Gira de Iglesias y 'gesto' de Sánchez en la semana clave antes del juicio al procés
El tiempo político se ha acelerado en Catalunya. En una semana, la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberán presentar sus escritos de acusación en la causa abierta contra los líderes del proceso independentista. El Tribunal Supremo hizo público el auto de apertura de juicio oral este jueves. Un día antes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, deslizó en la tribuna del Congreso que lo ocurrido entre el 1 y el 27 de octubre del año pasado en Catalunya no se puede considerar rebelión. La semana anterior el líder de Podemos, Pablo Iglesias, había programado una gira que le llevó a reunirse con Oriol Junqueras en la cárcel, con el lehendakari, Íñigo Urkullu y a hablar por teléfono con Carles Puigdemont.
El Gobierno lanzó varios gestos en las últimas horas, consciente de que el auto del Supremo abriendo juicio contra los independentistas estaba al caer. No solo fue Sánchez en el Congreso, la vicepresidenta, Carmen Calvo, calcó el argumento este jueves durante una entrevista en Onda Cero en la que vino a decir que para acusar de rebelión es necesario el uso de “la fuerza militar e instrumentos coercitivos” que no se han dado en Catalunya.
Fue solo un par de horas antes de que el Supremo publicitase el auto de apertura de juicio oral en el que da cinco días hábiles a las acusaciones para pronunciarse sobre los delitos que imputan a los políticos presos. La fecha tope para que se conozca la posición de la Abogacía del Estado y, sobre todo, de la Fiscalía es el próximo 2 de noviembre, en pleno puente. De cómo enfoquen las acusaciones públicas su escrito pueden depender los Presupuestos Generales del Estado para 2019.
El Ejecutivo había manifestado públicamente su escrupuloso respeto por las decisiones judiciales y la independencia de la Fiscalía, más allá de algunos pronunciamientos de ministros sobre la incomodidad de que los líderes secesionistas se encuentren en prisión. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, había dicho ya que “lo razonable” es que salgan de esa situación si el juicio de alarga.
Pero Sánchez esperó al final de su comparecencia en el Congreso el pasado miércoles para hacer lo que se ha interpretado como su primer gesto hacia ERC y PDeCAT, que esperan que el Ejecutivo pase de las palabras a los hechos. Ambos partidos que le reclaman que interfiera para que la Fiscalía y la Abogacía del Estado retiren las acusaciones de rebelión. El presidente deslizó que ese delito se atribuye a hechos con violencia promovidos por militares. Una idea que repitió Calvo en Onda Cero.
Lo hizo en un momento confuso, entremezclado con un rapapolvo al conservadurismo de un PP al que los socialistas sitúan ya en la ultraderecha. Pero fuentes del Palacio de la Moncloa confirman que la frase no fue improvisada. Fue premeditado.
Sánchez había recurrido la víspera al jurista de cabecera del PP durante décadas, Federico Trillo, para recordar que en 1994 defendían que el delito de rebelión debía implicar la presencia de militares.
La vicepresidenta abundaba este jueves en esa teoría que los socialistas habían dejado congelada desde mayo. Entonces propusieron reformar el Código Penal para “adecuar” la tipificación de la rebelión “al siglo XXI”, lo que suponía admitir implícitamente que, al no existir violencia en el procés, esa acusación era dudosa. Calvo, en su entrevista, lo dejaba claro al recordar que un tribunal alemán rechazó extraditar a Carles Puigdemont a España por el delito de rebelión.
La vicepresidenta deslizaba además otra idea. Calvo recordaba que, hasta ahora, no ha habido ningún pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre el procés: “Cualquier pronunciamiento será el primero, no habrá cambio [en su posición] porque es el primero que conocemos, incluido el Gobierno”.
“Un gesto de categoría”
Moncloa intenta hacer malabares y tras lanzar esos mensajes premeditados pretende ahora un perfil bajo sobre el gesto de Sánchez. “Respeto a las decisiones judiciales”, es la instrucción que ha salido de Presidencia del Gobierno en las últimas horas. La portavoz parlamentaria y vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra, también ha evitado pronunciarse sobre el asunto: “No compete ni al PSOE ni al Gobierno tipificar los delitos”.
“No sé si es el gesto que pedían los independentistas”, señalan fuentes socialistas a eldiario.es sobre las palabras de Sánchez. Tanto ERC como PDeCAT quieren que el Gobierno inste directa y públicamente a la Fiscalía a retirar las acusación de rebelión y de sedición sobre los procesados. De ser condenados por estos delitos, podrían enfrentarse a varias décadas de prisión.
De momento, la Fiscalía General del Estado, que preside María José Segarra, ya sabe que ni el presidente ni la vicepresidenta del Gobierno creen que pueda atribuirse a los dirigentes independentistas encarcelados el delito de rebelión, el que conlleva un castigo más duro en el Código Penal.
La recepción de la palabras de Sánchez en el independentismo fue cambiando. De la frialdad de las primeras horas a un cierto alivio a la mañana siguiente cuando la mayoría de la prensa catalana destacaba en portada el mensaje. El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, interpretó el jueves que el presidente señalaba en la tribuna del Congreso que “no hay delito de rebelión”.
Su homólogo de ERC, Joan Tardá, fue más comedido. El partido republicano tiene en prisión a su presidente, Oriol Junqueras. Con él se reunió el viernes pasado Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos ya fue el primer líder político de ámbito estatal que visitó en la cárcel a uno de los principales rostros del movimiento independentista, Jordi Cuixart. Y, de momento, es el único que se ha entrevistado también con Junqueras.
El papel de Iglesias
Iglesias estuvo dos horas en Lledoners para una reunión de la que salió muy contento, según las fuentes consultadas por eldiario.es. Iglesias señalaba a la salida que “si la gente se conociera más, se odiarían menos”. Y lanzaba un mensaje a Sánchez: “Ahora quien tiene que moverse es el Gobierno”.
El secretario general de Podemos habló dos días después con el expresident Carles Puigdemont. El líder de Junts pel Cat, fugado en Bélgica, le pidió una reunión presencial, pero este la ha rechazado categóricamente. Aún así, en un gesto que ha incomodado a ERC, Iglesias sí ha reconocido a Puigdemont como un “interlocutor” válido, en un momento en el que el independentismo parece más cerca de la ruptura total que de rearmar una propuesta electoral unitaria.
Iglesias cerraba su periplo el lunes en Vitoria, donde se reunió con el lehendakari, Iñigo Urkullu. El papel de mediación con los partidos catalanes del PNV y del presidente vasco fue incapaz de impedir la declaración unilateral de independencia. Pero durante mucho tiempo ha sido la única vía abierta de comunicación entre el Gobierno central y Govern.
El gesto de Sánchez, a quien Pablo Iglesias ha mantenido informado de sus reuniones, se produjo precisamente en una réplica al portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban.
El diputado vasco se sienta al lado de Iglesias. Cuando el presidente del Gobierno bajó de la tribuna, ambos comentaron inmediatamente sus palabras sobre el delito de rebelión. Otro indicio de que no eran gratuitas.
Que Iglesias informara a Sánchez, no obstante, no implica que haya actuado como su enviado. Tanto desde Podemos como desde el Gobierno se ha desmentido rotundamente que las reuniones formen parte de ningún plan urdido en La Moncloa entre ambos líderes.
En Catalunya se da por improbable que Junqueras y el resto de imputados en la causa sean absueltos. Fuentes de ERC aseguran que, durante la reunión con Iglesias, el líder republicano asumió su destino como algo casi inevitable: “Si hay que estar años en la cárcel, estaremos. Y saldremos más fuertes”.
Este jueves con el auto de apertura de juicio a los dirigentes independentistas se abre también un nuevo escenario para la política catalana y española. El siguiente capítulo lo escribirán la Fiscalía y la Abogacía del Estado con las acusaciones -también Vox deberá pronunciarse- esta misma semana. Será el comienzo del juicio más determinante que se ha celebrado en España en las últimas décadas.
