde tiene un poder amplio el PP, tengan menos capacidad en sus cuentas. Paradójicamente, el veto del PP a la senda de estabilidad que presentaba el Ministerio de Hacienda otorgará al Gobierno central tres décimas más de maniobra en unos Presupuestos Generales del Estado.

Montero explicó desde la tribuna del Senado que el objetivo de la senda de estabilidad que se votaba era el de “dar mayor flexibilidad” a las administraciones autonómicas y locales. “¿Por qué el PP vota en contra de unos objetivos que son manifiestamente mejores para sus gobiernos?”, se preguntó la vicepresidenta, “sería ir en contra de sus propios intereses”.

Pese al rechazo, Montero mantiene su intención de sacar adelante los presupuestos. “Aunque crea (el PP) que vetando estos objetivos el Gobierno no podrá elaborar los presupuestos, se equivocan. Si su premisa es esa, ¿qué les dicen a sus comunidades y ayuntamientos que han hecho sus presupuestos con estos objetivos?”, se preguntó.

Argumento político

El PP sí expuso durante este debate una crítica técnica sobre la senda de déficit, que quedó sepultada bajo un manto de argumentario político. Aunque el 3% de objetivo del Estado es obligatorio cuando se recuperen las reglas de déficit, los populares plantearon que el reparto solo depende de la decisión del Gobierno central y que podría ser distinto. Una crítica en la que coincidieron algunos de sus socios parlamentarios, como Junts o ERC. Un reparto en el que el Gobierno central tuviera menos déficit en favor de las autonomías permitiría, según señalaron, cubrir pilares del estado del bienestar como educación, sanidad y servicios sociales.

El Ministerio de Hacienda y su titular, María Jesús Montero, han expuesto en repetidas ocasiones respecto a esta crítica que además de la senda de estabilidad en la que se daba más flexibilidad a las comunidades, se ha aprobado la mayor cantidad de recursos en el sistema de financiación de la historia. Las entregas a cuenta en 2024 serán de más de 190.000 millones de euros, aumentando casi un 15% los recursos del año pasado.

Aunque finalmente se imponga la tesis del Gobierno de que los presupuestos pueden salir adelante, lo cierto es que el PP ha logrado con su veto en el Senado al objetivo de déficit un nuevo retraso de al menos un mes a la elaboración de las cuentas públicas. En un año normal, deberían haberse aprobado a finales de diciembre del año pasado, pero las elecciones del 23J y el retraso en la formación de Gobierno obligaron a prorrogar las cuentas de 2023. En un primer momento el Ejecutivo abogaba por aprobar las de 2024 en el primer trimestre. Ahora ya se habla de “lo antes posible”.