El Tribunal Superior de Baleares vuelve a imputar al fiscal que investigó a Cursach

Miguel Ángel Subirán, el fiscal que durante varios años puso la lupa sobre el presunto entramado mafioso urdido en torno al empresario del ocio nocturno Bartolomé Cursach, vuelve a ser investigado a raíz de las presuntas irregularidades cometidas durante la instrucción de estas pesquisas. El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha revocado el sobreseimiento que el propio presidente de este órgano judicial decretó hace más de un año para Subirán después de que el exfiscal alegara no hallarse en condiciones de defenderse con garantías en la causa debido a un trastorno de estrés postraumático.

La decisión generó un alud de recursos por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones particulares personadas en la causa, que indaga el papel desplegado por el exacusador público así como por el exjuez Manuel Penalva mientras investigaban las actividades del magnate mallorquín. Y es que, según argumentan ahora los jueces del Tribunal Superior, Subirán se encontraría capacitado para recordar los hechos en los que habría intervenido y responder de las acusaciones vertidas contra él. 

Mediante un auto al que ha tenido acceso elDiario.es, dictado después de que dos nuevos informes forenses determinasen que Subirán podría prestar declaración sin problema y someterse a un proceso penal, los magistrados han accedido finalmente a revocar el archivo provisional de su imputación, sin perjuicio, precisan, de los nuevos reconocimientos médicos que procedieran serle practicados.

La resolución judicial recoge las principales conclusiones expuestas recientemente en ambos informes, uno de los cuales subraya que Subirán posee capacidades cognitivas suficientes para comprender tanto el procedimiento judicial como la posición procesal que ocupa en el mismo, su trascendencia y las consecuencias de su resultado, al tiempo que abunda en cómo, por sí mismas, la sintomatología y salud mental del exfiscal -el Ministerio de Justicia declaró su jubilación forzosa por incapacidad en junio de 2020, a los 59 años- “no le impiden de forma significativa el poder defenderse ni menguan su capacidad de poder discernir lo que le beneficia o perjudica”.

El dictamen va más allá al apuntar a la existencia de “signos o indicios de simulación” en la sintomatología referidas por el investigado así como a un “patrón de conductas manipulativas”. Al respecto, los autores de los informes explicaron, durante la comparecencia que efectuaron el pasado viernes ante el TSJIB, que los resultados del test de simulación al que fue sometido en su día Subirán “quedan fuera de lo esperado y, para el caso de ser reales, son muy poco usuales”. Los peritos manifestaron que los síntomas que exponía el exfiscal “no son reales, concluyendo ambos que estaba simulando”, abunda el auto.

Durante su declaración, los forenses aseguraron no creer que Subirán pudiera tener “dificultades de entendimiento” de las preguntas que se le pudieran formular en juicio oral “ni que se bloquee al contestarlas”.

Tanto el exjuez Penalva como Subirán y cuatro policías nacionales de Blanqueo –dos inspectores, un subinspector y un agente– con los que ambos colaboraban codo con codo al frente del caso Cursach se encuentran ahora a la espera de conocer por qué hechos concretos deben ir a juicio.

Mientras el presidente del TSJIB, Carlos Gómez, cerraba las pesquisas en abril de 2021 convencido de que Penalva y los cuatro policías cometieron los únicos ilícitos de filtrar a la prensa información secreta del caso y no actuar para impedirlo -delitos por los que considera que deben responder ante un tribunal-, la Fiscalía Anticorrupción y una treintena de acusaciones particulares -entre ellas, las ejercidas por el propio empresario del ocio y los demás acusados en el caso Cursach- sostienen que los antiguos investigadores de esta causa deben ser juzgados, junto a Subirán por, presuntamente, coaccionar a testigos para que declarasen en sentido incriminatorio contra policías y magnate, efectuar detenciones ilegales y prolongar deliberadamente el ingreso en prisión de varios investigados. por las supuestas prácticas ilícitas que habrían cometido cuando investigaban al empresario del ocio y a decenas de policías, que supuestamente ayudaban a la buena marcha de sus negocios.

Hasta el momento, juristas y policías han defendido tajantes su trabajo y niegan la existencia de indicios “verdaderamente sólidos” contra ellos. Acusan, incluso, a los fiscales de Madrid de sostener “tesis delirantes” en su contra y fundamentar sus acusaciones en testimonios “inveraces e interesados”.

En paralelo, está previsto que a partir del próximo 13 de junio -y hasta mayo de 2023- se celebre el macrojuicio contra Cursach y otros 22 acusados, la mayoría de ellos mandos y policías locales de Palma que presuntamente fueron agasajados con servicios sexuales, consumiciones y estupefacientes a cambio de auspiciar la buena marcha de los negocios del grupo Cursach y de castigar a su competencia. La Fiscalía reclama para todos ellos condenas que suman más de 100 años de prisión. Con base en las investigaciones llevadas a cabo por el ex juez Penalva y el ex fiscal Subirán, Anticorrupción les acusa de integrar una presunta trama de extorsiones y tratos de favor dirigida a salvaguardar los intereses del empresario mallorquín.