Un juez censura que un sindicato policial exija 'kits' protectores en plena carencia: “Creen merecer más que los demás”

El magistrado Antonio Seoane García desnuda en un auto de 18 páginas la insolidaridad de los sindicatos policiales cuando exigen, como en este caso el SUP, medidas tales como el aprovisionamiento inmediato para sus compañeros de material de protección que la situación de emergencia sanitaria evidencia que es imposible facilitarles. “Es la inhumanidad de los corporativismos, creer que el Cuerpo al que uno pertenece merece más que los demás”, afirma el titular del Juzgado de lo Social número 34 de Madrid.

El Sindicato Unificado de Policía había solicitado al magistrado dictar una medida cautelarísima para que el Gobierno aprovisionara a los agentes de ‘kits’ de protección contra el Covid-19. Los representantes sindicales alegaban el carácter de “servicio esencial” que tiene su misión y el riesgo que representa para los agentes.

García Seoane les tiene que explicar la situación de desabastecimiento existente, tanto en el mercado nacional como en el internacional, que sufre “una demanda exacerbada, incluso especulativa”. Seguidamente, alecciona al demandante sobre el carácter excepcional de una medida cautelarísima, destinada a que el objeto del procedimiento no decaiga por el tiempo que puede tardar la justicia a entrar en el fondo del asunto. Y finalmente rechaza que en este caso se dé un solo supuesto de los que establece la ley para adoptar este tipo de medidas.

Sobre la urgencia de la medida, el juez explica que aunque dictara la cautelarísima que le piden, de nada serviría, ya que es evidente que no puede obligar al Gobierno a darles un material de protección con el que no cuenta. “La presente resolución no va a incidir en absoluto en forma alguna en el salvamento de vida alguna o de la integridad física o moral de un solo policía, lamentablemente”, escribe García Seoane.

El sindicato policial invoca normativa de riesgos laborales para exponer su solicitud, pero el “supuesto de hecho” en el que nos encontramos no es una situación ordinaria sino todo lo contrario, le responde el juez. “Estamos ante una pandemia imprevista e imprevisible, con unos riesgos profesionales inexistentes habitualmente impredecibles, frente a los cuales no fue posible su evaluación en los Planes de Prevención de las Empresas, y que requieren unas medidas de protección, dentro y fuera del trabajo, que antes de la pandemia carecería de objeto en la inmensa mayoría de trabajos”.

El juez instructor retrata la petición del sindicato policial: “No es imaginable que en situación de guerra los sindicatos pidan judicialmente que se construyan refugios antiaéreos u hospitales de campaña o que se proporcionasen balas a los soldados para evitar más muertes”. Además, García Seoane acusa al SUP de recurrir a la vía de lo social por una falsa creencia de su “informalidad, gratuidad y falta de prestación de caución (fianza). Es decir, por aquellas características que constituyen sus principales virtudes y defectos”.

“El problema afecta a todos los empleados públicos”

Una muestra más de insolidaridad de los representantes policiales que expone el magistrado: “Olvida que el problema de faltas de equipos de protección no es exclusivo de la Policía sino que afecta a todos los empleados públicos que desempeñan, desempeñamos, servicios esenciales”.

García Seoane reconviene que a otros jueces que han dictado medidas cautelares porque “ahora se ven con el contrasentido de tener que ejecutar por vía de requerimiento. ”O sea -añade- volver a requerir hasta el requerimiento final en un círculo vicioso imposible de romper“. Volviendo al sindicato, el juez dice que los mandos policiales ya se estarán haciendo a sí mismos ”un requerimiento moral“ diario cuando comprueban ”las deficiencias en las que trabajan los hombres y mujeres de que son responsables“.

El magistrado reprocha al sindicato que pretenda imponer al Gobierno resoluciones administrativas “por la puerta de atrás”, es decir, “mediante la utilización de unas reclamaciones judiciales huecas, carentes de cualquier contenido”.

García Seoane detecta “una guerra sindical por hacer lo mismo que han hecho otros”, al tiempo que rechaza esas otras solicitudes sindicales que se han presentado porque únicamente pretende un reconocimiento “dogmático” de derechos que corresponde al legislador y no a un tribunal.

De tal forma, que se realizan solicitudes imposibles de satisfacer “como arma propagandística o incluso para servir a intereses políticos de desgastar al Gobierno en tan crítica situación, pasando por alto que en estas situaciones calamitosas es necesaria la unidad de dirección y que tras que el dirige hemos de situarnos todos sin reservas ni conjunciones adversativas (mas, pero, empero, sino, aunque…) o locuciones adversativas (como sin embargo, no obstante, antes bien, etc.). En ello radica el auténtico patriotismo”.

El juez García Seoane, añade en su auto: “Recordar que, en situación de guerra, en la que afortunadamente no estamos, los quintacolumnistas, los desinformadores, los que desmoralizan y desmotivan a la población civil son condenados por traición a las más graves penas por connivencia con el enemigo”.