El Supremo inadmite una denuncia contra Pablo Casado por hablar del contrato del hermano de Ayuso

El 22 de febrero, Pablo Casado entraba en el estudio de la cadena COPE en su última entrevista como líder del Partido Popular. Allí expresó todas sus sospechas por los datos que tenía sobre el hermano de Isabel Díaz Ayuso, el cobro de una comisión que ahora investiga la Fiscalía Anticorrupción y el papel que jugó en el contrato la presidenta de la Comunidad de Madrid. Cuatro días después, una asociación presentaba una denuncia contra el entonces todavía diputado, acusándole de revelar datos bancarios confidenciales de Tomás Díaz Ayuso. El Tribunal Supremo acaba de inadmitir esta denuncia: en todo caso tendría que denunciarle el hermano de la presidenta regional y, además, la denuncia no refleja nada parecido a un delito de revelación de secretos.

Ese día, en el programa matinal de la emisora, Casado afirmó que según sus informaciones el hermano de Isabel Díaz Ayuso había cobrado una comisión de 286.000 euros por un contrato de mascarillas adjudicado por la administración regional a un amigo de ambos. Un contrato desvelado por elDiario.es en noviembre del año pasado. En la entrevista afirmó que había pedido explicaciones a Ayuso, y lanzó una acusación en forma de pregunta: “Cuando morían 700 personas al día, ¿puedes contratar con tu hermana y recibir 286.000 euros?”.

Esa mañana arreció una tormenta que acabó con Casado despidiéndose de la política en el Congreso de los Diputados pocos días después. “Entiendo la política desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros”, dijo el todavía diputado. Dos días después, el Supremo comprobó que todavía estaba aforado [dejó el escaño formalmente el 4 de abril] y la Fiscalía pidió que esta denuncia, presentada por un supuesto representante de la Asociación Nacional Anticomunista por un delito de revelación de secretos, fuera inadmitida: ni los denunciantes son los afectados, ni aportan ninguna sospecha delictiva sobre Casado ni, finalmente, el denunciante acredita ser representante de la asociación ni qué interés tendría en denunciar el delito.

Unos argumentos que la sala de lo penal del Tribunal Supremo acogió hace unos días, antes de que Pablo Casado dejase su escaño en la cámara baja y, por tanto, mientras aún era aforado. El auto, con Juan Ramón Berdugo como ponente, rechaza la querella por varias razones de forma, pero también de fondo. En primer lugar, porque el delito de revelación de secretos que denuncia esta asociación es un delito que tiene ser denunciado, en todo caso, por la persona afectada: “No son, pues, en principio, delitos públicos o perseguibles de oficio”, recuerdan los jueces. Si alguien debe denunciar a Casado, en todo caso, es Tomás Díaz Ayuso.

La denuncia tampoco especificaba qué datos secretos concretos habría revelado Casado en la entrevista donde respondió a las acusaciones lanzadas por Isabel Díaz Ayuso de que el entorno del presidente la había perseguido de forma “cruel”. Dicen los jueces que la descripción de los hechos es “excesivamente genérica, hasta el punto de que, so pretexto de afirmar que son hechos públicos y notorios, ni siquiera se dice cuáles son los datos secretos revelados o utilizados por el denunciado, ni quién supuestamente accede a ellos, ni en qué consistió la utilización de los mismos, ni mucho menos en qué consistió el perjuicio causado al titular de los datos, quien no ha denunciado, o a un tercero”.

El Supremo ni siquiera considera acreditado que el hombre que presentó la denuncia en febrero en nombre de la Asociación Nacional Anticomunista sea, efectivamente, un representante legal de alguna clase de esa asociación. Hablan los jueces de la “falta de acreditación de la condición que se atribuye el denunciante, de representante de una asociación cuyo interés en denunciar unos hechos que dice son públicos y notorios se desconoce” como otro motivo más para inadmitir la denuncia, tal y como había solicitado la Fiscalía.

Esta Asociación Nacional Anticomunista, según ha podido comprobar este periódico, está efectivamente inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior desde febrero de 2018, aunque no tiene actividad pública conocida más allá de su actividad en distintas redes sociales como Facebook o Twitter. En este último perfil, por ejemplo, anunció la interposición de la denuncia, y compagina numerosos insultos a integrantes del Gobierno o del Partido Popular con comentarios positivos a varios dirigentes del partido de extrema derecha Vox. Está registrada como una asociación “referida a temas militares”, según el Registro.

Varias denuncias

La denuncia de esta asociación no es la única acción judicial interpuesta contra Pablo Casado por estas palabras sobre el contrato revelado por elDiario.es, aunque este auto del Tribunal Supremo marca el camino al resto de denuncias ahora que ha perdido su aforamiento tras dejar su escaño. El abogado barcelonés Esteban Gómez Rovira también denunció ante los juzgados de Madrid al entonces líder de la oposición sin que, por el momento, se conozca el resultado, aunque esta decisión del Supremo condena a cualquier iniciativa de este estilo al fracaso.

La denuncia se ha tramitado en el Tribunal Supremo mientras la carrera política de Pablo Casado tocaba a su fin. El mismo día en que era interpuesta, Casado convocaba su última Junta Directiva Nacional del PP. En el primer fin de semana de abril, los conservadores celebraban el congreso extraordinario en Sevilla que despedía a Casado y encumbraba a Alberto Núñez Feijóo como su nuevo líder.

Mientras tanto, lo que sí investiga la Fiscalía Anticorrupción es el contrato y la comisión de los que habló Pablo Casado en esa entrevista. El departamento que dirige Alejandro Luzón anunció la apertura de una investigación ese mismo 22 de febrero, cuatro días después. Unas diligencias sobre las que no han trascendido más datos pero que sí han supuesto un enfrentamiento inédito entre la Fiscalía española y la Fiscalía Europea: los investigadores del organismo comunitario han exigido sin éxito a sus homólogos españoles que les permitan hacerse cargo de la investigación al entender que esas mascarillas fueron pagadas con fondos europeos y que les corresponde hacerse con las riendas de la causa.