S.Santamaría: Para suprimir aforados hay que acompasar con cambios de leyes

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que cumplirá su compromiso con Ciudadanos para suprimir los aforamientos, pero ha advertido que se trata de una reforma constitucional que hay que “acompasar” también con otros cambios legislativos.

Con estas palabras ha respondido en la sesión de control en el Congreso al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha urgido al Gobierno a llevar a cabo una reforma “exprés” de la Constitución para suprimir los aforamientos de la misma forma que de un día para otro PSOE y PP acordaron cambiar el artículo 135 de la Carta Magna para dar prioridad al pago de la deuda pública.

“Igual que lo cambiaron de manera exprés por las necesidades del momento, no esperemos tres años para reformar los aforamientos”, ha dicho Rivera pidiendo a la vicepresidenta que lo hagan en el primer trimestre del año de modo que los políticos puedan decir que “no quieren privilegios” y será un paso “para que la gente vuelva a recuperar la confianza en esta cámara”.

Según las cifras que ha dado Sáenz de Santamaría, hay 2.000 aforados entre cargos públicos y electos, 15.000 entre jueces y fiscales y otros 263.000 parciales de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado.

Por tanto, si solo se hace una reforma de la Constitución se arreglan solo 650 aforamientos pero hasta llegar a los 2.000 que hay entre cargos públicos y electos hay que “analizar y acompasar” la reforma de la Constitución con la reforma de 19 Estatutos de autonomía, con la ley orgánica del Poder Judicial, la ley reguladora del Defensor del Pueblo, además de leyes de otras instituciones que aforan a otros miembros.

También ha explicado que hay otra cuestión que le suscita “dudas” y es si se quieren eliminar los aforamientos para todos los delitos o únicamente para los relacionados con la vida publica.

Si se acota a la vida pública, ha dicho, habrá que “definir” qué se entiende por este tipo de delitos y si no se hace, habrá que tener en cuenta, al menos en lo que se refiere a los miembros del Gobierno, otros ordenes jurisdiccionales como es contencioso administrativo “porque ya sabe que jurisdicción penal es preferente”.