Una pelea de bar con dos guardias civiles o un acto terrorista: comienza el juicio contra los ocho jóvenes de Alsasua
Son ocho jóvenes con edades entre los 19 y 30 años que se enfrentan a un total de 375 años de cárcel. La Audiencia Nacional comienza esta semana a juzgar a los jóvenes de Alsasua, un caso que ha enfrentado a tribunales por su competencia para juzgarlo, y en el que tres jueces deberán decidir entre las dos tesis que se opondrán en el proceso: la pelea de bar que alegan los acusados o un acto de terrorismo, como sostiene la Fiscalía. De fondo, un relato sobre ETA y sus reivindicaciones históricas que arranca un año después de la muerte de Franco.
El juicio es el desenlace de un tortuoso camino judicial que incluye la intervención del Tribunal Supremo. Las familias y los abogados han denunciado indefensión a lo largo de todo el proceso, en el que muchas de sus pruebas han sido rechazadas por la jueza instructora, Carmen Lamela. Fue ella quien apuntó a que la agresión tenía tintes terroristas en contra del criterio de la Audiencia de Navarra, que reclamó su competencia para juzgar el caso con el argumento de que se trató de una agresión sin más, sin el objetivo de “subvertir el orden constitucional”.
El Supremo dirimió esa discrepancia dando la razón a la Audiencia Nacional. Los hechos, a primera vista, se podían considerar terrorismo. Primero, por la gravedad de las lesiones de los agentes; segundo, porque la pelea se produjo en el marco “de conductas dirigidas a crear en los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de sus familias un estado de terror e inseguridad”. Esta tesis del Alto Tribunal es la que defenderá la Fiscalía durante el juicio para justificar las altas penas de cárcel que reclama como castigo: 62 años para un acusado, 50 para otros seis y 12 para el último por delitos de lesiones y amenazas terroristas.
El relato del Ministerio Público se remonta hasta 1976, cuando la banda terrorista ETA “introdujo la reivindicación” de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado abandonases el País Vasco y Navarra mediante una campaña con el lema “Alde Hemendik!”, en castellano “Que se vayan”. El fiscal José Perals recorre la evolución de esa reivindicación a lo largo de los últimos 20 años, durante los que fue asumida por distintas organizaciones como las Gestoras Pro Amnistía.
ETA mantiene esa campaña contra la Guardia Civil
Algunas de las acciones violentas para sustentar esa campaña, sostiene el fiscal, se dieron en Alsasua y han llegado hasta la actualidad. La izquierda abertzale, dice, mantiene esa reivindicación de echar a la Guardia Civil y a la Policía. ETA “ha desactivado” la violencia terrorista pero “no ha sucedido lo mismo” con la campaña “Alde Hemendik”, recoge el escrito, que dibuja un escenario de hostigamiento en las localidades de Navarra donde hay cuarteles de la Guardia Civil.
El fiscal recuerda algunos actos de esa campaña celebrados en Alsasua, como pintadas o comidas populares, para pasar directamente a los hechos de la noche del 15 de octubre de 2016 en el bar Koxka, donde había más de una veintena de personas. Allí, un teniente y un sargento de la Guardia Civil tomaban algo con sus parejas, cuando tuvieron un encontronazo con un grupo de jóvenes. Algunos les afearon su presencia en el bar, hasta que la situación derivó en las primeras agresiones por parte de los jóvenes, acompañadas de frases como “no tenéis derecho a estar aquí”.
El escrito de acusación relata entonces una auténtica paliza a los dos agentes, uno de los cuales acabó con un tobillo roto. La agresión continuó fuera del bar hasta que se presentaron varios patrullas de la Policía Foral de Navarra, que detuvo a uno de los jóvenes, Jokin Unamuno, mientras otro, Ohian Arnaz, trataba de impedirlo. Ellos llevan desde entonces en prisión junto con Adur Ramírez de Alda, otro de los acusados.
“Una bronca a las cinco de la mañana en un bar”
El fiscal vincula a algunos de los jóvenes con la organización Ospa Mugimendua, quien se ha encargado en los último años de mantener viva la reivindicación “Alde Hemendik!”. Los familiares lo rechazan y han fomentado desde el inicio del proceso un campaña para reclamar apoyos políticos contra una instrucción que ven “desproporcionada”. Insisten en que fue “una bronca a las cinco de la mañana en un bar”, que no tiene más recorrido.
De hecho, algunos de ellos no niegan que hubo agresión, pero piden que se juzgue como tal, sin incluir el agravante del terrorismo. “Pedimos que haya proporcionalidad, equidad y justicia, no estamos pidiendo impunidad. No estamos orgullosas como madres de una trifulca de bar”, confesó una de las madres a eldiario.es.
El debate jurídico sobre el caso lleva produciéndose desde que el Supremo tuvo que intervenir. Hay juristas que consideran que el criterio de este tribunal es correcto porque los delitos de terrorismo no engloban solo a los atentados. Otros, sin embargo, ven difícil justificar una acusación así echando mano de la vinculación de algunos agresores con Ospa Mugimendua, una organización legal que defiende la salida de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército de Euskadi y Navarra.
Otros expertos apuntan a que el fiscal también tendrá la difícil tarea de identificar las lesiones con los agresores concretos en un escenario con decenas de personas, de las que solo ocho se enfrentan a este juicio. De hecho, algunos abogados defienden directamente que sus clientes no participaron en los hechos -estaban en otra zona del bar cuando se produjo la agresión- y por eso no han presentado siquiera escrito de defensa.
