'Son Espases', la macroinvestigación que vinculó a Baleares con la financiación ilegal del PP

Contrataciones a dedo, minuciosas maniobras fraudulentas, prevaricaciones o subordinados manejados cuales “títeres complacientes”, en palabras de la Fiscalía Anticorrupción. La mayor obra pública de Baleares, el hospital de Son Espases –centro sanitario de referencia en las islas–, no estuvo exenta de lo que durante décadas se convirtió en el archipiélago en el cimiento de grandes acuerdos y licitaciones. En el caso de Son Espases, sin embargo, la “perversión” alcanzó “su máximo exponente”, como puso de manifiesto el exfiscal Pedro Horrach en la querella que dio origen a la macrocausa impulsada en torno a la concesión de estas obras. Los tentáculos de estas pesquisas llegaron, incluso, a la sede nacional del PP y entre los miles de folios de su sumario asomaron nombres como los de Florentino Pérez, Juan Miguel Villar Mir y Luis Bárcenas.

Esta semana el Tribunal Supremo se pronunciaba sobre los entresijos que se tejieron tras las cortinas de la adjudicación de Son Espases, cuya investigación constituye una de las cerca de quince causas que fueron abiertas contra el expresidente balear Jaume Matas por su gestión, durante la legislatura 2003-2007, al frente del Govern balear. El alto tribunal ratificaba la última de las condenas –en esta ocasión, de diez meses de cárcel y otros diez de inhabilitación– impuestas al exmandatario del PP, quien desde agosto de 2020 se encuentra en régimen de tercer grado tras cumplir en prisión dos años y cuatro meses derivados de su condena por el caso Nóos así como por el pago de 1,2 millones de euros públicos al arquitecto Santiago Calatrava por el anteproyecto de un palacio de la ópera en la bahía de Palma que nunca llegó a ver la luz.

El lujoso modus vivendi de Matas y su empeño por la construcción en tiempo récord de megalómanas infraestructuras cuyos sobrecostes acabarían años después en los tribunales marcaron prácticamente todo su mandato como presidente autonómico, cargo que asumió respaldado por la mayoría absoluta obtenida por su partido en 2003 tras su singladura como ministro de Medio Ambiente bajo el mandato de José María Aznar.

Entre todas las causas que acabaron siendo incoadas con el ex presidente del PP balear como denominador común de todas ellas, el caso Son Espases se erigió en el “paradigma” de una gestión en la que “con demasiada frecuencia” se amoldaron, en palabras del exfiscal Horrach, intereses económicos y políticos “en una espiral donde el interés público fue la última razón a considerar”.

La misión del juez Castro

El exjuez José Castro, principal azote de la corrupción del Gobierno de Matas, tenía ante sí una nueva misión cuando llegó a su mesa la querella –otra más– de la Fiscalía Anticorrupción: desentrañar qué había sucedido tras la adjudicación de la mayor infraestructura pública de Baleares, una licitación que se paralizó a la mitad, cuando las sospechas de un posible amaño comenzaron a aflorar –con la secretaria de la mesa de contratación abocada a dimitir asegurando que “nunca” había visto nada igual–, y cuya tramitación se seguía con lupa desde Génova, tal y como asegurarían varios de los testimonios que desfilaron ante el magistrado.

Para más inri, grandes empresarios, entre los que se incluía el magnate Bartolomé Cursach, se habían hecho con los terrenos anexos al lugar en el que había sido proyectada la construcción de Son Espases. “Por motivos obvios”, según Horrach. Cursach aseguraría años después que desconocía que en esa zona fuese a ser levantado un hospital. “No compré la finca para sembrar patatas, sino porque pensé que Palma iba a seguir creciendo por ahí”, espetaba.

La construcción y explotación del complejo hospitalario, tras un largo proceso plagado de vicisitudes, acabó adjudicada por 635 millones de euros a la UTE formada por las constructoras Dragados, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. El proceso, sin embargo, se había decantado inicialmente a favor de su competidora OHL. La empresa presidida por el exministro Villar Mir, a pesar de que su oferta era cien millones más cara, partía como favorita a tenor de las puntuaciones otorgadas por una consultora privada, Global PM, contratada 'a dedo' por orden de Matas con el objetivo de influir en el proceso de adjudicación de la obra, como consideró probado la Audiencia Provincial de Baleares y, ahora, el Supremo.

Una consultora que, según manifestó ante el juez Castro el ex concejal de Urbanismo de Palma Javier Rodrigo de Santos, comenzó a facturar en Baleares de la mano del ex secretario general del PP balear José María Rodríguez, mano derecha de Matas, figura sempiterna de la política balear y condenado en otra causa por mediar en la financiación ilegal del partido, hechos por los que en 2012 se vio abocado a dimitir de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares.

Con la querella de Anticorrupción sobre la mesa, arrancaron unas investigaciones que Castro, amparándose en lo estipulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal para las causas más complejas, decidió prorrogar un año ante el cariz que comenzaban a adquirir y las no pocas confesiones que empezaron a sembrar de dudas el terreno sobre el que se había llevado a cabo el procedimiento de adjudicación de Son Espases.  

Una de ellas fue la efectuada por Rodrigo de Santos. El ex alto cargo recientemente condenado por abusos sexuales aseguró que el PP balear, bajo el mandato de Matas y con la connivencia del partido a nivel nacional, exigía un 3% en comisiones con cada adjudicación pública. Y detalló que en el caso de Son Espases, el entonces presidente balear exigió nueve millones de euros tanto a la UTE formada por OHL como a la integrada por Dragados –en este caso, directamente a Florentino Pérez–. La concesión sería otorgada a quien se comprometiera a abonar el cohecho. El ex edil apuntó, además, que fue el tesorero del PP y cuñado de Matas, Fernando Areal, quien mediaba en el cobro de las comisiones.

Las revelaciones de De Santos no finalizaban ahí. Según manifestó, fue el entonces delegado del área de Construcción de Dragados en Baleares, Juan Antonio Esteban, quien le comentó que Matas había pedido el dinero al presidente del Real Madrid. El representante de Dragados, quien según De Santos estaba “asustado” sobre cómo se llevaría a cabo finalmente la operación, negó, sin embargo, en su declaración como testigo que su empresa hubiese pagado comisión alguna puesto que se trataba de una conducta cuya práctica habría sido “imposible” en la constructora.

Florentino Pérez, interrogado por Anticorrupción

La propia Fiscalía tomó declaración al presidente de ACS para interrogarle por estos hechos, si bien Pérez, tanto en su comparecencia como testigo ante Horrach, llevada a cabo en Madrid, como en la que efectuó en la comisión de investigación que impulsó el Parlament balear para esclarecer qué había sucedido tras la concesión de Son Espases, siempre se aferró a su desconocimiento del tema, asegurando no haber hablado nunca con Matas “ni de obras, ni adjudicaciones” y no haber ocupado ningún puesto de responsabilidad y gestión en Dragados, empresa finalmente beneficiaria del contrato de obras del hospital. Los intentos posteriores de los investigadores por obtener una confesión por parte del empresario y llegar, incluso, a algún ministro del gabinete Aznar supuestamente conocedor de las entrañas del proceso acabaron resultando infructuosos.

A pesar de ello, Matas no las tenía todas consigo. Quien bajo su mandato había sido consellera de salud, Aina Castillo, desveló que fue el propio presidente quien dio las instrucciones precisas para amañar el concurso y que llegó a apercibirla de que habría un “problema político” si, finalmente, la concesión no recaía en manos de Dragados. De hecho, relató cómo, inicialmente, el exministro había ordenado que la adjudicación se decantase a favor de OHL, si bien, cuando el supuesto trato de favor fue filtrado en prensa, le transmitió los “inconvenientes” que se producirían si una obra de tal “envergadura” no se adjudicaba a la filial de ACS.

Entre medias, otra de las declaraciones que levantó la polvareda en plena investigación de los hechos fue la efectuada por la secretaria de la mesa de contratación de las obras de Son Espases. Según manifestó, durante el proceso de adjudicación se topó con numerosas irregularidades y “cosas que no entendía”, lo que le llevó a dimitir en pleno procedimiento. De hecho, recordó ante el juez Castro que en una ocasión se topó en su despacho con un acta ya redactada a pesar de que la reunión de la mesa aún no se había celebrado y de que ella era encargada de elaborar estos documentos y hacer constar en ellos los asuntos que se habían propuesto y quiénes habían asistido. La entonces jefa del servicio de contratación administrativa aseguró que algunas actas fueron también modificadas, motivo por el que se negó a firmarlas

Por su parte, Villar Mir, quien ya figuraba en la querella de Anticorrupción y permaneció imputado a lo largo de todo el procedimiento judicial, combatió con dureza por su exoneración. El empresario criticó la labor de los investigadores, a quienes acusaba de dirigir acciones penales contra él “por ser quien es” con base en “conjeturas imprecisas”, “vaguedades” y “buscando lo que no existe”, puesto que “ni una sola afirmación”, aseguraba, le incriminaba en la causa. En todo caso, aseveraba, OHL debía ser considerada víctima, no partícipe“, a tenor del resultado final de la adjudicación.

El magnate de la construcción llegó incluso a equiparar veladamente su situación procesal con la de la infanta Cristina en el caso Nóos: “Se hace preciso recordar que la misma Fiscalía Anticorrupción, en otros procesos sobradamente conocidos, siempre mantuvo, con acierto, que no se es responsable por ser quien es ni por lo que se es, sino por lo que se hace”.

Obras de reforma de la sede de Génova

El juez Castro, lejos de plegarse a las explicaciones de unos y otros y con múltiples piezas separadas abiertas derivadas del macroproceso Palma Arena ante sí, entre ellas la relativa a la presunta financiación ilegal del PP balear, abrió una nueva línea de investigación dirigida a averiguar si el supuesto pago de comisiones por la adjudicación del hospital de referencia de Baleares acabó en manos del PP, en Madrid, en forma de trabajos de reforma de la sede de la formación ubicada en la calle Génova por la que acaba de ser condenado el PP.

El magistrado optó por reclamar a la presidencia nacional del PP la relación de obras de remodelación llevadas a cabo entre 2002 y 2010 en las dependencias de la formación así como las empresas contratadas y subcontratadas para llevar a cabo estos trabajos, facturas incluidas. La formación entregó finalmente a Castro diversas facturas cuyo valor ascendía a un total de 237.000 euros. Sin embargo, el partido aseguró no contar en sus archivos con la documentación que permitiese conocer cuáles fueron las empresas que se ocuparon de la reforma.

No solo eso. El magistrado libró un exhortó a la Audiencia Nacional para que le remitiera la agenda del exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados, documento que se hallaba bajo lupa judicial al constar en ella múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por el empresario Javier López Madrid, yerno de Villar Mir, al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez. Bajo las iniciales “B.G”, el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figuraba en la agenda –incautada por la Guardia Civil al presunto cabecilla de la Operación Púnica–como principal beneficiario.

La persistencia del magistrado por lograr esclarecer la vinculación entre la adjudicación de Son Espases con la financiación ilegal del PP y la reforma de su sede llevó a Villar Mir a presentar un escrito en el que consideraba “de difícil justificación” las diligencias que Castro estaba llevando a cabo. Según el empresario, hasta octubre de 2015, cuando el juez comenzó a indagar la conexión entre unos hechos y otros, “no había habido la más mínima referencia a las obras de esa sede”. 

La sede del PP balear también salió a relucir en las pesquisas. La confesión de Rodrigo de Santos abrió la caja de pandora de la financiación irregular del la formación en Baleares en cuya investigación Castro llevaba varios años volcado. De Santos aseguró que la reforma de la sede había sido financiada en parte por el empresario Antonio Pinal, propietario de la constructora Bruesa, quien, según el ex concejal, le comentó que había ayudado en las obras del inmueble a cambio de serle adjudicado el desarrollo de un proyecto urbanístico en los cuarteles de Son Busquets, en Palma.

Según su relato, Pinal le comentó que tenía un proyecto previsto para la construcción de viviendas en la zona y que, para ello, debía llegar a un acuerdo con el Ministerio de Defensa, al frente del cual se encontraba entonces José Bono, puesto que los cuarteles eran propiedad de esta cartera.

Durante la comisión de investigación de Son Espases, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, citado a comparecer por videoconferencia en el Parlament balear, señaló que un empresario gallego, en alusión a Pinal, había colaborado en la adquisición y financiación de la sede del partido junto a otros empresarios. La formación política MÉS, actual socia de PSIB y Podemos al frente del Govern balear, denunció entonces que Bruesa, la empresa de Pinal, había resultado adjudicataria en las islas de diferentes contratos por valor de 69,82 millones de euros, coincidiendo en el tiempo con la compra y reforma de las dependencias del PP balear. Respecto a Villar Mir, Bárcenas puso de manifiesto que este había sido un “donante generoso” con el PP, como recogió el juez Castro en el auto con el que puso fin a la instrucción del caso Son Espases.

Motivación económica no acreditada

Finalmente, y pese a la actividad desplegada por los investigadores a lo largo de más de dos años, las pesquisas cayeron en saco roto. En el auto con el que puso fin a la instrucción de la causa, Castro admitió no haber podido demostrar que las pretensiones de Matas a la hora de intentar beneficiar a OHL pasasen por compensar los favores de Villar Mir al PP y apuntaba, pese a las indagaciones llevadas a cabo, a la imposibilidad de acreditar tales hechos “si tenemos en cuenta la enorme dificultad de establecer si entre las facturas de las obras de reforma se ha omitido alguna que técnicamente resultara obligada y que hubiera sido abonada por cauce distinto”.

Sin ir más lejos, el magistrado señalaba que el propio Fernando Areal, hermano de la mujer de Matas, Maite Areal, confesó la existencia de una caja B en el PP balear y que las campañas municipales y autonómicas de 2007 fueron sufragadas con dinero negro: el que fuese tesorero del PP de Matas pagó en la sede de la formación hasta 71.958 euros en metálico –no tuvieron reflejo, por tanto, en la contabilidad oficial del partido– a la agencia de publicidad encargada de sus campañas, Nimbus. Lo hizo con fondos opacos al fisco, reconoció, al haber superado la cantidad los límites legales establecidos para los gastos electorales.

Según la Audiencia Provincial de Baleares, Nimbus habría operado de igual modo con ocasión de las elecciones de 2003, con Matas como candidato a la presidencia del Govern, si bien, precisaba, en este caso los hechos ya estarían prescritos. Areal también fue investigado en el caso Over Marketing, considerada la ramificación balear del caso Gürtel, en la que el administrador de la anterior agencia de publicidad –encargada de diseñar parte de la campaña electoral del PP balear en 2007–, Daniel Mercado, explicó cómo el cuñado de Matas era quien establecía en el partido los pagos en dinero A y B.

Con estos mimbres, Castro, en su resolución judicial, señalaba que “no sería descabellado sospechar que dinero obtenido con ocasión de este concurso [el de Son Espases] y de otras contrataciones fuera la fuente de alimentación de esa caja B y algo parecido cabría deducir en todas aquellas causas que, por financiación ilegal del Partido Popular, se siguen ante otros juzgados de la geografía española”.

Y añadía tajante: “Al no constar en la causa relaciones de amistad o parentesco con los responsables de las dos entidades, una la predestinada a la adjudicación pero que no llegó a serlo [OHL] y otra, la que luego resultó adjudicataria [Dragados], sería de una ingenuidad imperdonable no caer en la cuenta de la posibilidad de una motivación económica, bien del partido político que sustentaba al presidente del Govern tanto a nivel nacional como autonómico, o bien de sus concretos dirigentes”.

 Si medió un estímulo económico para amañar el concurso, concluía el magistrado que “aquél o se quedó solo en el ofrecimiento o promesa o, si por el contrario llegó a materializarse, lo fue por cauces tan obviamente clandestinos que, a reserva de que sus intervinientes o algún intermediario cometieran la imprudencia de hacer alguna temeraria anotación escrita o experimentaran algún inusual gesto de honradez y lo confesaran, resulta imposible llegar a su acreditación”.