- Qué es el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, el acuerdo esperado por el feminismo que tardó meses en fraguarse
El PP está muy molesto porque la maniobra realizada este martes por el Gobierno para modificar de urgencia la Ley de Estabilidad Presupuestaria con el fin de eludir el veto del Senado a la senda del déficit haya implicado la presentación de una enmienda a una ley sobre violencia machista en tramitación parlamentaria. El partido que preside Pablo Casado advierte de que si esa “trampa” del equipo de Pedro Sánchez se consuma con su aprobación en el Congreso considerará que se ha roto el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Los conservadores no descartan incluso la posibilidad de no apoyar las medidas para erradicar la violencia contra las mujeres contenidas en el citado acuerdo aprobado con el voto de todas las fuerzas políticas –excepto Unidos Podemos, que se abstuvo– hace ahora un año, en el Congreso de los Diputados. Entre otras iniciativas contenidas en el pacto se encuentran el reconocimiento como víctimas de violencia machista a mujeres que la hayan sufrido sin que hayan presentado una denuncia contra su agresor, mejoras en la protección de los menores hijos de víctimas o el refuerzo de la coordinación institucional.
“Introducen esta enmienda en una ley que afecta a un Pacto de Estado contra la Violencia de Género pactado por todos los grupos políticos. Es decir, si esa enmienda prospera están de facto fracturando ese consenso, porque no se puede votar esa ley por todos los partidos políticos fruto de esta triquiñuela”, avanzaba este miércoles el vicesecretario de Organización del PP, Javier Maroto, en una entrevista en RNE. 24 horas después, este jueves, insistía en otra entrevista, esta vez en Antena3, en que no será el PP que rompa el pacto de Estado. En esta ocasión evitaba acusar al PSOE de fracturarlo, como sí había hecho un día antes.
Fuentes oficiales de la dirección nacional del partido matizan a eldiario.es que de sus palabras no se puede deducir cuál será el sentido del voto si no hay una rectificación por parte de Moncloa, aunque dejan abierta la puerta al 'no'.
Esas mismas fuentes insisten en que es el Gobierno el que “rompe” el consenso al introducir su enmienda en la tramitación de la ley que regula la formación en violencia machista a la carrera judicial, una de las iniciativas contenidas en el pacto. Los conservadores consideran que “no se puede votar” el texto con el añadido incorporado por el Ejecutivo y están dispuestos a impedir ese retoque introducido por Moncloa con todas las armas a su alcance.
Primero tienen previsto poner en marcha las medidas ya anunciadas este miércoles en el Congreso. Solicitarán a la Mesa de la Comisión de Justicia –organismo en el que se encuentra en tramitación la citada normativa– que en base al artículo 31.4 del Reglamento no admita a trámite la enmienda presentada por constituir “un fraude al procedimiento legislativo y una vulneración del artículo 23.2 de la Constitución que entre otras manifestaciones incluye el derecho de los parlamentarios a ejercer su cargo en condiciones de igualdad y legalidad”.
La ofensiva conservadora
Como el PSOE tiene mayoría en ese órgano, es prácticamente seguro que la solicitud del PP decaiga. En ese caso, los conservadores solicitarán amparo ante la Mesa del Congreso, donde junto con Ciudadanos tienen garantizada la mayoría con la que podrían retrasar la aprobación de la ley. La presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, solicitará un estudio jurídico a los técnicos para que evalúen la cuestión. En última instancia, el PP recurrirá al Tribunal Constitucional presentando un recurso de amparo o solicitando un amparo por fraude de ley.
“Debemos esperar a ver cuál es el efecto de esas medidas para hacer frente a la triquiñuela del Gobierno y cuáles son los frutos de las mismas. Después se estudiarán otras iniciativas”, apuntan las fuentes de Génova. Aunque el PP remarca que aún no se ha tomado ninguna decisión al respecto, el partido no descarta rechazar la ley si se mantiene la enmienda del Ejecutivo, con el riesgo de que su postura impida dar luz verde a una de las medidas acordadas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
El “filibusterismo” del Gobierno
Diputados consultados por este medio confían en que su ofensiva parlamentaria frene las pretensiones del Ejecutivo esta misma semana. Esperan, además, que “deje en evidencia la debilidad” de Sánchez y su “incapacidad” para poner en marcha sus propuestas económicas, de forma que el presidente del Gobierno se vea obligado a adelantar las elecciones generales.
“El Tribunal Constitucional ha dicho que este tipo de maniobras, que son argucias jurídicas, y además en este caso hay un filibusterismo claro para sortear al Senado, no tienen encaje en nuestro ordenamiento jurídico”, aseguraba desde Salzburgo Pablo Casado. “En ningún caso se puede admitir que se tumbe la soberanía nacional representada por el Senado, además en una cuestión tan territorial como es el techo de gasto. Lo que denunciamos es el autoritarismo de un Gobierno al que le da igual la ley, le dan igual las instituciones y le da igual el parlamentarismo bicameral en España. Solo quiere permanecer en la Moncloa un mes más”, zanjaba.
Tanto el PSOE como Moncloa aseguran que esa maniobra a la que ha recurrido el Gobierno a través del Grupo Socialista para desbloquear la modificación de la ley de estabilidad con la que quiere sortear el veto del Senado a la senda de déficit se ha utilizado en más ocasiones. De hecho, el PP usó ese mismo atajo en el pasado para cambiar hasta 15 leyes orgánicas en la tramitación de otras de ese mismo rango y que nada tenían que ver entre ellas.
El giro inesperado realizado el martes por el Ejecutivo con la presentación de su enmienda suponía un duro golpe a la estrategia del PP, que se había fijado como uno de los objetivos principales de su labor de oposición torpedear los planes económicos de Sánchez y, en concreto, impedir la aprobación de la modificación de la Ley de Estabilidad pactada entre PSOE y Unidos Podemos para eliminar el veto del Senado al objetivo de déficit. El equipo de Casado se resiste a perder esa batalla incluso con el riesgo de perjudicar la lucha contra la violencia machista.