El PSOE, un dique de contención para Leonor

Con permiso de la amnistía y de Carles Puigdemont, este martes irá de Leonor. O no. Porque el PSOE dijo que esta semana dejaría todo el protagonismo a la heredera de la Corona, pero la fotografía de su secretario de Organización, Santos Cerdán, en Bruselas con el ex molt honorable para cerrar los últimos flecos del acuerdo que hará posible la investidura de Sánchez parece decir lo contrario. El caso es que la princesa de Asturias jurará “guardar y hacer guardar” la Constitución de 1978 sobre el mismo ejemplar que ya usó su padre hace 37 años. Lo hará, seguro, muy consciente de que las posibilidades de que un día suceda en la jefatura del Estado a su padre dependen en buena medida del PSOE. Sin los socialistas, hoy no sería nada.

Alguien le habrá contado que entre la lealtad al pacto constitucional y su alma republicana, hace mucho tiempo que el PSOE optó por lo primero; que sin su blindaje hubiera sido imposible que la Corona aguantara los embates judiciales, políticos y sociales de los últimos años; que fue durante los gobiernos de Felipe González cuando se consolidó esa protección real y que desde entonces el socialismo oficial nunca la ha cuestionado, más allá de las resoluciones siempre fallidas de las Juventudes Socialistas en sus sucesivos congresos. Ni siquiera un presidente a quien se atribuye un afán rupturista como Pedro Sánchez y que ha gobernado los últimos cinco años con un socio republicano y el apoyo parlamentario de independentistas catalanes y vascos, claramente anti monárquicos, se ha desmarcado de ese blindaje. Si un día perdiera esa protección, la heredera de la Corona pasaría a ser una ciudadana más, ya que sólo con el soporte de PP y Vox no bastaría para seguir manteniendo la institución.

El PSOE, sí, pese a los ataques de la derecha sobre su supuesta intención de demoler el pacto constitucional, es el último dique de contención para Leonor y la monarquía. El repaso a algunos momentos del debate sobre la Constitución y la forma de Estado de 1978 adquieren hoy un especial significado para quienes dudan del papel del socialismo con la institución, ya que habrá quienes hayan olvidado dónde estuvieron entonces y dónde están hoy. En 1978, con la república. En 2023, con la monarquía parlamentaria. Lo contrario, por ejemplo, que el PCE, que dió su apoyo explícito hace 45 años a la Corona “en aras de la democracia y la paz civil” y hoy pide sin ambages la III República.

A quien le tocó el difícil papel de defender en mayo de 1978 las esencias republicanas socialistas a sabiendas de que no prosperarían fue al diputado Luis Gómez Llorente con un voto particular de su grupo al párrafo tercero del artículo primero del anteproyecto de Constitución. “Allá los partidos que reclamándose de la izquierda piensan que algo tan trascendente y duradero como la forma política del Estado puede darse por válida merced a razones puramente coyunturales, a pactos ocasionales o a gratitudes momentáneas (...) Somos conscientes que en estas Cortes vamos a ser minoritarios en este punto, pero mantenemos el voto particular por honradez y por lealtad a nuestro electorado (...) No pretendemos fragilizar el nuevo régimen, ni por nuestra actitud quedará en precario ninguna de sus instituciones, pero entendemos que la forma republicana del Estado es más racional y acorde bajo el prisma de los principios democráticos. No somos republicanos por razones teóricas, sino porque en España la libertad y la democracia llegaron a tener un solo nombre: república, mientras que la monarquía no tuvo inconveniente, llegado el caso, de violar la Constitución y de acudir a la dictadura”.

“Ni creemos en el origen divino del Poder, ni compartimos la aceptación de carisma alguno que privilegie a este o a aquel ciudadano simplemente por razones de linaje. El principio dinástico por sí solo no hace acreedor para nosotros de poder a nadie sobre los demás ciudadanos. Menos aún podemos dar asentimiento y validez a los actos del dictador extinto que, secuestrando por la fuerza la voluntad del pueblo y suplantando ilegítimamente su soberanía, pretendieron perpetuar sus decisiones más allá de su poderío personal despótico, frente al cual los socialistas hemos luchado constantemente”, afirmó el diputado socialista según consta en los diarios de sesiones de la época. 

Luego, eso sí, añadía: “No vamos a cuestionar el conjunto de la Constitución por esto y acatamos democráticamente la ley de la mayoría. Si democráticamente se establece la monarquía, en tanto sea constitucional, nos consideraremos compatibles con ella”. Así ha sido desde entonces, pese a que el PSOE no creía en las magistraturas vitalicias o hereditarias, y pedía además que la Carta Magna facilitase “la libre determinación de las generaciones venideras”.

Desde entonces, ha quedado demostrado que el republicanismo del PSOE es poco más que retórica. Desde aquella sesión deliberativa de los trabajos que dieron forma a la Constitución, nunca más volvió a reivindicar la república, sino que cada vez que algún partido ha planteado la disyuntiva entre monarquía y república, siempre ha defendido que alterar la piedra de bóveda de la democracia podría demoler todos los cimientos de la convivencia.  

Lo hizo Alfredo Pérez Rubalcaba en abril de 2013 cuando España vivía una de las mayores crisis económicas e institucionales de la democracia y la monarquía no atravesaba su mejor momento y el debate sobre el modelo de Estado tampoco era ajeno a los socialistas. Un día el PSC pedía la abdicación del rey; al siguiente, las Juventudes Socialistas reclamaban la apertura de un proceso constituyente del que surgiera una república “laica y federal” y al otro, la tristemente desaparecida Carmen Chacón decía que o la monarquía se sometía a la ley de transparencia o no sería.

El entonces secretario general del PSOE se vio obligado a entrar en un asunto que nunca imaginó que estaría en las primeras líneas de la agenda política. Pero la crisis económica y el cuestionamiento permanente de las instituciones abrió todas las espitas, y la Corona, que antaño fue sagrada, intocable y se protegía como garante único de la estabilidad democrática, empezaba a estar en el punto de mira como nunca antes lo había estado por los desmanes económicos y sentimentales de Juan Carlos I.

La dirección federal frenó cualquier cuestionamiento interno de la monarquía, pero se propuso trabajar en un proceso de revisión de la arquitectura político-jurídica-institucional de nuestro modelo con un trabajo que, tras ser coordinado por el veterano Ramón Jáuregui con aportaciones de más de 600 expertos, quedaría en papel mojado. La agenda reformista que impulsaron los socialistas incluía una ley para desarrollar la figura del heredero y el artículo 57.5 de la Constitución que quedó sepultada por la convulsión política que desató la abdicación, dos meses después, en junio de 2014, de Juan Carlos I tras de 39 años de reinado.

La intervención de Pérez Rubalcaba durante el debate de la ley orgánica de abdicación de Juan Carlos I dejaría constancia de que 35 años después los socialistas seguían sin ocultar su preferencia republicana pero se declaraban compatibles con la monarquía parlamentaria: “El Partido Socialista que tiene 135 años, cumple sus acuerdos, no va a romper el consenso constitucional y si un día estima pertinente que ese consenso se revise, para sustituirlo por otro, lo propondrá a través de los cauces pactados, por los cauces legales. Nadie nos va a sacar del cumplimiento de la Constitución. Tampoco a la hora de abordar sus reformas. Todas las propuestas de reforma son posibles; todas merecen una discusión. Pero su aprobación debe seguir los cauces que esta Cámara estableció y que los españoles ratificaron. Hoy, nuestro voto positivo es también una ratificación del consenso alcanzado durante nuestra transición sobre la forma política del Estado. Es un voto positivo al consenso y, sobre todo, a la convivencia que ese consenso nos ha permitido”.

En su intervención, el líder socialista precisó que lo que se votaba entonces era “una ley obligada por la Constitución”, que se limitaba a  “aceptar formalmente una decisión del rey, a la que se otorga efectos jurídicos”. Y aclaró: “En la ley que hoy debatimos debemos decidir sobre la abdicación, y solamente sobre la abdicación; no vamos a votar la sucesión del rey Juan Carlos I por su hijo el Príncipe de Asturias, eso ya lo votamos en esta Cámara en 1978 y lo ratificó ampliamente por referéndum el pueblo español cuando aprobamos la Constitución”.

Con Pedro Sánchez ya como presidente del Gobierno y con la salida de España de Juan Carlos I como consecuencia de sus problemas judiciales, el debate sobre monarquía o república volvió a cobrar vida dentro y fuera del Parlamento y el hoy presidente en funciones en su calidad de secretario general del PSOE se vio obligado a remitir una carta a sus militantes para salvaguardar al actual jefe del Estado, Felipe VI, de los desvaríos de su padre y proteger el pacto constitucional. “La monarquía parlamentaria —escribió— es un elemento de ese pacto, no todo el pacto. Todo el pacto es la Constitución y no se puede trocear y seleccionar a capricho. Somos leales a la Constitución. A toda, de principio a fin. Y la defenderemos a las duras y a las maduras”. 

Desde entonces, el PSOE ha tratado de mantener a Felipe VI al margen de la falta de ejemplaridad de Juan Carlos I con el mantra de que España necesita instituciones robustas, que las conductas irregulares comprometen a las personas y no a las instituciones y que el actual monarca ha emprendido reformas en aras de la transparencia de la jefatura del Estado. Algo esto último que aún dista mucho de los mínimos exigibles en una democracia pero que a los socialistas les sirve para hacer una encendida defensa del pacto constitucional de 1978, que consideran totalmente vigente y con el que se declaran comprometidos en todos sus términos y extremos. 

Todo un ejercicio de contorsionismo para sortear la contradicción de declararse aún republicanos y posicionarse a favor de la Corona. 

Leonor ya puede tararear aquello de “Sin ti no soy nada” cada vez que piense en el PSOE. Y que le dure muchos años.