Yolanda Díaz volvió este lunes a presidir un acto de Sumar tras su dimisión como líder orgánica del espacio político. En un acto sin ninguna referencia al nombre de la coalición, más allá del color magenta de su cartelería, la vicepresidenta segunda del Gobierno se rodeó del resto de ministros de su cuota y de los diputados del grupo parlamentario para exhibir unidad de acción en una batalla con la que buscan recuperar el foco perdido en los últimos meses: la negociación con el PSOE de los Presupuestos Generales del Estado de 2025.
La coalición vive momentos complicados desde hace meses y la constatación de esos problemas fue la dimisión de la también ministra de Trabajo al frente de la coordinación del espacio tras los resultados de las elecciones europeas, el 9 de junio. Mientras el grupo trata de definir desde entonces cómo se articulará orgánicamente, este lunes todos los partidos que participan de Sumar en el Gobierno o en el Congreso acudían a un acto que servía como lanzamiento de curso político y muestra de cohesión.
“Estamos en un momento crucial. Pensamos que se necesita caminar y eso pasa por tomar medidas que de forma concreta mejoren la vida de la gente trabajadora y de las familias”, defendió Díaz al comienzo del acto, en el que dio detalles sobre el documento de 35 páginas en el que la coalición ha plasmado una batería de medidas para abrir la negociación de las cuentas públicas en el seno del gobierno.
En Sumar son conscientes de que la vivienda es un problema acuciante para la mayor parte de la ciudadanía y que las medidas de protección social difícilmente tendrán efecto si el Gobierno no pone solución a los precios disparados del alquiler en todo el país. El líder socialista y presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ya anticipó que este mes centraría la Conferencia de Presidentes con las autonomías en la vivienda y por eso la coalición dedica buena parte de sus medidas más importantes a este asunto.
Uno de los puntos más reseñables de ese paquete tiene que ver con la propia aplicación de la Ley de Vivienda ya vigente. El texto que aprobó el Congreso al final de la legislatura pasada, tras una intensa negociación entre el PSOE y Unidas Podemos, nació con un problema difícil de esquivar: su puesta en marcha depende de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Y desde el 28 de mayo del año pasado, la mayoría de los gobiernos regionales están en manos del PP, que se niega a utilizarla para contener los precios del alquiler.
El Gobierno no puede obligar a las comunidades a aplicar la ley y el grueso de la norma estatal se limita a dar cobertura legal a las administraciones para que apliquen topes a los precios en las zonas donde han subido de manera extraordinaria en los últimos años. Pero Sumar ha encontrado una vía para penalizar a los gobiernos autonómicos que decidan no implementar: retirarles las ayudas públicas relacionadas con la vivienda.
Diálogo interno
Sumar ha aprovechado la negociación de los Presupuestos para mejorar los canales de comunicación interna que quedaron lastimados tras las elecciones europeas. El documento presentado este lunes ha contado con la participación de todos los partidos de la coalición, que trabajan el texto desde antes del verano.
Los partidos celebraron una reunión antes de las vacaciones, en la que participaron los secretarios y secretarias de organización de Movimiento Sumar, los comuns, Izquierda Unida, Más Madrid y Verdes Equo. El encuentro sirvió para iniciar una “reflexión” sobre los futuros Presupuestos, según informaron fuentes de la coalición en aquel momento.
Pero el texto se ha trabajado también con las aportaciones de los ministros de la coalición: además de Díaz en Trabajo, Pablo Bustinduy en Derechos Sociales, Mónica García en Sanidad y Sira Rego en Juventud e Infancia.
Ese trabajo se ha extendido también al grupo parlamentario. Formaciones como Compromís, Més per Mallorca o Chunta Aragonesista han incorporado sus aportaciones al documento. Varios de los partidos consultados han quedado satisfechos con el resultado final de un texto en el que se han incorporado las principales sensibilidades del espacio político. Izquierda Unida, por ejemplo, ha publicado después del acto un listado con sus aportaciones al texto. Sumar ha reunido este mismo lunes, antes del acto, a los ministros y a los representantes de las fuerzas integrantes del grupo parlamentario para cerrar los últimos flecos.
El acto de este lunes aleja la imagen de división que ha sobrevolado el espacio con algunas cuestiones en los últimos meses, por ejemplo a cuenta de la financiación autonómica. Las posiciones de partida que manifestaron públicamente formaciones como Izquierda Unida, Chunta o Compromís tras el acuerdo entre PSC y ERC para un concierto en Catalunya chocaron con las exhibidas por el propio Movimiento Sumar o Més.
Esas discrepancias se han trabajado también dentro del grupo parlamentario como se vio la semana pasada en la defensa de la posición sobre una iniciativa en el Pleno al respecto, en la que intervino Àgueda Micó, portavoz de Compromís, formación que había advertido que no apoyarían ningún acuerdo que no contemplase a la Comunitat Valenciana.
En el documento presentado este lunes se aborda la cuestión de la financiación autonómica a través de una medida que el coordinador general de IU, Antonio Maíllo, había trasladado la semana pasada: la reestructuración de la deuda con las comunidades. El acuerdo prevé que la Airef haga un estudio detallado de los déficits de financiación de las autonomías. “Una vez calculados estos déficits, el gobierno activará los correspondientes mecanismos de compensación previstos en la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas”, dice la propuesta.