Las razones del fiscal para no denunciar al hermano de Ayuso: la presidenta no firmó y él no tiene cargo en la empresa

“Por lo que se refiere a la facturación, el pago y el cobro de la comisión, el procedimiento seguido debe calificarse de transparente”. Después de cuatro meses exactos de investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido dar carpetazo a la causa que mantenía abierta sobre las comisiones que Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, se llevó por la adjudicación de millón y medio de euros a cambio de 250.000 mascarillas a la empresa de un amigo de ambos.

Según la Fiscalía todo el proceso fue legal y transparente, el hermano de la presidenta no buscó ningún trato de favor para la empresa, no hubo irregularidades en la contratación y sus comisiones son perfectamente legales. El caso queda ahora en manos de la Fiscalía Europea, que tiene que decidir si el hecho de que una empresa donde el hermano de la presidenta era comisionista haya vendido a la Comunidad de Madrid mascarillas por 1,5 millones de euros, que en origen costaron 500.000, y la calidad de ese material sanitario son indicios suficientes para seguir adelante con la investigación por un presunto fraude a los fondos comunitarios con los que el Gobierno regional pagó ese pedido.

El asunto, que sigue bajo investigación, arroja algunas dudas: la primera, si el Gobierno de Ayuso sabía que estaba pagando el triple de lo que valían las mascarillas a un amigo de la presidenta que tenía a su hermano de comisionista. Según revela Anticorrupción en su decreto de archivo, la empresa Priviet Sportive del empresario hasta ese momento dedicado al sector textil Daniel Alcázar pagó poco más de 540.000 euros por comprar las mascarillas y transportarlas desde China hasta el recinto ferial de IFEMA en Madrid. El Ejecutivo regional, según los contratos aportados al ministerio fiscal, pagó una factura de más de millón y medio de euros en la que fue una de las compras menos rentables de mascarillas de esas primeras semanas de la pandemia. En aquellos días la Comunidad de Madrid firmó una treintena de pedidos de mascarillas a mejor precio.

El Gobierno regional solo aceptó una de las seis ofertas que Tomás Díaz Ayuso ayudó a confeccionar a la empresa de Daniel Alcázar, amigo de la familia desde siempre. La Comunidad rechazó, por ejemplo, comprar a la misma sociedad cientos de miles de batas porque consideraban “excesivo” el precio y se negaban a “adelantar el pago de parte del precio, como pedía Priviet”, especifica la Fiscalía. Es decir, que sí existían filtros sobre la etiqueta de los productos pero las mascarillas al triple del precio de mercado pasaron el corte.

En el caso mascarillas del Ayuntamiento de Madrid, la misma Fiscalía Anticorrupción ha destacado en todo momento que Luis Medina y Alberto Luceño negociaron sus comisiones millonarias a espaldas del consistorio, inflando además los precios para optimizar el botín. Eso, según los investigadores del caso mascarillas municipal, forma parte del engaño y de la supuesta estafa. En el caso de la Comunidad de Madrid la Fiscalía no especifica si la Administración regional sabía que existía un comisionista y, concretamente, que este era el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

En este caso, la Fiscalía ha considerado que un beneficio del 300% para la empresa proveedora no constituye un posible engaño y lo explica aludiendo a la situación del mercado internacional y a las dificultades para encontrar material sanitario e, incluso, comparar precios. La comisión de Tomás Díaz Ayuso, dedicado al sector sanitario desde hace más de dos décadas, está justificada, según el ministerio público. Añadía, según Anticorrupción, “valor al proceso comercial de esta empresa mediante su conocimiento de la gestión sanitaria y del mercado sanitario, de los proveedores y clientes potenciales así como de las calidades y especificaciones de los productos demandados”.

Tampoco ha considerado significativo que Priviet Sportive, empresa de un amigo de la infancia de los hermanos Ayuso, no tuviera experiencia previa en el negocio del material sanitario o de la Sanidad en general o que estuviera en una situación financiera delicada. De hecho, el fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón lo justifica en su decreto de archivo: “Esto es algo que, por otra parte, no resultaba infrecuente en aquellos días en los que incontables empresas en todo el mundo, especialmente textiles, derivaron temporalmente su negocio a la comercialización de material de protección frente al COVID-19”, dice. En el caso de Medina y Luceño, esta inexperiencia en el mundo sanitario es tenida en cuenta como otro indicio más de la estafa al Ayuntamiento.

La incompatibilidad no afecta al comisionista

La Fiscalía Anticorrupción también explora la posibilidad de que la empresa hubiera incurrido en una incompatibilidad para poder firmar contratos con la Comunidad de Madrid, y entiende que no había ningún impedimento porque la Ley de Contratos del Sector Público solo vigila las relaciones familiares entre los directivos de una empresa y el cargo público que firma el contrato, no la de los comisionistas que se encargan, precisamente, de orientar a la empresa a la hora de decidir a qué puerta llamar. Además, defiende, la presidenta de la Comunidad de Madrid no formaba parte del organismo concreto que gestionó el contrato.

Ningún familiar de Isabel Díaz Ayuso ocupa un puesto de responsabilidad en Priviet Sportive, pero el papel que jugó su hermano se queda fuera de los límites de esa ley: trabajó como comisionista y facilitador, según reconoce la propia Fiscalía, cumplió un papel fundamental para que la empresa consiguiera ese millón y medio de euros de las arcas públicas. El objetivo era que Priviet aprovechara “su experiencia y capacidad logística y financiera para realizar importaciones del mercado asiático”, dice la propia Fiscalía. Tomás Díaz Ayuso estaba en copia oculta de los correos, así que los funcionarios no sabían de su existencia pero él monitorizaba la relación entre la empresa y la Comunidad de Madrid, sin que, según la versión que se ha ofrecido a la Fiscalía y que repite la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso supiera nada del contrato.

Es decir, para que la Fiscalía hubiera considerado que Priviet Sportive no podía contratar con la Comunidad de Madrid, la empresa habría tenido que ser propiedad de Tomás Díaz Ayuso, que queda a salvo de cualquier sospecha en el escrito de Anticorrupción porque solo ejerció de comisionista. “Tendría que ser su administrador o accionista de más del 10% y, además, darse el conflicto de intereses con el órgano de contratación, que no es la presidenta de la Comunidad ni su Consejo de Gobierno”, dice la Fiscalía. La presencia de un comisionista relacionado con políticos que dirigen la Administración, por tanto, no impide a la empresa que lo contrata recibir encargos de la institución.

Tampoco hay reproche para Isabel Díaz Ayuso porque, por un lado, no hay ninguna prueba de que presionara a ningún miembro del ejecutivo regional para contratar a la empresa de la que cobraba su hermano, pero tampoco estaba en los organismos que gestionaron el contrato. “No ha intervenido en el procedimiento, habida cuenta de que el Consejo de Gobierno no es órgano de contratación en la Comunidad de Madrid”, zanja la Fiscalía.

La Fiscalía Europea sigue investigando

La vía judicial ha quedado cerrada en España después de este decreto de la Fiscalía pero la investigación sigue abierta a nivel europeo. La Fiscalía Europea, que protagonizó un sonoro enfrentamiento con el Ministerio Público español por hacerse con el control de la causa, sigue indagando en si esta compra de mascarillas al triple de precio de mercado usando fondos comunitarios pudo incurrir en algún tipo de ilegalidad.

Por el momento el organismo europeo no ha hecho públicas las diligencias e indagaciones que ha llevado a cabo durante estos meses, pero la Fiscalía Anticorrupción ha enviado algunas de las pruebas más importantes que ha recabado. “Se ha ido remitiendo a los fiscales europeos delegados, para su unión al mismo, copia de las declaraciones prestadas en estas diligencias de investigación por [diferentes testigos] y por D. Tomás Díaz Ayuso, junto con los informes de las unidades de apoyo y unidades adscritas a esta Fiscalía y diferente documentación”, explica.

El resultado de la investigación en España confirma que el hermano de Ayuso cobró de la adjudicataria de la Comunidad de Madrid una cantidad similar a la que el expresidente del PP, Pablo Casado, hizo pública, y por la que pidió explicaciones a la presidenta regional, pero según la Fiscalía no hay razón para presentar una denuncia porque no hay indicios de ilegalidad ni de que la relación de parentesco entre Isabel Díaz Ayuso y su hermano tuvieran ninguna influencia en el contrato de las mascarillas que su Gobierno adjudicó a un amigo de ambos. Ni tampoco en los pagos de este último al propio Tomás Díaz Ayuso.