La Junta Directiva de la SGAE ha decidido hoy cesar a su secretario general, Pablo Hernández, tras las informaciones publicadas que le relacionan “con un posible conflicto de intereses por actividades realizadas antes de la constitución de la actual Junta”.
En una reunión extraordinaria, la Junta ha adoptado esta decisión después de que el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores, José Luis Acosta, advirtiera de las informaciones que aseguran que Hernández asesoró a Kiss FM en un conflicto contra Onda Cero, que tuvo que indemnizar a la cadena de Blas Herrero con 205 millones de euros.
Según ha señalado la SGAE en un comunicado, se ha producido un debate entre los miembros de la Junta, el cual ha finalizado con una votación que ha aprobado el cese de Hernández, quien prestaba sus servicios en la entidad desde 1996, con el objetivo de “asegurar la honorabilidad, transparencia y buen funcionamiento de la sociedad”.
Hernández ya había sido relevado el pasado mes de diciembre de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la SGAE.
Además, un socio de la SGAE, cuya identidad no se ha dado a conocer, ha presentado una denuncia contra Hernández por falsedad, estafa y apropiación indebida y delito societario, una demanda a la que hoy se ha unido la Asociación de Compositores y Autores de Música (ACAM), que también se personará como acusación particular.
La demanda, presentada hoy en el registro del Juzgado Decano de Madrid, incluye a Carmen Cabezas Maya y a la entidad Inmoconsulting Collado S.L., según un comunicado de ACAM.
Además, la Junta Directiva de la ACAM “subraya la responsabilidad subsidiaria de los órganos de gobierno de SGAE”.
ACAM “estima que la gestión de la presente Junta Directiva, presidencia y dirección general de SGAE” han llevado a la sociedad a “una situación sin precedentes en su historia”.
Y por ello “exige la depuración de responsabilidades inmediatas en los ámbitos jurídicos competentes y que investiguen además los irregulares repartos de unos 130 millones de euros”.
Así como “la desamortización de la red de teatros Arteria, la irregular captación de votos para la Asamblea General del 20 de junio de 2013, la filtración de datos de los socios de SGAE a los medios de comunicación o la caída de la recaudación debido a las rebajas de casi un 40 % a algunos usuarios”, entre otros asuntos.