El pasado 25 de noviembre, Día internacional de la violencia contra la mujer, la diputada de Vox Carla Toscano, se presentó en el Congreso y posó ante la prensa con una camiseta con mensaje: “Lágrimas de feminista”, escrito en inglés.
La Abogada del Estado en excedencia Macarena Olona defendió en la Comisión de Igualdad del Congreso que los homosexuales tienen derecho a acudir a especialistas que les ayuden a encontrar su identidad.
Su compañera de escaño, Lourdes Méndez Monasterio, dudó el pasado 20 de febrero de que al Gobierno le importen las mujeres asesinadas. Dijo que solo pretende utilizarlas para “implantar su ideología feminazi”.
Vox ha elegido a tres mujeres, todas ellas juristas, para encarnar la lucha contra el feminismo, los derechos LGTBI y las asociaciones que trabajan para prevenir la violencia de género, que el partido de Santiago Abascal llama despectivamente “chiringuitos”. Son ellas las encargadas de desplegar las tesis negacionistas sobre el machismo en la sede del Congreso y en las redes sociales con vídeos que piden al resto de las mujeres librarse de “burkas ideológicos”.
Entre las 14 diputadas que tiene la extrema derecha en el Congreso, Olona, Toscano y Méndez Monasterio son las tres que acaparan un mayor protagonismo en un partido que ha colocado solo a hombres en la cúpula: Santiago Abascal es el líder, Javier Ortega Smith, el secretario general, e Iván Espinosa de los Monteros, el portavoz parlamentario. Ese tridente de diputadas de Vox ha situado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, en el centro de la diana y se emplea a fondo para “desmontar” lo que denominan “feminismo supremacista”, sus “postulados liberticidas” y también en combatir la ley de la Violencia de Género, que exigen derogar y sustituir por otra de “violencia intrafamiliar”.
El día de la Mujer, el 8M, las dirigentes de Vox protagonizaron su propio “homenaje” a las mujeres, coincidiendo con el multitudinario acto de Vistalegre en que fue reelegido Abascal como líder de Vox sin oposición alguna, y lanzaron una campaña con un manifiesto y dos vídeos en los que defendían la maternidad, rechazaban el aborto, y atacaban con suma dureza al movimiento feminista acusando a sus activistas de “radicales” y “totalitarias”. “Quiero liberarme de vuestro burka ideológico”; “No hables en mi nombre”, clamaban.
A pesar de que Vox criticó con dureza al Gobierno por no haber suspendido las marchas feministas, la formación de extrema derecha continuó con su Asamblea dentro de aquel pabellón cerrado en Madrid, en el que se concentró toda su cúpula, conociéndose después que varios de sus dirigentes, empezando por Ortega Smith, se habían contagiado de coronavirus. Eso no impidió que las acusaciones por haber mantenido el 8M fueran a más por parte de la extrema derecha.
En el Congreso, esas tres parlamentarias han protagonizado en este tiempo encendidas arengas, tanto desde la tribuna de oradores, en los Plenos, como en la Comisión de Igualdad de la que han llegado a marcharse como señal de protesta contra la ministra Irene Montero, quien les recriminó que utilicen datos inventados para sostener “sus mentiras”. La ministra y el resto de diputados escucharon atónitos argumentos que no son nuevos en la extrema derecha acusando a los partidos de izquierdas de practicar el “odio patológico hacia el varón”.
Toscano, cuyas intervenciones son muy celebradas en las redes de Vox, ha llegado a mofarse de Montero por haberse emocionado durante su discurso el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La parlamentaria, que no se ha cortado en decirle a las feministas, “dais asco”, lució poco después una camiseta con el eslogan “feminist tears” (lágrimas feministas), un gesto que más de uno le recriminó.
Olona, la diputada que fue expulsada por Battet de la Diputación Permanente
Lo cierto es que las tres acumulan un largo historial de polémicas. Macarena Olona fue designada a su llegada al Congreso secretaria general del grupo parlamentario que lidera Espinosa de los Monteros. Antes de su entrada en política ejerció como abogada del Estado, una de las oposiciones más duras de la Administración, y entre 2013 y 2017 fue la máxima responsable de este cuerpo jurídico en el País Vasco. Allí destacó por sus implacables informes sobre casos de corrupción, algunos que afectaban al PNV, y sus recursos en los tribunales, como el planteado contra la realización de actos de homenajes a los presos de ETA. En agosto de 2017 fue cesada por el Gobierno de Mariano Rajoy a petición del PNV, que entonces era clave para la aprobación de los Presupuestos, y trasladada a la secretaría general del consejo de administración de Mercasa, una empresa pública inmersa en un grave caso de corrupción por el que se detuvo entre otros directivos a Pablo González, hermano del expresidente de Madrid, Ignacio González, entre acusaciones de reparto de comisiones ilegales por más de de 20 millones de euros. Olona duró poco en ese nuevo cargo porque en octubre de 2018 fue destituida de forma fulminante por el nuevo presidente del ente -designado ya por el el Gobierno del PSOE- pocos días antes de que tuviera que declarar en la Audiencia Nacional en calidad de representante legal de la compañía.
Ahora, alejada de la representación legal del Estado, carga contra el Gobierno sin descanso. El pasado octubre durante una sesión de la Diputación Permanente montó una zapatiesta porque quería que ese órgano abordase su propuesta en la que pedía al Gobierno de Pedro Sánchez que activase el estado de excepción en Catalunya. La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no se lo permitió puesto que no figuraba en el orden del día y tras llamarla al orden por tres veces, fue expulsada de la Sala Constitucional donde se celebran esas reuniones. La polémica había comenzado incluso antes de empezar el debate porque, al llegar, los diputados de Vox decidieron ocupar los asientos destinados a Ciudadanos. El grupo de Inés Arrimadas decidió cambiarse para zanjar el incidente pacíficamente.
En abril, en plena pandemia, los socialistas presentaron una querella ante el Tribunal Supremo contra la diputada de la extrema derecha por acusar al Ejecutivo de aplicar la eutanasia “por la vía de los hechos” a los ancianos de las residencias que fallecieron por la Covid-19. “Este Gobierno socialcomunista quiso introducir en España la regulación de la eutanasia y, por desgracia y por la vía de los hechos, lo ha aplicado de la manera más feroz”. “Quieren esconder la gestión criminal tapando los ataúdes, escondiendo los ataúdes”, afirmó en una entrevista en Los Desayunos de TVE el pasado 13 de abril.
Acusaciones de ese mismo calibre -como “sepultureros”- las repite en las redes, jaleada por el ejército de simpatizantes de Vox, y en los medios de comunicación afines, donde se le presenta como una jurista sobradamente preparada llamada a ocupar grandes puestos en la Administración si un día Vox alcanza el poder.
El pasado 12 de octubre, día de la Fiesta Nacional, Olona suscitó la indignación de los socialistas tras fotografiarse envuelta en la bandera de España con un cartel que pedía la dimisión del Gobierno, frente a la estatua vandalizada de Largo Caballero [histórico dirigente socialista, exministro de Trabajo y expresidente del Gobierno durante la II República]. Olona posó sonriente ante las pintadas de 'Asesino' y 'Rojos no' que alguien había escrito sobre el monumento. Dos semanas antes, el Ayuntamiento de Madrid, con los votos a favor de Ciudadanos, PP y Vox, había decidido retirar los nombres de la avenida Francisco Largo Caballero y del bulevar Indalecio Prieto, así como la placa en la plaza de Chamberí dedicado al primero, dentro de su particular forma de entender la memoria histórica. Algunos dirigentes del PSOE consideraron que las fotos son incitación a la violencia.
En una de sus vehementes intervenciones en el Pleno del Congreso, Olona se enfrentó a la portavoz del PSOE “como madre y como mujer” y afirmó a gritos desde la tribuna que “la violencia no tiene género”, y “no vamos a sumir en nuestro grupo que se criminalice al varón, que se le haga potencial asesino y maltratador porque no aceptamos que la violencia esté en el ADN masculino, no aceptamos sus leyes ideológicas y totalitarias” mientras acusaba a la izquierda parlamentaria de “puro hembrismo” y de “odio patológico hacia el varón”.
Olona también desató la indignación del colectivo gay cuando en la comisión de Igualdad del Congreso afirmó que “cualquier persona, sea o no homosexual, tiene la libertad de acudir a un especialista a que le ayude a encontrar su identidad”. Las redes sociales se le echaron encima mientras los tertulianos más escorados a la derecha celebran sus intervenciones porque dice “lo que nadie se atreve a defender”.
Olona también fue la diputada encargada de defender en sede parlamentaria a los militares en excedencia que criticaban con dureza al Gobierno pidiéndole por carta al rey que intervenga en España: “Están a favor de la unidad nacional. Son nuestra gente”, terminó por reconocer, a pesar de que algunos medios ya habían destapado chats de esos mismos militares en los que animaban a fusilar “a 26 millones de hijos de puta”.
Carla Toscano, la portavoz de Igualdad que se rio de la lagrimas de la ministra Montero
Otra de las parlamentarias más beligerante de Vox es Carla Toscano, licenciada en Derecho como Olona, y fichada por Abascal para ir en su candidatura por Madrid con el fin de convertirla en ariete de las feministas a las que llegó a escribir en su cuenta de Twitter: “Feministas, dais asco”.
Sus intervenciones constituyen auténticas soflamas. El pasado febrero aseguró que ni los “bailecitos feministas” ni la ley han logrado evitar los asesinatos de mujeres. Fue su respuesta a un tuit del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que condenaba los dos últimos crímenes machistas.
Designada como portavoz en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado sobre Violencia de Género sus intervenciones han sido de lo más sonadas. En una de de ellas, celebrada a finales de mayo de 2020, acusó a la ministra Montero de menospreciar “la violencia contra los homosexuales, los ancianos y los niños” y aseguró que todo el discurso de Podemos y de la izquierda “parte de una mentira de base”.
Aquel día Toscano se dirigió a Montero como la “comisaria de la desigualdad” y le espetó: “Una de dos, señora comisaria, o es usted muy ingenua y cree de buena fe que el único ser violento es el varón heterosexual y entonces debería dimitir por ignorante, o sabe que la violencia no tiene sexo y engaña conscientemente a los españoles para imponer su ideología y sacarles el dinero y entonces debería dimitir también”. Montero se encaró con ella y le preguntó: “¿Piensan que es casualidad las mujeres asesinadas que hay? 1.051 desde 2003, que es cuando tenemos capacidad de tener los datos. ¿Creen que es casualidad?”.
La diputada se jacta de haber trabajado como voluntaria con mujeres maltratadas y con niños que han sufrido esa lacra en sus hogares, mantiene su discurso. En el perfil que figura en la web del Congreso se la presenta como “especialista en ayuda humanitaria” y máster en Lingüística Aplicada a la enseñanza del español.
En otra sesión en la que compareció la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, Toscano abandonó la comisión parlamentaria tras denunciar que el pacto que firmaron todos los partidos “no está funcionando” y que “el dinero no está llegando a las víctimas” sino que se destina a “chiringuitos”.
“Disfrazan de falsa preocupación por la mujer lo que es avaricia y ansia de poder”, aseguró, para insistir después en que es necesario derogar este pacto de Estado e impulsar una ley de “violencia intrafamiliar”. En su réplica, Rosell le reprochó que “Vox defienda a los agresores”, mientras la portavoz del PSOE acusó a la extrema derecha de ser “corresponsable de la violencia contra las mujeres y un peligro para ellas”, lo que fue el detonante de su portazo.
Su negacionismo de la violencia machista la llevó también a reírse de las lágrimas que vertió la ministra el pasado 25 de noviembre en recuerdo de las miles de mujeres asesinadas a manos de sus parejas. Toscano subió a su cuenta de Twitter una foto con una camiseta en la se leía un mensaje riéndose de las “lagrimas feministas” dirigido a la ministra de Igualdad.
En vísperas del día del Orgullo, en junio de 2019, Toscano llegó a criticar la campaña del ministerio de Sanidad para repartir preservativos y prevenir el contagio del SIDA. “14.900€ para compra de lubricante y empaquetado de preservativos extraforte para sexo anal en el orgullo LGTBI. Esto es lo que se hace con nuestro dinero”, escribió en Twitter.
Durante el primer debate para la tramitación de la ley de eutanasia, que para Toscano consiste en que “un tercero quite la vida a alguien que de otra manera seguiría vivo”, dejó otras perlas argumentales. La diputada comparó la normativa de muerte digna, que finalmente se aprobó, con el “Aktion T4”, un programa de Adolf Hitler para acabar con los enfermos incurables o con todos aquellos que no entraran dentro de los cánones de la raza aria que el dictador diseñaba para su Alemania uniformada y perfecta.
Hace unas semanas Toscano escribió a modo de felicitación navideña: “Feliz 1936. Y guardad las sobras de la cena de hoy, las vais a necesitar”.
Méndez Monasterio, la diputada por Murcia que dejó el PP al no compartir su 'aperturismo'
Junto a Olona y Toscano destaca por su radicalidad de ideas antifeministas y antiabortistas su compañera por Murcia la portavoz de la Comisión de Igualdad Lourdes Méndez Monasterio, que como Abascal proviene del ala más a la derecha del PP. Su furibunda oposición al aborto la distanció del Gobierno de Rajoy hasta el punto de ir perdiendo poder en el partido, que abandonó en 2017 para terminar en Vox. Méndez Monasterio estuvo vinculada al PP durante 25 años: fue concejala en el municipio murciano de San Javier en los noventa, diputada autonómica entre 1999 y 2003, consejera de Trabajo en el gobierno de la Región de 2002 a 2004) y diputada nacional del PP desde entonces hasta 2015. Estuvo ocho años en la Ejecutiva Nacional del PP con Mariano Rajoy que la hizo presidenta de la Comisión Nacional de Familia, portavoz de Asuntos Sociales y presidenta de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad en el Congreso.
Cuando el anterior gobierno del PP reformó, pero no derogó, en 2015 la Ley de plazos del aborto aprobada por Rodríguez Zapatero, la abogada rompió entonces la disciplina de voto junto con otros cuatro diputados del partido. En 2017 sus enmiendas sobre el aborto y la eutanasia fueron ignoradas en el congreso nacional lo que la empujó a darse de baja, según cuenta la periodista Elisa Reche en elDiario.es de la Regíon de Murcia en este perfil que realizó sobre la diputada.
La abogada y ahora parlamentaria del partido de Abascal, que vive a caballo entre Madrid y San Javier, tiene seis hijos y es miembro del Opus Dei y de diferentes organizaciones antiabortistas. Es hermana del periodista Kiko Méndez Monasterio, uno de los asesores más cercanos de Abascal. Su abuelo materno fue el general José Monasterio, un destacado militar franquista que colaboró con la preparación del golpe de Estado de 1936 y cuyo papel fue fundamental para derrotar a las fuerzas republicanas en la batalla de Teruel. Además, preside la Asociación Familia y Dignidad Humana, que pretende “promover la protección de los derechos humanos, especialmente la defensa de la vida humana desde su concepción hasta la muerte natural, de la familia fundada en el matrimonio de un hombre y una mujer, de los derechos de la infancia y del menor”.
También colabora con la Plataforma por las Libertades, de la que forman parte su compañera de Vox Rocío Monasterio y el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja y cuyo objetivo es “defender las libertades vulneradas al amparo de la Ideología de Género” y manifestarse en contra de “las leyes promulgadas con el objetivo de favorecer de manera discriminatoria al colectivo LGTBI respecto al resto de la ciudadanía”.
A diferencia de Olona y Toscano, Méndez Monasterio utiliza un tono algo más pausado, propio de quien lleva varios lustros en las instituciones. Su diferencia está en las formas pero no en el fondo. Una de sus intervenciones en la Comisión de Igualdad en la que comparecía Irene Montero, acusó a la ministra de hacer “un discurso absolutamente fanático”, de “basar sus argumentos en datos falsos” y de “tratar de imponer una ideología de marxismo cultural basada en la lucha de los sexos ya que ahora no pueden ir a la lucha de clases”.
“¿Qué significa eso de que una mujer tenga que ir por la calle con alguien detrás para que nos defienda de todos los hombres porque todas las mujeres están al borde de la muerte y en un peligro cierto cuando están al lado de un hombre?”, le preguntó a Montero.
Méndez Monasterio llegó ese día a elevar la voz para preguntarle a la ministra: “¿De verdad les importan las mujeres asesinadas? Yo lo dudo mucho porque creo que están utilizando ese drama para implantar su ideología feminazi. ¿Por qué no analizan el motivo de esas agresiones [de las manadas]? No todos los hombres son violadores, son agresores o torturadores”, zanjó Méndez, que prosiguió acusando al Gobierno de estar permitiendo que “en determinados colegios” se eduque a los niños diciéndoles “que todos los hombres son violentos o agresivos”. “¿Por qué esa supremacía de la mujer?”, clamó, protagonizando también un encontronazo con la presidenta de la Comisión, la socialista Pilar Cancela, por las descalificaciones que estaba lanzando contra la titular de Igualdad, que hacía muecas de incredulidad mientras la diputada de Vox se desahogaba.