Rafael Blasco, el hombre que puede tirar de la manta, amenaza con romper al PP valenciano
El presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, no se atreve a expulsar del grupo popular en el Parlamento autonómico a Rafael Blasco, exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía, a pesar de que los abogados de su Gobierno pide 11 años de cárcel para él por expoliar fondos públicos destinados a ayudar al tercer mundo.
Varias teorías circulan para explicar por qué Fabra asume un desgaste de tal calibre no fulminando al supuesto líder de una trama que, según la policía, podría haber robado hasta 8 millones de euros de fondos del contribuyente que debían invertirse en proyectos solidarios.
La más extendida alude a la ingente y relevante cantidad de información acumulada por Blasco, un verdadero animal político y el único dirigente valenciano que presume de haber sido consejero en todos los gobiernos de la Generalitat (con el socialista Joan Lerma, primero, y luego con los populares Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Fabra).
Blasco, que fue expulsado del PSOE tras ser implicado en 1989 en una recalificación de terrenos en Calpe (Alicante) por la que fue juzgado y absuelto, volvió a la primera línea de la política con Zaplana, que ganó la presidencia de la Generalitat en 1995. Desde entonces, ha ejercido no sólo de consejero, sino de estratega, ideólogo y hombre fuerte del partido y de los diferentes gobiernos del PP.
Ha dirigido los departamentos de Presidencia, Obras Públicas, Sanidad, Bienestar Social o Solidaridad, diseñó con Zaplana la táctica que laminó a los regionalistas valencianos y ha sido pieza clave en el diseño de la estrategia política y comunicativa que ha ayudado al PP valenciano a sumar, con suficiencia, cinco gobiernos (cuatro mayorías absolutas) en la Comunidad Valenciana.
No ha habido operación de envergadura en la que Blasco no haya tenido protagonismo. Su nombre aparece directa o indirectamente relacionado con lucrosas concesiones de ITV, adjudicaciones millonarias de servicios de atención telefónica o la concesión de la gestión de residencias de la tercera edad de carácter público a empresas supuestamente amigas.
Incluso participó desde la trastienda en operaciones de venta de acciones del Valencia Club de Fútbol. En cualquier caso, en ninguno de estos asuntos se sustanció responsabilidad penal alguna. De hecho, Blasco sólo ha pisado la cárcel, la Modelo de Barcelona, a causa de su compromiso antifranquista: se inició en la política en los 70 militando en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP).
Fisuras en el PP valenciano
A nadie se le escapa que el liderazgo de Fabra en el PP es, como mínimo, débil. Ungido por Mariano Rajoy tras la defenestración de Camps por el caso de los trajes, el exalcalde de Castellón preside una institución que roza la bancarrota y es el número 1 de un partido que, tras casi 20 años de gloria y triunfos, podría perder el poder en las elecciones autonómicas de 2015.
Además, la expulsión de Blasco del grupo popular puede resquebrajar el partido. Otros 9 diputados están imputados y la alcaldesa de Valencia y Camps podrían estarlo pronto por su implicación en el caso Nóos. Fulminar a Blasco, piensan algunos de sus compañeros de bancada, podría abrir la veda. Y nadie quiere ser el siguiente, especialmente, cuando el 20% del grupo popular está siendo investigado en casos relacionados con la corrupción. Por ello, no se descartan votos contrarios a esa medida, lo que causaría conmoción en un partido monolítico como el PP.
En cualquier caso, la situación de Blasco es insostenible, aunque el exconsejero, con rictus serio, siga demostrando su proverbial aplomo. Acude a todos sus compromisos parlamentarios y no tuerce el gesto ni ante la más furibunda de las acusaciones. Tal vez, como sugiere Mònica Oltra, diputada de Compromís, esté ahora “pasteleando” con Fabra su salida del grupo popular.
Blasco reta a Fabra
Este mismo miércoles, impertérrito, acudió a su escaño. “No pienso dimitir por responsabilidad con mis votantes”, ha desafiado a Fabra. “He actuado siempre de acuerdo a la ley” o “tengo la conciencia tranquila”, ha dicho, tirando de manual. “No le causaré ningún problema a mi partido”, ha añadido, a pesar de que no ha dejado su sillón parlamentario ni, probablemente, lo dejará, poniendo así en verdaderos apuros a su formación.
El presidente de la Generalitat, a pesar de todo, se ha impuesto un límite: fulminará a Blasco una vez el magistrado que investiga el caso Cooperación dicte la apertura de juicio contra él. Y no ha tardada en reaccionar tras el reto planteado por el diputado durante un acto en Benissa (Alicante). “Blasco sabe que tendrá que dejar el grupo parlamentario cuando se cumplan las dos condiciones que anuncié”, ha dicho el presidente valenciano. “Y una de ellas ya se ha cumplido”, en alusión a la petición de cárcel por parte de la Abogacía de la Generalitat.
La otra será la apertura del juicio oral. Llegado ese momento, y ya con 67 años, habrá acabado la carrera del político más resistente de la Comunidad Valenciana.
