“Al final, todo se reducía a la vieja tensión entre libertad y seguridad”. La frase del que fuera diputado del PNV Emilio Olabarria resume la “vidriosa” negociación parlamentaria que precedió a la aprobación en febrero de 1992 de la Ley de Seguridad Ciudadana, uno de los proyectos más controvertido de cuantos promovió el PSOE de Felipe González. La norma –que los socialistas sacaron adelante gracias al apoyo de nacionalistas vascos y catalanes– permitía registros policiales en domicilios sin autorización judicial en casos de narcotráfico, un precepto cuestionado por el resto de la oposición, las asociaciones de jueces y los sindicatos mayoritarios y que acabó anulando el Tribunal Constitucional nueve meses después llevándose por delante a su promotor, el ministro del Interior José Luis Corcuera.
El nombre de aquel ministro y la expresión 'patada en la puerta' —como se denominó coloquialmente a la ley, muy a su pesar— ha vuelto a la actualidad recientemente por la irrupción policial por la fuerza y sin orden judicial en fiestas clandestinas en las que se incumplía la normativa sobre la COVID-19. Como hace casi tres décadas, el debate ha pivotado en los últimos días sobre la dialéctica libertad-seguridad y la interpretación que los tribunales han hecho del concepto de “flagrante delito”, el único supuesto en el que la Constitución permite a la Policía acceder a un domicilio sin resolución judicial.
Aquella ley autorizaba a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a entrar en una vivienda sin el aval de un juez siempre que tuvieran un “conocimiento fundado” que les llevara “a la constancia” de que se estaba cometiendo o se acababa de cometer un delito relacionado con drogas. Ese artículo fue declarado inconstitucional al considerar que esas expresiones —que la sentencia califica de “ambiguas e indeterminadas”— permitirían entradas y registros domiciliarios “basados en conjeturas o en sospechas” y que “nunca, por sí mismas, bastarían para configurar una situación de flagrancia”. El Constitucional sí respaldó el artículo que permitía a los agentes conducir contra su voluntad a una persona a dependencias policiales para ser identificada, también muy cuestionado en su momento.
Tras aquella sentencia, Corcuera, que ya había advertido que dejaría el cargo si el Constitucional cambiaba una coma de su ley, presentó su dimisión irrevocable. El exministro, que declinó atender a elDiario.es, ha defendido públicamente que el tribunal únicamente modificó una palabra de la norma —“constancia” por “evidencia”—, si bien la sentencia recoge que la “delimitación legal del delito flagrante” que expresaba el artículo impugnado era contrario a la Ley Fundamental y lo declaró inconstitucional en su totalidad. Ese precepto y otro inciso de un artículo sobre el régimen sancionador fueron anulados pero el resto de la ley estuvo en vigor hasta que el PP, muy beligerante en su momento, aprobó una nueva regulación sobre seguridad ciudadana en 2015, la llamada ley mordaza.
Problema del narcotráfico
A la aprobación de la ley Corcuera precedió un intenso debate en el Parlamento y fuera de él, según coinciden varios diputados que participaron en las negociaciones. El Gobierno impulsó este proyecto como una vía de solución al problema del narcotráfico en un momento en el que el menudeo de drogas y la delincuencia absorbía la vida de los barrios más humildes, donde se llegaron a montar patrullas ciudadanas ante la creencia popular de que la Policía estaba desbordada. Pero parte de la oposición, los jueces y organizaciones de la sociedad civil —incluidos los sindicatos CCOO y UGT— cuestionaron que lejos de ser un remedio contra un problema acuciante, aquella ley sometía al país a una especie de Estado policial. Llegaron incluso a celebrarse grandes manifestaciones pidiendo su retirada y Joaquín Sabina, que participó en esas protestas, cantó contra ella en dos de sus canciones.
El exdiputado socialista Álvaro Cuesta, uno de los negociadores de aquella norma, rememora las “tensiones” con el Ministerio del Interior de la época, cuyos responsables asegura que se afanaron en trasladar al grupo parlamentario que sustentaba al Gobierno la necesidad de una ley que muchos no veían clara en las filas socialistas. “La obsesión del momento era la lucha contra el narcotráfico. Recuerdo que se nos llegaron a mostrar operativos policiales en los que se nos demostraba que sin la ley la Policía tenía muy poco margen de maniobra en ciertas situaciones. Era un momento en el que había una crítica muy dura al Gobierno por el incremento de la inseguridad y del tráfico de drogas, pero eso tampoco justificaba la inconstitucionalidad del proyecto”, asegura.
Cuesta se refiere al primer borrador que presentó Interior, que fue severamente criticado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en un informe en el que alertó de la “muy dudosa constitucionalidad” de algunos de sus artículos y directamente pidió la sustitución de varios de ellos, incluido el de la 'patada en la puerta'. “En esa primera redacción se contemplaba una entrada casi indiscriminada en los domicilios. El gran reto fue desvestir el articulado en esa primera fase, en la que hubo varias enmiendas a la totalidad y un rechazo importante de la Cámara”, asegura Cuesta, hoy vocal del CGPJ, que afirma que el texto finalmente se aprobó gracias a la “capacidad de diálogo” de los negociadores de CiU, Josep Maria Trias de Bes y Miquel Roca; y del PNV, Emilio Olabarria.
Han pasado casi treinta años desde aquellos debates, pero Olabarria, hoy alejado de la primera línea política, admite que es una de esas leyes difíciles de olvidar. “Fue un debate curioso, la ley tenía aspectos positivos y otros más dudosos”, afirma el exdiputado vasco, que el día de su aprobación en el Congreso insistió desde la tribuna en que el texto que en esos momentos se estaba discutiendo no tenía “casi nada que ver” con el proyecto que fue presentado originariamente ante la Cámara.
Tres décadas después, Olabarria reconoce que tampoco fue uno de los diputados más críticos con la 'patada en la puerta' —recuerda, de hecho, que la prensa llegó a decir que había hecho una defensa de la ley casi más entusiasta que el propio Corcuera—, si bien asegura sentirse más partidario del texto que se mantuvo tras la sentencia del Constitucional, una resolución que, a su juicio, podría haberse esquivado con una mejor definición del concepto de flagrancia. También admite “cierta contemporización” del PNV en esas negociaciones por la garantía competencial que atribuía la ley a las autonomías en plena pugna por la conversión de la Ertzaintza en una policía integral.
Las palabras más duras del diputado vasco son para el exministro Corcuera, al que recuerda como alguien nada partidario de aceptar las enmiendas del resto de grupos. “Tenía un estilo personalísimo, desgarrador en las formas y flojo en la fundamentación”, asegura. Joseba Azkarraga, entonces diputado de Eusko Alkartasuna, formación que se opuso frontalmente a la ley, también dedica gruesos calificativos al exministro, al que define como una persona “siniestra” y “negativa”.
“Dentro del esquema simplista de Corcuera todo lo que sonara a vasco era síntoma de terrorismo. En los debates siempre sacaba a relucir mi cercanía con ETA, que no era cierta”, asegura Azkarraga, que fue consejero vasco de Justicia, Empleo y Seguridad Social y que en diferentes etapas ha ejercido de mediador en la reinserción de presos de la banda terrorista.
A su juicio, los “retoques” del anteproyecto que se hicieron durante la tramitación parlamentaria no suavizaron una norma que califica de “innecesaria, ineficaz y restrictiva” y que enmarca en la etapa “más triste, irresponsable y desgraciada” del Gobierno de Felipe González. “Después de las prácticas de la guerra sucia y de los GAL los socialistas se embarcaron en una espiral de recortes de derechos que tuvo el culmen en este debate sobre libertad y seguridad, donde el PSOE volvió al error de elegir únicamente la seguridad”, afirma.
El rechazo de IU y el PP
A la ley también se opuso Izquierda Unida, que entonces era la tercera fuerza parlamentaria con 17 diputados. El día que se aprobó en el Congreso, su portavoz en la Comisión de Justicia e Interior, José Luis Núñez, empezó su intervención precisamente acusando al PSOE de haber mareado la perdiz “hasta el límite” durante el trámite parlamentario para que, al final, todo siguiera casi igual. “Esta ley es ineficaz, innecesaria, invade claramente preceptos constitucionales agrediéndolos y que crea un espacio policial autónomo que evita el control de los jueces. Esta ley es, en el fondo, la constatación del fracaso de cuál es la política policial que ha realizado este Gobierno”, afirmó Núñez, que afeó el “paso atrás” en el desarrollo de las libertades que hasta entonces venía haciendo el Grupo Socialista.
Pero sin duda la oposición más férrea la hizo el Partido Popular. Su portavoz de Justicia e Interior, el fallecido Rogelio Baón, definió la norma como “un proyecto de ingeniería jurídica empeñado en sortear los numerosos obstáculos de constitucionalidad”. Aunque los enfrentamientos más duros se produjeron entre Federico Trillo, entonces portavoz parlamentario de los conservadores, y el ministro Corcuera. En la tribuna, Trillo calificó de “bodrio” la ley y acusó a los socialistas de haberle ido echando “cosas encima” para “oscurecer” la “barbaridad jurídica” que eran alguno de sus preceptos. “La gente hoy tiene miedo, señor Corcuera, y eso es lo más contrario, como sabe todo el mundo, a la libertad; y usted tiene ira. Pues guárdese su miedo y su ira y déjenos a todos con nuestra libertad”, le dijo en otro momento del debate parafraseando la célebre canción de la Transición.
“El Gobierno socialista estaba en el ecuador de su tercer mandato, pero empezaba a tener algunos problemas. Objetivamente era una ocasión muy buena en términos parlamentarios para erosionar al Ejecutivo”, afirma Cuesta sobre la estrategia de los conservadores. “Es cierto que el PP fue muy crítico, pero luego hizo una ley todavía más discutible”, añade Olabarria en alusión a la ley mordaza de 2015, usada profusamente para sancionar a quienes se saltan las restricciones anti-COVID-19 y que fue avalada casi en su totalidad por el Constitucional. Hace solo unas semanas, el pasado febrero, el PP se quedó solo en el Congreso en su intento de mantener intacta esa ley, mientras el PSOE y Unidas Podemos mantiene su intención de derogarla. La discusión entre libertad y seguridad volverá sin duda al debate parlamentario.