PSOE y Unidas Podemos buscan el consenso para investigar los abusos en la Iglesia “protegiendo” a las víctimas

“Nuestra prioridad es proteger a las víctimas y queremos lograr el mayor consenso político posible”. Con estas palabras explican fuentes socialistas en el Congreso de los Diputados el proceso de negociación abierto con su socio de gobierno, Unidas Podemos, pero también con otras fuerzas políticas como el PNV o ERC, en busca de la “mejor fórmula” para poner en marcha una investigación institucional “con todas las garantías” sobre los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica en España.

La formación confederal registró en enero junto a ERC y EH Bildu la petición de una comisión de investigación parlamentaria acerca de esos abusos cometidos por parte de religiosos en las últimas décadas. Lo hizo entonces ante la proliferación de denuncias como la que hizo pública el mes pasado el escritor Alejandro Palomas, a quien han seguido otras víctimas tanto del colegio La Salle Premià en el que sufrió los ataques el literato como en otras instituciones vinculadas a la Iglesia. Las fiscalías de todo el país han detectado 68 investigaciones en marcha en torno a abusos sexuales a menores cometidos en el seno de instituciones religiosas, según un comunicado hecho público este mismo miércoles

La parte socialista del Gobierno y su presidente, Pedro Sánchez, decidieron en cambio que debía ser el Defensor del Pueblo, puesto para el que recientemente fue elegido Ángel Gabilondo, el que debe pilotar esa investigación con la ayuda de expertos y tratando de buscar la colaboración de la propia Conferencia Episcopal, reacia en un inicio a ayudar en las pesquisas, pero que recientemente se ha mostrado abierta a analizar lo ocurrido en sus diócesis en los últimos años, aunque por el momento de forma interna.

El PNV, por su parte, abogó por la creación de una comisión de expertos al margen del Parlamento, que posteriormente sí debería exponer sus conclusiones en el Congreso. Con ese fin, la formación nacionalista registró a principios de mes una proposición no de ley planteando esa fórmula para que, en un año, la comisión de expertos realice las pesquisas oportunas y luego las traslade a la Comisión Constitucional de la Cámara Baja para que esta, en función de los resultados, adoptara las iniciativas que considere para atajar esa lacra, sin descartar tampoco acudir a los tribunales.

Posibles acuerdos en el Congreso

Este martes, la Junta de Portavoces tenía encima de la mesa la propuesta de comisión de investigación de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu que debía decidir cuándo llevaría al Pleno del Congreso la votación de la proposición para, en caso de ser aprobada por una mayoría de la Cámara, iniciar sus trabajos en las próximas semanas. Pero ante las discrepancias sobre la fórmula idónea para estudiar esos abusos en la Iglesia el grupo mayoritario de la Cámara Baja, el PSOE, y su socio de coalición decidieron aplazar la decisión a una próxima reunión de los portavoces que suelen realizarse los martes.

Desde la dirección del Grupo Socialista se muestran abiertos a escuchar y negociar con Unidas Podemos y el llamado bloque de la investidura para tratar de alcanzar un punto de encuentro que fortalezca el consenso político acerca de la investigación. No obstante, desde el PSOE insisten que “todo” debe estar pilotado por el Defensor del Pueblo y que las pesquisas se deben realizar a través de un único cauce.

El grupo confederal también trata de encontrar la mayor unidad política posible aunque en su caso no considera incompatibles las investigaciones que pueda realizar el organismo encabezado por Gabilondo con otras que se puedan poner en marcha en el Congreso, argumentando que en el caso de las comisiones de investigación parlamentarias quienes sean llamados a comparecer tienen la obligación constitucional de acudir y de decir la verdad.

En lo que coinciden todas las partes es en que es necesario encontrar una fórmula que garantice la protección de las víctimas de abusos. Una opción planteada por los grupos que apoyan que la investigación se realice en el Congreso es que las personas que sufrieron esos ataques por parte de religiosos puedan hacerlo a puerta cerrada, es decir, sin que los medios de comunicación puedan seguir sus comparecencias para asegurar su privacidad y seguridad ante los abusadores. En este caso surgen las dudas porque aunque el artículo 76.2 de la Constitución que menciona la posibilidad de crear esas comisiones y el reglamento del Congreso no concretan que las comparecencias deban ser públicas, en la treintena de investigaciones puestas en marcha en la Cámara Baja desde 1978 siempre lo han sido.

Las distintas posiciones de los socios de coalición

Precisamente tanto el PSOE como el PNV consideran que investigar fuera del Parlamento garantizaría esa privacidad de las víctimas, aunque en su caso estudian las fórmulas jurídicas para poder obligar a comparecer a las distintas partes involucradas sin el amparo constitucional de las comisiones de investigación del Congreso. La Carta Magna establece, de hecho, que “será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras”. Y el reglamento del Congreso apunta en su artículo 52 que estas comisiones pueden “requerir la presencia, por conducto de la Presidencia del Congreso, de cualquier persona para ser oída”, a la que se debe convocar con 15 días antelación.

“Hay muchas asociaciones de víctimas que están pidiendo una comisión parlamentaria y nosotros entendemos que sería útil. También hay una preocupación del PSOE por que algunas víctimas puedan necesitar un espacio de privacidad para dar sus testimonios, por eso han planteado esta comisión más técnica que cuelga del Defensor. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar llegar a una propuesta que satisfaga a todo el mundo”, sostuvo este martes en rueda de prensa el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Desde el PSOE, su portavoz, Héctor Gómez, también confió en “llegar a un entendimiento, a un acuerdo, y que la voluntad de todos se pueda traducir en una muy buena iniciativa que dé muy buenos resultados”. No obstante, él quiso dejar claro que el PSOE defiende que el Defensor investigue los abusos en la Iglesia y que luego exponga sus conclusiones en el Congreso. “Desde ese máximo respeto a las víctimas que quieren preservar su anonimato, entendemos que ese es el espacio ideal. Pero estamos en la línea del dialogo”, concluyó.