Los socios del Gobierno allanan el final de la legislatura y muestran su disposición para apoyar los Presupuestos

Tras superar varios períodos de vaivenes en la relación con sus socios parlamentarios, el Gobierno se dispone a vivir un final de legislatura en el Congreso con menos turbulencias de las previstas. Esta semana el Ejecutivo de coalición presentaba el borrador de Presupuestos que deben entrar en vigor el próximo 1 de enero y que, a partir de ahora, se negociarán con las formaciones del Congreso que han de respaldar esas cuentas. Y la sensación en el Gobierno es que, contra todo pronóstico, podría tratarse de una negociación incluso menos conflictiva que la de años anteriores. 

Desde la Moncloa siempre han insistido en que una de las prioridades políticas de la legislatura era recuperar la “normalidad institucional” tras los últimos años de gobiernos del PP en los que la prórroga de las cuentas fue recurrente (se prorrogaron cuatro veces en cinco años y las de Cristóbal Montoro se convirtieron en las más longevas de la historia por la inestabilidad política protagonizada por repeticiones electorales). De sacar adelante los nuevos Presupuestos, el Ejecutivo habría cumplido con su compromiso de aprobarlos “en tiempo y forma” prácticamente toda la legislatura, a excepción del año 2020. Y las expectativas a día de hoy son que podría conseguirlo sin demasiados sobresaltos. 

En Hacienda han dejado siempre claro que los Presupuestos no llegarían al Congreso hasta que no existiesen garantías por parte de los socios de que saldrían adelante, para evitar una situación como la de 2018, cuando la enmienda a la totalidad de ERC tumbó las expectativas de Sánchez y condujo a un adelanto electoral. Ahora el Gobierno ha recibido buena  predisposición por parte de los aliados parlamentarios en una ronda de reuniones a modo de toma de contacto que se produjo justo antes de las vacaciones de verano. En esas conversaciones no se detallaron partidas ni cuantías, y ni siquiera se llegó a entrar al detalle de las prioridades de cada grupo. Pero a nivel político, desde el Ejecutivo se pudo constatar algo importante: la totalidad de los socios habituales confirmó estar por la labor de consolidar la cooperación con el Gobierno en la recta final de la legislatura y no por complicar las cosas. 

Cuando se aprobaron las cuentas de 2022 hace justo un año, entre algunos grupos parlamentarios existía la sensación de que podían ser las últimas. El frenético calendario electoral de 2023 dibujaba un horizonte de eterna campaña que amenazaba con enredar aún más las ya de por sí complejas alianzas parlamentarias del Ejecutivo. Pero la conclusión política a estas alturas es que, al igual que a los partidos del Gobierno, a ninguno de sus socios les conviene en estos momentos agitar el avispero de un posible final de legislatura accidentado con las derechas cotizando al alza en todas las encuestas. 

Aún así, los de Pedro Sánchez asumen que las negociaciones requerirán su esfuerzo y su tiempo, y que habrá grupos que lo pondrán más difícil que otros. Aliados parlamentarios como EH Bildu o Más País ya se han mostrado públicamente partidarios del apoyo a unas cuentas que han calificado de positivas. Los independentistas vascos, que se han convertido en uno de los socios más fiables para el Ejecutivo desde el principio de la legislatura, han pedido tiempo para analizar el borrador pero han adelantado su predisposición favorable: “Parece que el Gobierno ha intentado imprimir un marcado carácter social, el cual debemos ahora analizar si se traduce en políticas eficaces para la ciudadanía frente a la situación de crisis actual. Ahora, y tras mantener los primeros contactos, esperamos iniciar las negociaciones para trasladar nuestras propuestas y comenzar a debatir sobre las cuestiones que consideramos prioritarias para la ciudadanía vasca”, plantean desde el grupo parlamentario. En el mismo sentido se expresó esta semana el portavoz de Más País, Íñigo Errejón, que aseguró que, en principio, “suena bien la música” y se alegró de que el Gobierno haya asumido medidas que su grupo lleva tiempo reclamando.

Como cada año y como resulta habitual para las negociaciones más relevantes de la legislatura, los huesos más duros de roer para Pedro Sánchez serán ERC y PNV, algo que intentan normalizar los socialistas. “ERC costará más trabajo y el PNV costará más dinero”, resume un dirigente del PSOE ya curtido en estas conversaciones. En las últimas semanas el líder de la formación jeltzale ha elevado la presión para que se aceleren los traspasos pendientes. Con los republicanos el contacto es permanente y no solo a nivel parlamentario. 

ERC, un socio estable pese a la guerra con Junts

Desde Madrid se mira atentamente el terremoto que ha sacudido al Govern de la Generalitat por el enfrentamiento entre socios independentistas que este viernes provocó la salida de Junts del Ejecutivo autonómico tras la consulta a la militancia, y que podría acabar otorgando al PSC de Salvador Illa un papel fundamental en la gobernabilidad de Catalunya. Un movimiento que estrecharía aún más los lazos de cooperación política entre los socialistas y los republicanos también en el Congreso. No obstante, nadie quiere hablar por ahora de un hipotético intercambio de apoyos porque sostienen que en Catalunya son fuerzas competidoras. Lo que descartan en Moncloa es que la crisis de los republicanos y Junts pueda afectar negativamente a las relaciones en Madrid. “Parece que no está en eso el president. Está manteniendo su posición”, señalaba esta semana una ministra sobre la posibilidad de que a Pere Aragonès le temblaran las piernas por la presión de sus socios. 

En el PSOE ya tienen sobre la mesa desde hace meses la hoja de ruta que querría transitar ERC a cambio de un apoyo presupuestario. “Ellos ya saben perfectamente lo que nosotros planteamos”, aseguró Gabriel Rufián hace unos días en el Congreso. Los independentistas catalanes llevan tiempo insistiendo a la Moncloa en la necesidad de afrontar “la desjudicialización del conflicto catalán”, una demanda sobre la que se lleva tiempo discutiendo y que giraría en torno a una posible reforma legal del delito de sedición, entre otras cosas. En público, desde Esquerra se opta por la prudencia y se limitan a señalar que se trata simplemente de “poner justicia donde hay injusticia”. 

El Ejecutivo de Sánchez se comprometió en la última reunión de la mesa de diálogo celebrada en julio a impulsar reformas legales para la denominada ‘desjudicialización’ del conflicto político catalán antes de que acabe el año. En Moncloa reconocen que el asunto está por ahora “muy verde”. Los socialistas también tienen sus propios equilibrios dado que la relación con los independentistas genera tensiones en territorios como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha, donde el PSOE tiene importantes graneros de voto. En todo caso, la cúpula de Sánchez enfatiza que la situación tanto en Catalunya como de Catalunya con el resto de España no tiene nada que ver con la que se atravesó hace cinco años por lo que esperan que no les pase tanta factura. Algunos barones, especialmente Emiliano García-Page y Javier Lambán, sí temen que las alianzas con ERC o EH Bildu afecte a su electorado. 

El Gobierno también tiene reclamaciones pendientes del PNV. Afamados por su dureza negociadora, los nacionalistas vascos ya han mandado estos días un aviso a navegantes: para hablar en serio de los nuevos Presupuestos hay que resolver antes los compromisos adquiridos en su día por el Gobierno central y que siguen bloqueados. En su inmensa mayoría se trata de políticas que tienen que ver con el autogobierno, como los traspasos de competencias de Salvamento Marítimo, Ordenación del Litoral o, lo que parece más viable, de Cercanías. Una operación en la que Renfe lleva trabajando al menos un año. “Hay muchos gestos que se pueden hacer si se quiere y, además, se pueden hacer rápido”, insinuó el portavoz parlamentario, Aitor Esteban, esta semana en el Congreso. 

Además, hay grandes leyes pendientes que para muchos de los aliados de Sánchez resultan fundamentales y que podrían abordarse en las negociaciones de Presupuestos. Es el caso de la ley de vivienda y la ‘ley mordaza’. En el caso de la primera, el bloqueo es absoluto a ojos de los aliados parlamentarios, aunque en el PSOE son más optimistas. Especialmente sensible para ERC, que defiende además el despliegue que supuso la ley catalana para la defensa del acceso a la vivienda, el Ejecutivo se muestra abierto a intentar el desbloqueo a pesar de que el choque no es menor: al igual que Unidas Podemos, formaciones como ERC y EH Bildu exigen que el control de precios de los alquileres afecte a las viviendas de todo tipo de propietarios y no solo a los grandes tenedores (a partir de diez inmuebles) como propone el texto actual. 

El argumento en contra de los socialistas es que poner topes a los pequeños propietarios puede constreñir el mercado porque no les compense sacar las viviendas al alquiler. Por eso apuestan por un sistema de beneficios fiscales a ese grupo de propietarios. En el ministerio que dirige Raquel Sánchez aseguran que, a pesar de que no hay avances en ese punto concreto, los ha habido en otros asuntos y ven margen  para el desbloqueo definitivo. 

Sobre la ley mordaza sí hay avances significativos según varios portavoces parlamentarios, y algunos de ellos muestran su optimismo con la posibilidad de que haya fumata blanca antes de final de año. Los principales escollos son la prohibición del uso de pelotas de goma, que es una exigencia de ERC, y que en el Gobierno consideran que debe permanecer con un protocolo de actuación que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre su uso. De hecho, fuentes gubernamentales recuerdan que los mossos d’Escuadra, que dependen de la Generalitat, no tienen prohibida su utilización. El otro punto conflictivo son las devoluciones en caliente. El PSOE siempre había dicho que esperaría a las resoluciones judiciales al respecto y tanto el Tribunal Constitucional como Estrasburgo han avalado las actuaciones en la frontera. La apuesta de los socialistas es separar ese punto de la ‘ley mordaza’ y llevarlo a la de extranjería para sortear el encontronazo con los socios, que en el caso de la norma de seguridad ciudadana son fundamentales.