Sánchez apoya a Iglesias después de que el juez pida al Supremo que lo investigue mientras el PP sale en tromba a exigir su dimisión

El Gobierno de coalición respalda a su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya pedido al Tribunal Supremo que abra una investigación contra el secretario general de Podemos por hasta tres delitos. Los ministros de Unidas Podemos han defendido a su jefe de filas, pero también lo ha hecho la parte socialista del Ejecutivo, con el presidente, Pedro Sánchez, a la cabeza. Desde la oposición, el PP y Vox han reclamado la dimisión de Iglesias o su destitución por parte del jefe del Ejecutivo, mientras Ciudadanos se ha limitado a reclamar que el líder de Unidas Podemos dé explicaciones en el Congreso.

Sánchez ha expresado este miércoles su apoyo a Iglesias y ha asegurado que no se encuentra preocupado tras la decisión del juez que instruye el caso Villarejo, Manuel García-Castellón. En una conversación informal con los periodistas minutos antes de tomar un avión rumbo a Argelia para una visita oficial, Sánchez ha querido dar respaldo a su vicepresidente segundo, al tiempo que ha subrayado su absoluto respeto por las decisiones judiciales, informa la agencia Efe.

Sánchez ha confirmado que ya ha hablado con Iglesias, aunque no ha querido desvelar el contenido de esa conversación ni hacer más comentarios sobre las consecuencias políticas o para la estabilidad del Gobierno que podría tener la apertura de ese proceso judicial contra su vicepresidente.

Unos minutos antes era la ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, quien mostraba “todo el apoyo” del Gobierno a su vicepresidente segundo. El Ejecutivo sigue la senda de cierre de filas con Iglesias desde el inicio del periplo judicial de la pieza Dina del caso Villarejo que instruye la Audiencia Nacional. La consigna en las filas socialistas es esa: aguantar y no adelantar acontecimientos dadas las vueltas que ha dando la causa desde que se abriera después de que la Policía encontrara hasta tres copias de la tarjeta del móvil de Dina Bousselham en sendos dispositivos electrónicos en la casa del excomisario, investigado por integrar una organización criminal. 

“Respetamos la justicia”, ha expresado Montero en una declaraciones a los periodistas en el Senado. Sobre lo que no ha querido pronunciarse es por la petición de cese de Iglesias que rápidamente ha exigido el PP, informa la agencia Efe: “Nada más que añadir, hay que dejar actuar a la justicia y el vicepresidente sabe que tiene todo nuestro apoyo”. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que el caso de Iglesias “no tiene nada que ver” con otros procedimientos judiciales del PP. Robles, que es de las ministras que tiene menos simpatías hacia Unidas Podemos ha recordado que la presunción de inocencia es “para todos”.

En una entrevista en el 24 horas de TVE, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha insistido en que no tienen ninguna “inquietud” respecto a la situación judicial de Iglesias y ha recordado que la causa no tiene “nada que ver” con su actual labor en el Ejecutivo. Lo que no adelantado la dirigente socialista es qué haría el PSOE si se diera el caso de que el suplicatorio llegara al Congreso. “No vamos a adelantar acontecimientos”, ha aseverado la vicepresidenta, que ha apostado por “esperar a los tiempos de la justicia”. Calvo también ha insistido en el que el proceso judicial no tiene ninguna relación con el “cargo” de Iglesias en el Gobierno.

PSOE y Unidas Podemos creen que el auto no es una casualidad

La decisión judicial ha caído, eso sí, como un jarro de agua fría en el Gobierno al coincidir con la puesta de largo del plan de recuperación económica que se ha presentado este miércoles. El juez de la Audiencia Nacional ha comunicado a los periodistas su decisión en mitad de la intervención del presidente del Gobierno. Fuentes consultadas tanto en el PSOE como en Unidas Podemos coinciden en que no se trata de una casualidad. Algunos también apuntan a que el enfrentamiento abierto entre el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial por los recientes nombramientos aprobados por este último, en funciones desde hace un año.

Aún así, la mayoría de dirigentes y cargos socialistas consultados por elDiario.es han optado por la prudencia e incluso el silencio sobre el asunto que miran, no obstante, con distancia a la expectativa del devenir de la causa. Algo que contrasta con la defensa realizada por ministros y dirigentes de Unidas Podemos. Entre los primeros destacan los de Yolanda Díaz y Alberto Garzón. La ministra de Trabajo se ha mostrado “muy confiada” en la inocencia de Iglesias. “Conozco muy bien a Pablo Iglesias y estoy muy tranquila y muy confiada en su inocencia. El tiempo, como siempre, hablará”, ha señalado en una entrevista en ETB recogida por Europa Press.

El titular de Consumo, por su lado, ha respaldado a Iglesias en Twitter, en un mensaje que recoge el momento en el que Podemos e IU, la organización que lidera Garzón sellaron su alianza electoral en 2016.

También desde el Ejecutivo la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha cargado contra García Castelló. En una entrevista en La Sexta, Rosell, jueza en excedencia que tuvo que dimitir como diputada tras ser imputada por el Supremo por una denuncia de otro juez que acabó condenado, ha comparado el caso de Iglesias con el suyo y ha dicho estar “atónita con la resolución”. “Calvente [el exabogado de Podemos en cuya declaración basa el magistrado de la Audiencia Nacional su acusación] tiene la credibilidad del juez Alba. Me extrañaría que la Sala de lo Penal del Supremo tropezara dos veces en la misma piedra”.

En su opinión, la exposición de García Castellón tiene “defectos bastante impresionantes” como la acusación de un delito de denuncia falsa que, ha dicho, “no se puede perseguir hasta que se archive el caso denunciado”. O el de revelación de secretos, que “requiere denuncia previa de la víctima”.

En Podemos han recibido con estupor la información. “No damos crédito”, sostienen desde la formación, que recuerda que “hace unos días la Audiencia Nacional reclamó a García Castellón que le devolviera la condición de perjudicado a Pablo Iglesias, y el juez responde pidiendo al Supremo que se le investigue”.

Petición de dimisión de PP y Vox

Desde la oposición, el PP y Vox han reclamado la dimisión de Iglesias o su destitución del Gobierno. “Debe cumplir la misma vara de medir que exigía en su moción de censura”, ha señalado en un mensaje en Twitter.

Casado hace una referencia a la moción de censura que acabó con el Gobierno de Mariano Rajoy en 2018. Esta se produjo después de que la Audiencia Nacional condenara al Partido Popular por lucrarse gracias a la trama Gürtel. En este caso, y mientras el Tribunal Supremo no se pronuncie, Iglesias y las demás personas que el juez pide al alto tribunal que investigue no están imputadas.

Otros dirigentes destacados del PP, como el secretario general, Teodoro García Egea; la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra; o la vicepresidenta segunda del Congreso, Ana Pastor, también han difundido este mensaje.

Desde Vox han asegurado que la decisión del magistrado García Castellón es otro motivo para la moción de censura que se debatirá en las próximas semanas en el Congreso. “No dimitirá, como dijo que haría”, aseguran desde el partido que lidera Santiago Abascal. La formación de extrema derecha se basa en unas declaraciones de Iglesias en las que dijo que dimitiría en caso de que se abriera juicio oral, algo que todavía no ha ocurrido.

Por su parte, Ciudadanos no ha ido tan lejos y se ha limitado a reclamar que Iglesias comparezca en el Congreso para dar explicaciones. Su portavoz parlamentario, Edmundo Bal, ha criticado la figura del aforamiento, que obliga a que sea el Tribunal Supremo quien juzgue a los diputados.