Margarita Robles evita aclarar si venderá las bombas a Arabia Saudí y lo desvincula del contrato de las corbetas
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha evitado esclarecer este lunes qué ocurrirá con las 400 bombas de precisión láser fabricadas en España que esperan a ser recogidas por Arabia Saudí. Robles las ha equiparado con el resto de programas que no han sido impulsados desde el Gobierno socialista en los 100 días que lleva al mando del Ejecutivo. “Está en trámite de estudio, paralizado, parado, como ustedes quieran llamarlo. La obligación del Ministerio de Defensa es estudiar todos y cada uno de los contratos, sean de satélites o de venta de bombas a determinados países”, ha declarado en su comparecencia ante la comisión de Defensa del Senado.
Robles ha criticado a aquellos que han querido vincular el contrato de las bombas al de las cuatro corbetas que Navantia produce para la monarquía saudí. “A este Gobierno y a esta ministra le resulta profundamente irresponsable que se pueda introducir el miedo en el cuerpo a los trabajadores de Navantia en San Fernando”, ha afeado, exponiendo que el programa para vender las 400 bombas “no va vinculado a otros contratos”.
“No quiero pensar que sea de carácter electoralista”, ha conjeturado. “Este Gobierno no va a dejar en la estacada ningún empleo. Ni en Navantia, ni en ningún sitio”, ha repetido la ministra en varias ocasiones. También ha recordado los “4.200 millones de euros” que el nuevo Gobierno “ha desbloqueado” en varias inversiones militares, como el lanzamiento de satélites, modernización de helicópteros o el submarino S-80. Este último, como el de las fragatas F-110 (del que ha dicho que “está a punto de salir”), muy relacionados con la creación de carga de trabajo para Navantia, cuya viabilidad “no depende de la construcción de cuatro o cinco corbetas”.
La titular de Defensa ha comunicado que la venta de las bombas, el mismo tipo de armamento que Arabia Saudí ha utilizado para cometer crímenes de guerra en Yemen, sigue “en estudio”. Esto contradice la información publicada en un principio por la Cadena Ser y confirmada a este medio por el Ministerio, que hablaba de que la decisión de anular el contrato estaba tomada e incluso se habían iniciado los trámites para devolver los 9,2 millones de euros que Arabia Saudí pagó por las armas.
El objetivo del “estudio” que ahora lleva a cabo el Ministerio sobre los programas que no han sido aprobados directamente por el Ejecutivo socialista, Robles ha informado que el Gobierno aún debe fijar sus “prioridades”. Ha explicado que cualquier decisión se tomará “en relación a la carta de Naciones Unidas y sus resoluciones” y que si finalmente la venta de las bombas se cancela, se hará en un “marco de concordia”: “Arabia Saudí es un país serio desde el punto de vista comercial”, ha enfatizado.
Decisión unilateral inesperada
Decisión unilateral inesperadaLa decisión de paralizar esta venta de armas se conoció a través de la Cadena Ser hace justo una semana, a última hora del lunes 3 de septiembre. Pilló de sorpresa a buena parte del equipo más cercano a Robles, que en ese momento aterrizaba con ella tras hacer una vista oficial a las unidades de la legión acuarteladas en Ronda. De hecho, aunque este medio logró corroborar la información poco después, las principales agencias de noticias no pudieron hallar una confirmación oficial por parte del Ministerio hasta el día siguiente.
Según explicó Defensa, el contrato se había paralizado por el riesgo de que las armas fueran utilizadas contra la población civil en Yemen, donde los saudíes encabezan una campaña de bombardeos que ha provocado una catástrofe humanitaria sin precedentes. Como han atestiguado organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, y corroborado más tarde Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, las bombas de precisión que España se disponía a vender son del mismo tipo que las que la coalición árabe ha comprado a otros países (EEUU, Reino Unido y Brasil) y utilizado para bombardear infraestructuras como hospitales y plantas de agua en territorio yemení.
Además de una recomendación de las instituciones citadas, vetar ventas de armamento a países en la situación de Arabia Saudí es un imperativo de la ley española. Sin embargo, el equipo de Presidencia y el Ministerio de Exteriores tampoco estaban al tanto de los planes de Robles. Sin esperarlo, tuvieron que gestionar el malestar de la monarquía saudí, que ya había desembolsado los 9,2 millones de euros pactados en 2015. La situación derivó en una crisis interna en el Gobierno socialista hasta que la Portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, desdijo a Robles y aseguró el viernes que se trataba solo de una “declaración de intenciones”.
Tras la rectificación, varias ONG han pedido a Margarita Robles que se mantenga firme en su decisión de no exportar las bombas. En una carta pública que han enviado al Ministerio, estas organizaciones piden que mantenga a España al lado de países como Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Noruega o Finlandia, que también han tomado medidas que restringen el comercio de armamento con Arabia Saudí.
