El sector conservador del Poder Judicial fuerza otro pleno extraordinario sobre la reforma de PSOE y Podemos que le quita competencias

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá el próximo jueves en un pleno extraordinario para “debatir” sobre la “situación generada” tras la decisión de la Mesa del Congreso —con los votos de PSOE y Unidas Podemos— de no permitir que el órgano de gobierno de los jueces se pronuncie sobre la reforma que restringe su capacidad para nombrar jueces con el mandato caducado, como ocurre en la actualidad desde hace más de dos años. El pleno, que se celebrará a instancias de la mayoría conservadora, prevé “adoptar las medidas correspondientes en función de las conclusiones del debate”. 

Se trata de la segunda reunión extraordinaria que se celebra sobre esta reforma, que es la opción por la que ha apostado el Gobierno para forzar la renovación del órgano ante el bloqueo del PP. En esta ocasión, el pleno estará centrado en la respuesta negativa que el CGPJ ha obtenido de las reclamaciones que acordó el pasado 17 de diciembre, cuando dieciséis de los 21 miembros del Pleno —los once conservadores y cuatro progresistas, más el presidente, Carlos Lesmes— acordaron solicitar al Congreso que recabara su informe y el de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa antes de aprobar esa proposición. Los otros cinco vocales, todos de la minoría progresista, pidieron la dimisión en bloque del Consejo para forzar su renovación. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 561.1 que se someterán a informe del CGPJ los anteproyectos de ley y disposiciones generales que versen sobre modificaciones de la norma que regula el Poder Judicial. Sin embargo, esta reforma se ha planteado como proposición de ley de los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos, una modalidad que no requiere ese control previo. La Mesa del Congreso acordó el pasado 13 de enero rechazar esa solicitud, que también había realizado el PP.

En esa misma reunión, el órgano de gobierno de la Cámara acordó también la tramitación por la vía de urgencia de esta reforma, lo que implica reducir todos los plazos a la mitad. Esa reforma, respaldada por la mayoría reforzada de la investidura, tiene como objetivo impedir que un Consejo interino pueda hacer nombramientos discrecionales como los que prevé seguir haciendo en el Pleno del próximo 28 de enero. Ya son 61 desde diciembre de 2018, cuando expiró su mandato.

En un comunicado, la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia, la tercera en representación en la carrera, ha mostrado este lunes su desacuerdo con la “actitud” de los diez vocales que han solicitado la celebración de este pleno extraordinario. Este colectivo está de acuerdo en que se limite la actividad del CGPJ en funciones igual que se hace con el resto de órganos constitucionales e insta a “tomar decisiones” que reviertan la situación actual de “bloqueo” a su renovación.