La Comunidad de Madrid apura el plazo para entregar al juez los contratos con la 'Púnica'
El Gobierno de Madrid se ha ahorrado, al menos de momento, que la Guardia Civil registre varias de sus sedes con una orden judicial. El pasado jueves por la tarde, la Comunidad de Madrid enviaba los últimos documentos que restaban por aportar a los investigadores del 'caso Púnica', que una semana antes se habían presentado en tres organismos dependientes del Ejecutivo autonómico solicitando contratos y facturas con cinco empresas de la trama.
En la mañana del 22 de enero, agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la UCO se personaron en las sedes del Gobierno de la Comunidad de Madrid con un requerimiento del juez Eloy Velasco. Las autoridades y funcionarios tenían hasta el 30 de enero para entregar todos los contratos firmados en los últimos cinco años con empresas de Alejandro de Pedro Llorca y José Antonio Alonso Conesa, ambos “cabeza de un entramado de tráfico de influencias”, según los definió el propio juez en el auto en el que enviaba al primero a prisión y al segundo dejaba en libertad con cargos.
El juez podía haber enviado el requerimiento, pero optó porque fueran los guardias civiles en persona quienes se presentaran con la providencia del juez. En la misma se marcaba el día 30 como fecha límite para entregar la documentación. En el caso de la requerida a la Consejería de Educación, que dirige Lucía Figar, no hizo falta esperar, según fuentes de la investigación. Los funcionarios tenían preparados contratos y facturas de la Consejería con Madiva Editorial y Eico Online, las empresas con las que Alejandro de Pedro Llorca facturaba a esta y otras consejerías de la Comunidad de Madrid.
Como ocurre con la Consejería de Presidencia, el departamento de Figar contrató a las empresas de De Pedro para mejorar su imagen en la Red. Según publicó elconfidencial.com, entre 2012 y 2014, el empresario detenido en la primera fase de la ‘Operación Púnica’ facturó 81.084,88 euros a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
La reacción del resto de organismos no fue tan diligente. Aunque en plazo, la Oficina de Comunicación, ubicada en la Puerta del Sol, o la Agencia de Informática (ICM) agotaron hasta el pasado jueves por la tarde para entregar a la Guardia Civil contratos y facturas, precisan las citadas fuentes. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregaron en la mañana del viernes la documentación al juez Eloy Velasco y ahora aguardan instrucciones para comenzar a analizarla y cruzarla con la información obtenida en la primera fase de la ‘Operación Púnica’.
Entre las 200 cajas que se amontaron durante semanas en las dependencias de la UCO en el barrio madrileño de Barajas figuraban las copias de los contratos y facturas que los guardias civiles fueron a buscar el pasado 22 de enero a la Comunidad de Madrid. Además de los registros en Madiva Editorial y Eico Online, los guardias civiles se encargaron el grupo de empresas de José Antonio Alonso, el exalcalde ‘popular’ de Cartagena al que el juez también considera cabecilla de la trama de tráfico de influencias. Sus empresas investigadas son Apsara, Atalia y Centro Audiovisual de Inversiones.
En los primeros autos de prisión, el juez Velasco ya consideraba “acreditado” que las empresas de De Pedro ofrecían “servicios de reputación en Internet para autoridades políticas” y que éstas intentaban ocultarlo al ser pagados con cargo a la Administración. Esa afirmación mantiene desde entonces en vilo a aquellos cargos que contrataron con las empresas de De Pedro, más si cabe a menos de cuatro meses de las elecciones autonómicas.
El papel de Victoria
Entre los 35 detenidos en la primea fase de la ‘Operación Púnica’ se encuentra el consejero delegado de la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM), José Martínez Nicolás. Según publicó ‘El País’, en su declaración ante el juez, Martínez Nicolás aseguró que él recibía órdenes directas del consejero de Presidencia y número dos de la Comunidad de Madrid, Salvador Victoria.
Entre esas instrucciones habría estado la de pedir a Indra, otra empresa adjudicataria de la Comunidad, que abonara a De Pedro los 10.000 euros que debían por uno de esos trabajos de fomento de la reputación en Internet. Victoria era presidente del Consejo de Administración de la ICM y, como tal, jefe directo de Martínez Nicolás. El número dos del Gobierno de Madrid niega rotundamente haber ordenado ese pago.
Martínez Nicolás fue detenido el 27 de octubre y quedó en libertad con cargos tras declarar ante el juez Velasco. El empresario De Pedro no tuvo tanta suerte. El juez lo envió a prisión incondicional por su relevante papel en el entramado. Pasó la Navidad entre rejas y el 7 de enero abandonó la cárcel tras satisfacer la fianza de 50.000 que le impuso el juez Velasco.
El otro empresario 'conseguidor' al que afecta la documentación, José Antonio Alonso, fue alcalde de Cartagena con el mismo Popular. Su nombre está en tres empresas: Apsara, Atalia y Centro Audiovisual de Inversiones, según fuentes de la investigación. El exalcalde está imputado por un total de seis delitos como “cabeza de un entramado de tráfico de influencias, habiéndose acreditado que se ha concertado con diversas autoridades de Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos”.
