El Supremo pide a Montoro que explique cómo sabe que el 1-O no se pagó con dinero público
El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha pedido al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que le informe a la mayor brevedad posible sobre “el soporte objetivo concreto” de sus declaraciones en las que dijo tener certeza de la ausencia de gasto público para la organización del 1-O. El magistrado destaca que esas declaraciones contradicen “las fuentes de prueba” que figuran en la instrucción de la causa.
En una providencia dictada hoy, el instructor señala que se ha objetado por varios de los procesados, en las declaraciones indagatorias celebradas los días 17 y 18 de abril de 2018, “la injustificación del delito de malversación de caudales públicos por el que han sido procesados y por el que se ha librado orden europea de detención contra otros”, fundando sus alegatos “en unas declaraciones del ministro de Hacienda en las que supuestamente se expresa la certeza de una ausencia de gasto público en la organización de la votación celebrada en Cataluña el 1 de octubre de 2017, lo que contradice las fuentes de prueba recogida en esta instrucción”.
Por ello, requiere al ministro de Hacienda “a fin de que informe a la mayor brevedad posible sobre el concreto soporte objetivo de tales afirmaciones”. “Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público” dijo Montoro en una entrevista en el diario El Mundo.
El equipo de abogados de Puigdemont se ha apresurado a traducir la entrevista al alemán para aportarla también a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein -que ya descartó el delito de rebelión hace un par de semanas en el que fue el primer gran logro judicial del independentismo- y que aún debe decidir si extradita al expresident de la Generalitat por el de malversación de fondos públicos.
Montoro ha considerado que el uso de dinero público para el 1-O sólo hubiera sido posible mediante el acuerdo entre un funcionario y uno de los proveedores de la votación. Con todo, el ministro no ha descartado la comisión de la malversación, ya que ha asegurado que este delito “no requiere solo desvío de fondos” sino que “es también abrir un recinto público para un acto político ilegal, por ejemplo”.
Las palabras han servido a varios de los exconsellers en prisión para alegar ante el juez que no cometieron delito de malversación. Así lo han dicho durante las declaraciones indagatorias de estos días en el Supremo, hasta el punto que los abogados de la acusación no dudan de que reclamarán que Montoro declare como testigo en algún momento. De hecho, fuentes de las defensas de las exconsellers, tras conocer el requerimiento de Llarena, han indicado que estudiarán solicitar al juez la comparecencia como testigo de Montoro.
