Los tribunales avalan el desahucio de un bedel tras 37 años viviendo gratis en el sótano de un edificio público

Martín (nombre ficticio) trabaja en el Centro de Estudios Jurídicos desde 1985 y está a pocos meses de cumplir 73 primaveras. Primero como interino y luego como ordenanza, lleva más de 37 años recorriendo este edificio por el que han pasado cientos de jueces, fiscales y abogados del Estado. En su caso, decir que se siente como en casa es algo literal porque, según ha sabido elDiario.es, lleva esas casi cuatro décadas viviendo en el sótano de este edificio de la Ciudad Universitaria de Madrid sin pagar ni alquiler ni gastos y ahora se enfrenta a la posibilidad de ser desahuciado: el propio Centro, que en todos estos años permitió la situación y nunca dijo nada al Ministerio de Justicia, ha decidido utilizar ese espacio para habilitar más aulas y despachos. Los tribunales, por ahora, han avalado el desahucio aunque de momento sigue viviendo en este edificio de propiedad estatal.

El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) está adscrito al Ministerio de Justicia –que por el momento no ha contestado a las preguntas de este periódico– aunque es considerado un organismo autónomo. Entre sus funciones está participar en la formación de los fiscales, letrados judiciales y abogados del Estado, entre otros. Pero lleva en pie desde el final de la Guerra Civil y a lo largo de su existencia reciente han pasado por sus aulas algunos de los juristas más prestigiosos del país. Muchos de ellos han tratado en las últimas cuatro décadas a este ordenanza.

En 1985 empezó a trabajar allí y también empezó a vivir en una de las viviendas del sótano del edificio, reservadas antiguamente a los conserjes y donde también habían residido, por ejemplo, guardias civiles. Unas obras relativamente recientes convirtieron el sótano en una vivienda a la que se accede abriendo una pesada puerta, bajando unas escaleras y saludando a las personas que trabajan en las aulas y despachos habilitados en el resto de antiguas casas subterráneas. La puerta de la casa –que más bien parece la entrada a un almacén– da paso a un salón lleno de cajas, una habitación, un despacho, un par de estancias más y un baño que en total suman unos 50 metros cuadrados. Un sótano que durante más de 37 años ha sido la casa de este ordenanza.

La documentación del caso revela que nunca ha existido ningún tipo de contrato, ningún tipo de autorización escrita del Centro de Estudios Jurídicos, de Justicia o del Estado en general para regularizar esta situación, y que todo fue una “tolerancia” verbal por parte del organismo sin que el Ministerio supiera nada durante nueve legislaturas completas. También se sabe que este ordenanza no ha pagado ningún tipo de alquiler en casi cuatro décadas. Y que fue en marzo del año pasado cuando el CEJ decidió poner en marcha su desahucio administrativo para sacarlo de allí, a pocos meses de cumplir 73 años y de jubilarse. Según la Justicia, para poder terminar unas obras pendientes de ejecución de 2017 que han convertido el resto de viviendas del sótano en aulas y despachos de informática.

Según ha sabido en exclusiva este periódico, a finales de abril la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional confirmó la decisión de uno de sus juzgados de avalar el desahucio de este ordenanza después de pasar la mitad de su vida viviendo en la casa del sótano del organismo público. La “tolerancia” del Centro, explican las sentencias del caso, se acabó en marzo de 2022 y eso permite su desahucio administrativo aunque el ordenanza todavía puede llevar el caso ante el Tribunal Supremo mientras, por ahora, sigue viviendo y trabajando allí. Esta redacción ha confirmado que seguía allí durante el fin de semana.

“Es difícil de creer”

“Es difícil creer que se pueda ocupar una vivienda en un organismo oficial durante 37 años sin autorización”. La frase está sacada de uno de los recursos que el propio ordenanza ha presentado, sin éxito por ahora, contra su desahucio. Un debate judicial tramitado en la Audiencia Nacional que ha girado en torno a un aspecto principal: si vivió gratis en el sótano durante 37 años porque así lo toleró el Centro de Estudios Jurídicos o si su trabajo le daba algún tipo de derecho a residir en el subsuelo del edificio. Si estaba o no estaba lo que se conoce como “en precario”.

La diferencia, con la ley en la mano, es importante. Reconocer que estaba en precario porque así lo permitió el Centro implica obligar a tramitar un desahucio administrativo para la recuperación de un edificio público, como se ha hecho. Reconocer que es algún tipo de derecho laboral hubiera dificultado enormemente la capacidad del organismo para sacarlo de sus instalaciones, como intenta hacer desde hace más de un año. Eso también ha evitado que el asunto se tramite como una ocupación ilegal o usurpación y que se le puedan reclamar 37 años de alquiler.

En sus recursos, el trabajador alegaba que formaba parte de sus derechos laborales, que él tiene más funciones que el resto del personal laboral del Centro y que, además, es algo que se suele hacer: “Es tradición en muchos organismos oficiales, no es un hecho aislado ni una situación extraña, por el contrario es bastante habitual y general que el portero ocupe una vivienda en el edificio para atenderla durante la noche y fines de semana”, explicaba en uno de sus recursos.

El CEJ y la Audiencia Nacional han rechazado ese argumento desde el principio, reconociendo el primer organismo que este hombre ha vivido gratis allí 37 años porque se permitió sin ningún tipo de contrato de por medio. “Si bien no existe ningún documento oficial que haya autorizado al recurrente a ocupar una parte del bien inmueble, es evidente que ha existido una autorización ”verbal“, tolerancia o consentimiento por parte del organismo que ha permitido o habilitado al interesado a ocupar dicho espacio”, dijo el Centro en sus alegaciones. Que se sepa, ningún otro empleado vivió en una de estas viviendas del sótano.

El Centro ocultó que vivía allí

La sala de lo contencioso de la Audiencia Nacional suma un reproche a este argumento: el Centro de Estudios Jurídicos permitió esta situación no solo de manera verbal sino sin avisar al Ministerio. “No ha comunicado el mismo al Ministerio de Justicia ni a la Dirección General de Patrimonio y no ha regulado las condiciones del uso de la vivienda, ni las obligaciones y derechos del usuario y de la Administración y el abono, en su caso, de los gastos de mantenimiento de la vivienda y el de los gastos medibles por contador”, reprocha la sentencia.  

La primera resolución judicial concluyó que si pudo vivir allí sin pagar durante media vida fue por “mera tolerancia de los responsables del Centro” desde 1985 hasta la actualidad. Hace un año y dos meses el organismo dirigido por Abigail Fernández decidió que era hora de terminar de ejecutar esas obras pendientes desde 2017 y que se habían ido adecuando para no afectar a los 50 metros cuadrados de Martín.

Lo explicó la propia directora a lo largo del proceso judicial de desahucio. Las obras para ampliar las aulas y despachos del Centro quedaron condicionadas a respetar “el derecho” del ordenanza a vivir allí, pero en un momento dado fue necesaria “una reforma integral de toda la planta semisótano, que está prácticamente inutilizada”, incluyendo la casa del trabajador, “a la que no se dispone de acceso y cuyo estado se desconoce”.

La última sentencia de la Audiencia Nacional, a falta de un posible recurso ante el Supremo, deja más cerca el desahucio de Martín mientras los plazos se acercan. Cumplirá 73 años en los próximos meses y se jubilará en octubre, lo que le dejaría sin vivienda pero con unas condiciones económicas mejores, según calcula su entorno, para buscar una alternativa. Un recurso de casación tardaría bastante más en ser resuelto por la sala tercera del Supremo según sus ritmos habituales.

De momento, la sentencia avala el desahucio administrativo puesto en marcha por el CEJ. “Ningún documento”, establece el fallo, permite concluir que ese “uso y disfrute gratuito” del sótano haya sido permitido por algo distinto que la “mera tolerancia posesoria” del propio Centro de Estudios Jurídicos. “Partiendo del dato importantísimo de que tal cesión de uso no aparece en el contrato laboral”, dice la Audiencia, descarta que sea un derecho asociado a su puesto de trabajo.

Mientras el caso encara su recta final después de más de 37 años viviendo gratis junto a su puesto de trabajo, el ordenanza sigue trabajando y comentando su historia a quien quiera escucharla. Todo el mundo en esa zona de la Ciudad Universitaria sabe quién es y él, tras cuatro décadas en el templo del saber jurídico español, sabe quién es todo el mundo. Jueces, fiscales, funcionarios judiciales y abogados del Estado que durante años han convivido, sin saberlo, con uno de los casos más particulares de desahucio que han pasado por manos de la Justicia con el Centro de Estudios Jurídicos como casero y principal protagonista.

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