Turno ante el juez para los jefes de Villarejo en la Policía: en defensa del “agente encubierto”

En enero de 2018, dos meses después de su detención, el comisario Villarejo no estaba solo. Tres destacados nombres de la Policía Nacional, máximos responsables operativos del Cuerpo en los Gobiernos de González, Aznar y Rajoy remitieron por separado una carta al entonces juez del caso describiendo al policía encarcelado como un “agente encubierto” que había puesto su entramado empresarial al servicio de importantes servicios contra el terrorismo y la corrupción. Dos años después llega el momento de que los comisarios Agustín Linares, Pedro Díaz-Pintado y Eugenio Pino expliquen ante el juez sus cartas en defensa del comisario Villarejo.

Los tres comisarios principales, jubilados, declaran entre el lunes y el jueves en el marco de cuatro piezas de las 25 que integran por ahora el caso Villarejo. El interés que tenga lo que cuenten será repartido por toda la causa. Esas cuatro piezas que sirven para la citación no están bajo secreto de sumario, así que los comisarios tendrán en frente, además del juez y los dos fiscales Anticorrupción, a los abogados personados en la causa, incluidos los de la acusación popular, que ejerce Podemos.

Linares y Díaz-Pintado tendrán obligación de responder a todos porque comparecen como testigos. Eugenio Pino, sin embargo, se podrá acoger a su derecho a no declarar al figurar como investigado, condición que pesa sobre él en el marco de la pieza 7, el espionaje a Luis Bárcenas en beneficio del PP y con cargo a los fondos reservados.

Agustín Linares, subdirector operativo 1986-1994

El primer testimonio, previsto para las 16:00 de este lunes, es el de Agustín Linares y permitirá viajar en el tiempo 25 años atrás. Linares fue el jefe de la Policía durante buena parte del “felipismo”, entre 1986 y 1994. Villarejo estuvo en excedencia una década, de 1983 a 1993. Es la época en la que él asegura que construyó su fortuna con negocios privados que además ponía al servicio de la Policía como tapadera para investigaciones imposibles de realizar sin aquella cobertura. Se trató, según escribió Linares al juez el 2 de enero de 2018, de “servicios y gestiones informativas de interés policial sin solicitar ni recibir por ello retribución alguna”.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción creen que Villarejo se sirvió de su condición de funcionario para acceder a información confidencial que luego utilizaba en los trabajos que sus empresas vendían a clientes de la élite empresarial del país a precios millonarios. El 29 de junio de 1993, por tanto, se produjo un hecho que afecta al devenir de la investigación. Ese días se produjo el regreso al servicio activo del entonces inspector jefe José Manuel Villarejo Pérez. Desde ese momento, y según Linares, el policía “siguió realizando actividades policiales de carácter informativo sin que, por razón de la naturaleza de su trabajo, estuviera sometido a control de horarios”.

Los tres policías que redactan las cartas dicen hacerlo a petición del abogado que representaba a Villarejo en ese momento, Ernesto Díaz-Bastien, histórico letrado del policía que ya trabajó para él en el caso que juzgó un turbio encargo de la Iglesia de la Cienciología a finales de los ochenta y que a punto estuvo de costarle una condena en firme [en el punto 9 de este artículo está explicado].

Pedro Díaz-Pintado, subdirector operativo 1996-2004

Pedro Díaz-Pintado fue el máximo responsable operativo de la Policía durante los dos gobiernos de José María Aznar, la mayor parte del tiempo a las órdenes de Juan Cotino y los dos últimos años bajo Agustín Díaz de Mera. Es por tanto el comisario al frente de la Policía cuando se produjeron los atentados del 11-M.

En su carta al juez, Díaz-Pintado dice que Villarejo “actuó con toda regularidad y eficacia” durante aquellos ocho años “como agente policial encubierto”. Antes de que llegara Díaz-Pintado, Villarejo fue apartado a labores secundarias por su participación en la Operación Veritas, una maniobra para situar al policía Enrique García Castaño -ahora imputado junto a Villarejo en la Audiencia Nacional- en el centro de una red de corrupción policial y crimen organizado con la que se vinculaba también a Baltasar Garzón [punto 2].

Con Díaz-Pintado, Villarejo fue rehabilitado y realizó “un trabajo eficaz, reiterado y satisfactorio”, insiste el antiguo subdirector operativo. El jefe jubilado pone como ejemplo “la localización en el extranjero de un conocido traficante de drogas español que se hallaba fugado del país, lo que permitió su detención, repatriación y puesta a disposición de la justicia española”. Pedro Díaz-Pintado se refiere a la detención en Grecia de Laureano Oubiña en el año 2000, una operación facilitada por Villarejo, que tenía como uno de sus principales confidentes al traficante de armas Monzer Al Kassar, quien le entregó al narcotraficante gallego [punto 6].

Díaz-Pintado asegura que casi nadie en la Policía sabía de la labor de Villarejo con el fin de preservar su éxito. “Las empresas de Villarejo nunca recibieron emolumento o cantidad alguna por la DGP sino más bien al contrario sirvieron a los intereses de la Policía sin percibir contraprestación por ello”, añade el antiguo responsable policial.

Eugenio Pino, director adjunto operativo 2012-2016

Entre los mandatos de Díaz-Pintado y Eugenio Pino está el periodo de Miguel Ángel Fernández Chico, al frente de la Policía durante los dos gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Fernández Chico falleció en 2012. Mientras fue director adjunto operativo, Villarejo fue ascendido a comisario y condecorado con al menos una medalla pensionada. Villarejo tenía trato directo y continuo con Miguel Ángel Fernández Chico, como atestiguan las grabaciones que constan en el sumario.

Según testimonios de mandos policiales de la época, el comisario Villarejo intervino en las grandes operaciones anticorrupción de la época, colaborando con el jefe de la UDEF José Luis Olivera, su gran apoyo en la Policía, en casos como Gürtel, Astapa o Malaya. Una hija de Fernández Chico trabajaba en las empresas de Villarejo intervenidas en la operación de noviembre de 2017.

En 2012, con el regreso del PP al poder, Eugenio Pino se convirtió en director adjunto operativo, una denominación para el cargo que había estrenado su predecesor. Pino es el artífice de la brigada política que actuó durante su mandato contra la oposición política, ya fuera en Catalunya o Podemos. En su misiva, Pino introduce una cuestión que marcó el declive del comisario Villarejo: su enfrentamiento con el jefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín-Blas, muy activo en los encargos “políticos” de aquella época, y con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Pino asegura que Félix Sanz Roldán le pidió su cese “en dos ocasiones”.

La pieza principal del caso Villarejo aborda el encargo de unos familiares de Obiang enfrentados a otra parte de la familia. Pino no pierde oportunidad en su carta al juez para introducir este tema y descargar de culpabilidad a Villarejo. En tercera persona, Pino dice de si mismo que “recuerda, vagamente, que le comentó que le había surgido la posibilidad de contactar con el Gobierno de Guinea y que de ello había informado al CNI, lo que le pareció oportuno, por ser materia de su competencia”.

Otro de los párrafos introduce el modus operandi de la brigada política que dirigió Pino y que él defiende como algo absolutamente legal y regular: “Que tanto en el ámbito de la corrupción política como del terrorismo, (Villarejo) ha realizado significativos informes de inteligencia que después de judicializarse han permitido destacadas operaciones policiales”.

Las investigaciones prospectivas contra los adversarios políticos sin control judicial se blanqueaban después a través de la UDEF para intentar ser judicializadas, si bien la mayoría de ellas solo servían para elaborar informes sin firma ni sello que publicaban determinados medios de comunicación cuando más convenía para dañar al soberanismo catalán o a Podemos.

Pino también asegura que durante su periodo se investigó la actividad empresarial de Villarejo, por orden de Jorge Fernández Díaz, “con ocasión de ser revelada públicamente su identidad y doble condición”, y que aquella concluyó “positivamente” para el comisario hoy encarcelado. Pino se refiere a las revelaciones periodísticas sobre los presuntos delitos de Villarejo y a una investigación interna que él encargó a otro destacado miembro de la policía política, José Ángel Fuentes Gago, que por su actividad en aquella época está imputado junto al propio Eugenio Pino y Villarejo en el caso que investiga la Audiencia Nacional.