La ubicación de las tres acusadas en el juicio del caso Máster durante la primera sesión del juicio no se corresponde con el hilo de la falsedad documental que acredita indiciariamente la investigación. La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes se sentó en un extremo y la que fuera asesora de la Consejería de Educación Teresa Feito, en el contrario, dejando el centro del banquillo a la profesora Cecilia Rosado. Sin embargo fue Feito quien presionó presuntamente a Rosado; ella es el nexo entre la falsificadora del documento de defensa del Trabajo de Fin de Máster (TFM) y la beneficiada de ese delito y acusada de inducirlo, Cristina Cifuentes. Así lo corroboró la profesora Rosado mientras que Feito se encargó de negarlo, alegando que solo instó a que buscara el TFM con 15 llamadas y 5 mensajes cargados de mero “interés personal”.
Asesora del Gobierno de Cristina Cifuentes en la Consejería de Educación, profesora titular en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en excedencia y amiga personal del fallecido Enrique Álvarez Conde, el catedrático que dirigía el posgrado y epicentro de la trama. María Teresa Feito lo tenía todo para ser uno de los personajes clave del caso Máster, la trama académica desvelada por elDiario.es que en 2018 se llevó por delante la carrera política de la entonces presidenta regional y que empezó a juzgarse este lunes en la Audiencia de Madrid. Así lo cree la fiscal del caso, que la señala como quien presionó en la URJC para elaborar la coartada con la que tapar el escándalo y que pide para ella tres años y tres meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial, igual que para Cifuentes.
Sin embargo, en su interrogatorio durante la primera sesión del juicio, Feito intentó zafarse de cualquier papel protagonista o de intermediación. Se presentó como una simple asesora —“había muchas más importantes que yo”— a la que movió su “interés personal” y negó haber dado o recibido órdenes para tapar el escándalo. Admitió haber estado en la URJC el día que elDiario.es sacó a la luz la información del máster, aunque aseguró que fue para otros asuntos y sólo entró “dos minutos” a la reunión en la que la plana mayor veía cómo hacer frente a la tormenta. “Yo es que soy muy pesada con el teléfono”, dijo para justificar las 15 llamadas y cinco SMS que envió a Cecilia Rosado, la profesora, también acusada, que admitió haber falsificado el acta del TFM de Cifuentes.
“Había que hacer un acta de un hecho que no había existido”, afirmó ante el tribunal Rosado, que fue la primera en hablar y que con su declaración puso en serios apuros la versión de la expresidenta, que ha mantenido hasta el momento que hizo el trabajo y defendió su TFM el 2 de julio de 2012. Este lunes, casi tres años después del inicio del caso, la defensa de Cifuentes aportó una copia de su agenda que incluye la cita “Máster URJC” en la fecha en la que supuestamente defendió su trabajo, el 2 de julio de 2012. Su declaración está prevista para el próximo viernes, en la segunda sesión del juicio. Este lunes, Rosado afirmó que ese día ni siquiera estuvo en la universidad porque estaba preparando la ponencia de un curso de verano, algo que suele realizar en su casa.
Supuestas presiones
La profesora expuso sin medias tintas que hubo dos personas que, en uso del poder que tenían sobre ella, la presionaron para falsificar el acta. La principal, Enrique Álvarez Conde, quien ejercía sobre ella una “absoluta jerarquía” y de quien dependía su situación laboral. “Me limité a acatar las órdenes de Álvarez Conde para confeccionar ese acta”, aseguró sobre el catedrático, que desarrolló parte de su promoción académica al calor del poder del PP en la Comunidad de Madrid.
La otra persona que la presionó, siempre según su relato, fue Feito, quien le exigió que creara un acta del TFM y que se la enviara. “Si no me la envías [el acta] Cifuentes os va a matar. A vosotros y al rector”, aseguró Rosado que le trasladó la entonces asesora. “Esa frase nunca la dije. Es que yo no soy de ordenar”, rebatió después Feito, que afirmó que esas llamadas fueron en tono “muy bueno” aunque sí reconoció que le pidió “por favor” que buscara el trabajo. “¿Qué interés tenía en encontrar el trabajo? Sigo sin entenderlo”, le preguntó en varias ocasiones la fiscal Pilar Santos. Feito insistió en que era “por un interés personal de saberlo” y negó tener “ninguna” relación “personal o profesional” con Cifuentes a pesar de sus gestiones para amortiguar el escándalo y de que en su día acompañó a la expresidenta a la URJC a recoger el título de su máster.
Ante el tribunal, Rosado, para quien la Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión, explicó con todo detalle cómo había falsificado el acta. Según su relato, Álvarez Conde le indicó la fecha que debía constar como celebración del acto de defensa —el citado 2 de julio de 2012—, el “título del trabajo” y “la nota” y le trasladó que de ese tribunal ficticio formarían parte ella misma y otras dos profesoras, Clara Souto y Alicia Pérez de los Mozos, que le indicaron “por videollamada” cómo hacer sus firmas. Rosado aseguró que era “habitual” que en el Instituto de Derecho Público unos profesores firmaran por otros documentos oficiales. “Era la manera de hacer de Enrique Álvarez Conde”, afirmó.
Lo que comenzó a juzgarse este lunes es la falsificación de esa acta y si Cifuentes y Feito fueron cómplices de ese presunto delito, ya confesado por Rosado ante el tribunal. La expresidenta se expone a una condena no por el fraude del máster en sí, que obtuvo sin haber aprobado todas las asignaturas, sin haber ido a clase y sin haber entregado el TFM; sino por las maniobras para intentar tapar el escándalo.
Los indicios que apuntaban a que en el Instituto de Derecho Público de la URJC se regalaron títulos a dirigentes políticos y a otros alumnos “escogidos” que tenían una relación próxima con Álvarez Conde quedaron sin investigar tras la decisión de la jueza Rodríguez-Medel de dar carpetazo a gran parte de la causa en octubre de 2018. La jueza tomó esa decisión tras la negativa del Tribunal Supremo a investigar al líder del PP, Pablo Casado, que también obtuvo un título en esa Universidad sin conocer a sus profesores, sin ir a clase y sin hacer exámenes de un posgrado presencial.
De forma paralela, en otro juzgado de Plaza de Castilla siguen imputados por un supuesto delito de revelación de secretos el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, y la ex redactora jefa de Política Social, Raquel Ejerique. Ambos periodistas sacaron a la luz las irregularidades de la expresidenta regional en torno a este máster, lo que derivó en su dimisión y el final de su carrera política.