El “twitterrorismo” y su represión penal, a debate en la universidad
En un contexto marcado por las sucesivas fases de la Operación Araña, la condena a Cassandra Vera o César Strawberry por hacer chistes en Twitter con Carrero Blanco y el incremento de las sentencias por enaltecimiento del terrorismo, expertos en Derecho Penal se unirán el próximo 1 y 2 de junio en unas jornadas bajo el nombre 'La represión penal de la sátira política' para abrir un debate sobre la criminalización de la sátira y el humor negro en las redes sociales.
“Nos parece muy preocupante que nos estemos acostumbrando a que se abran procedimientos penales por sátiras irreverentes. Comienza a no ser noticia que haya dos cómicos [Dani Mateo y el Gran Wyoming] que son tratados como criminales, llamados como investigados por las autoridades, por hacer una broma con que si la Cruz del Valle de los Caídos es una mierda”, señala Jacobo Dopico, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid y director del acto, en declaraciones a eldiario.es.
Las jornadas reunirán en la Universidad Carlos III a un grupo de juristas para “abrir un debate sobre cuáles son los límites que la Constitución impone a la criminalización de actos de expresión, sobre todo cuando son actos de expresión satírica o artística”, explica Doplico. También estarán presentes el cantante del grupo Def con Dos, César Strawberry (condenado a un año de cárcel y seis años y medio de inhabilitación), la tuitera Cassandra Vera (un año de cárcel y siete de inhabilitación), los componentes de Títeres desde abajo, Alfonso Lázaro y Rául García (en prisión preventiva durante cinco días por una obra) y Antonia Ávalos, de la Asociación Mujeres Supervivientes, una de las tres mujeres encausadas por participar en la procesión del 'Santísimo Coño Insumiso'.
La segunda de las jornadas incluirá la perspectiva de las asociaciones de jueces y fiscales y de plataformas de defensa de los derechos humanos, con la presencia de representantes de Amnistía Internacional, la Plataforma Derecho a la Libertad de Información o las intervenciones de Ignacio González Vega (Jueces para la Democracia) y Álvaro García Ortiz (Unión Progresista de Fiscales). Junto a ellos estará el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional Tomás Vives Antón y los exletrados del Tribunal Constitucional Juan Antonio Lascuraín y Rafael Alcácer Guirao.
Entre los temas sobre los que reflexionarán los expertos se encuentra la disparidad de criterios entre los magistrados, que han marcado algunos de los últimos casos de aplicación del artículo 578 del Código Penal. Mientras Cassandra Vera ha sido condenada a un año de cárcel y siete de inhabilitación por sus tuits sobre Carrero Blanco, una sentencia de marzo absolvió al abogado Arkaitz Terrón por comentarios como “no entiendo por qué la placa de Carrero no se la ponen los productores de cava. El día que ETA lo hizo volar se descorcharon muchas botellas!”. La Fiscalía presentó la semana pasada un recurso para pedir que se revoque esta sentencia.
También César Strawberry, que estará presente en el primer día de los actos, fue absuelto inicialmente por la Audiencia Nacional. El Supremo revocó la absolución meses después, en enero de este año, y le condenó por los seis tuits en los que ironizaba con la vuelta de los GRAPO y ETA. Para Dopico, la diferencia de criterios revela que hay un intento de interpretación “orientada a la Constitución” y “a las limitaciones que han impuestos los Tribunales Constitucionales de nuestro entorno y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos” frente a “la acción punitiva del Estado”.
En opinión del catedrático –que analizará los casos de Strawberry y Cassandra junto a sus protagonistas en la primera jornada– es “irrazonable” entender que los chistes sobre Carrero Blanco de ambos puedan incitar a la violencia al tratarse de conductas “de indudable sentido humorístico” por parte de personas “que no tienen conexión con una organización criminal”. “Son conductas ubicuas, repetidas miles de veces. La pregunta es: ¿por qué se selecciona a una persona concreta? Suscita dudas sobre la selección de las personas que son llevadas a los tribunales”, apunta.
“El problema que tenemos es que ya es normal que denuncias de estas características en vez de ser tratadas como extravagancias de grupúsculos minoritarios, sean admitidas a trámite y haya personas que son llamadas a declarar y, en casos extremos, son condenadas”, incide el experto.
El pasado mes de febrero, un grupo de más de 250 expertos en Derecho Penal firmaron el manifiesto 'Carrero Blanco como síntoma', impulsado por Dopico, para criticar “la criminalización” del humor negro en redes sociales. En el documento, los expertos recuerdan que son conductas socialmente aceptadas, que no constituyen un delito y “no pueden constituirlo bajo el régimen de derechos y libertades constitucional”.
