Relator de la ONU y jefa de la Maccih hablan de independencia judicial en Honduras

 La jefa interina de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), Ana María Calderón, y el relator especial de la ONU, el peruano Diego García-Sayán, conversaron este domingo sobre la importancia de la independencia judicial en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Calderón y García-Sayán se reunieron este domingo en privado, confirmó la Maccih, que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA).

La Misión, instalada en 2016 en Honduras, indicó que para fortalecer la independencia judicial en Honduras propuso en febrero de 2018 un proyecto de reforma constitucional al Parlamento hondureño para el establecimiento de garantías de jueces y magistrados.

El proyecto se fundamenta en la sentencia del caso López Lone y otros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH ), que establece “la obligación del Estado de adoptar las medidas necesarias que permitan garantizar la estabilidad e inamovilidad de jueces y juezas y de otras garantías como mecanismo para asegurar su independencia”, según la Maccih.

La Maccih, la primera iniciativa de la OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro, señaló también que ha formulado recomendaciones en conjunto con el Centro de Estudios de Justicia de las Américas en el informe final “Propuestas para el sistema de justicia penal hondureño en el tratamiento y gestión de causas de alto impacto social y corrupción”.

El relator especial inició el viernes una visita a Honduras con una reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, y otros funcionarios del poder Judicial.

Su visita a Honduras se prolongará hasta el 22 de agosto, durante la cual se reunirá además con funcionarios del Gobierno y autoridades legislativas, fiscales, abogados, representantes de la sociedad civil y del mundo académico.

El relator “examinará los diversos problemas y amenazas a los que se enfrentan los jueces, fiscales y abogados en el ejercicio de sus funciones, así como las medidas adoptadas por el Estado para mitigar los riesgos a los que están expuestos”, indicó el miércoles la ONU.

También el impacto que la corrupción en las instituciones públicas y privadas pueda tener en la independencia judicial.

“Demasiadas personas están amenazadas o han perdido la vida en el ejercicio del derecho en Honduras, a manos de redes de corrupción y del crimen organizado, y la gran mayoría de estos crímenes permanecen impunes, lo que no se puede aceptar en absoluto en un Estado de derecho”, comentó al respecto García-Sayán.

El relator especial ya expresó hace un año su preocupación por el hecho de que la sociedad civil hubiera sido excluida del proceso de selección de un nuevo fiscal general y un fiscal general adjunto.

García-Sayán dará una rueda de prensa en Tegucigalpa el día 22 para informar de sus observaciones preliminares, y presentará un informe exhaustivo con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2020.