Las reformas judiciales de Gallardón: entre el rechazo unánime y la marcha atrás
De colocar a un representante de cada colectivo en el imaginario edificio de la Justicia, ninguno hubiera salido a la puerta este martes a despedir a Alberto Ruiz-Gallardón. El consenso que no logró el exministro en la reforma del aborto, lo consiguió reunir en su contra con el resto de reformas que afectan a la Administración de Justicia. Hacía mucho tiempo que las asociaciones de jueces no coincidían como han hecho en las críticas a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial o a la Ley de Tasas. Secretarios judiciales, abogados y procuradores no se quedaron atrás, saliendo en algunos casos a la calle a pedir la dimisión del ministro.
Gallardón se ha ido como llegó, aludiendo a su “afán de transformación de la sociedad” como motor de su acción política. El problema parte de que la transformación que concibió para la Justicia era tan particular que no logró consenso alguno. El 20 de febrero de 2013, Gallardón comprobó la oposición frontal a sus políticas con una huelga de jueces y fiscales que no respaldaron las asociaciones conservadoras, a pesar de compartir muchos de los motivos de su convocatoria.
La mayoría absoluta del Gobierno no había supuesto a Gallardón coste político hasta ahora, pero oscuros nubarrones se empezaban a dibujar en el horizonte. El magistrado del Tribunal Constitucional elegido como ponente para elaborar el borrador sobre el recurso a la Ley de Tasas ha comenzado ya a trabajar. Si las críticas desde los distintos sectores ideológicos se trasladaran en proporción al Alto Tribunal, el texto de Gallardón tendría los días contados.
La Ley de Tasas impone la obligación de pagar para recurrir en segunda instancia de los procesos contencioso-administrativo. Las asociaciones de jueces no dudan en señalar que se pone en peligro la tutela judicial efectiva del ciudadano, amén de efectos colaterales que ya se reservan para su análisis los magistrados progresistas. Es el caso de los recursos contra las infracciones impuestas por el Ministerio del Interior, es decir, por un agente de las Fuerzas de Seguridad en aplicación de esta o de la futura Ley de Seguridad Ciudadana, la ley mordaza, como la han bautizado partidos de la oposición y movimientos sociales. Recurrir ese tipo de sanciones, cuesta dinero desde finales de 2012. El efecto disuasorio resulta evidente, tanto que los propios detractores de la ley reconocen que los juzgados se han descongestionado de forma apreciable desde la entrada en vigor de la ley. El precio, sin embargo, consideran que es demasiado alto: que los ciudadanos dejen de ser iguales ante la ley.
Otro de los escenarios de batalla con Gallardón donde se han concentrado todos los colectivos judiciales es la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. El texto preveía eliminar los partidos judiciales, con lo que los juzgados de los pueblos desaparecerían para concentrarse en las capitales de provincia. Ante el incendio causado, incluido el malestar de los cargos locales del PP, Gallardón dio marcha atrás el pasado julio. Distintas fuentes del ámbito judicial desconfían de que la Ley Orgánica del Poder Judicial vaya a salir adelante en esta legislatura.
A pesar de las promesas electorales del Partido Popular, el Consejo General del Poder Judicial que reformó Gallardón por ley perpetuó el reparto partidista de las sillas en el órgano de gobierno de los jueces. Hasta los magistrados del Tribunal Supremo criticaron en su mayoría la reforma por considerarla una injerencia clara en algunas de sus atribuciones. En la Audiencia Nacional, la animadversión no era menor: la reforma de la Ley de Justicia Universal impulsada por el Grupo Popular en el Congreso soliviantó a todos los jueces de instrucción del tribunal.
Por Real Decreto modificó el Gobierno el Registro Civil, pasando éste a los registradores mercantiles, también funcionarios pero con empresas privadas. La custodia de nacimientos, matrimonios, incapacitaciones y fallecimientos de los españoles pasaba a manos privadas, concretamente a la de los que comparten profesión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Parecía que los registradores se desmarcaban de las críticas a Gallardón, hasta el pasado verano, cuando el ministro anunció que cerraría los registros más pequeños.
Un año en el Congreso
La frustrada reforma de la Ley del Aborto, que ha conducido a Ruiz Gallardón al fin de su carrera política, no es la única que puede quedar en el dique seco. A la Ley Orgánica del Poder Judicial se puede sumar el nuevo Código Penal y el Código Procesal Penal, el nombre que el ministro quería dar a la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reforma del Código Penal cumplió el pasado sábado un año de trámite en el Congreso de los Diputados, después de 34 ampliaciones de plazo para las enmiendas. El texto original recibió duras críticas por ser laxo con los delitos económicos y la corrupción y muy duro con las nuevas formas de protesta social.
A la Cámara Baja ni siquiera ha llegado el Código Procesal Penal, una de las reformas que más demandan los jueces, obligados a instruir con un texto que data del siglo XIX. Las prioridades del Gobierno fueron otras y los plazos estipulados hicieron descartar hace meses su aprobación.
