ERC pide “mejorar, ampliar” y “alargar” el plan del Gobierno aunque se abre a apoyarlo

Ciudadanos ha recibido este martes un alud de críticas del resto de grupos parlamentarios por plantear la retirada de las mascarillas en interiores “ya” a través de una moción consecuencia de interpelación, al margen de las recomendaciones sanitarias y de los foros sanitarios que reúnen al conjunto de las administraciones. 

La teoría que ha defendido el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha sido que “la mascarilla en interiores sigue siendo obligatoria porque el Gobierno está esperando a un momento político para retirarlas”. “Si no se suprime es por motivos ajenos a los sanitarios”, ha asegurado durante el debate en el Pleno en el que ha recibido críticas de PP, PSOE, Vox y especialmente del PNV. La diputada nacionalista vasca Josune Gorospe ha acusado al partido de Inés Arrimadas de estar entrando “en una espiral de populismo muy peligrosa”.

Por Iñigo Aduriz.

El ministro de Exteriores marroquí, Naser Burita, ha pedido hoy a los países europeos seguir el ejemplo de España y apoyar el plan marroquí de autonomía como solución para el conflicto del Sáhara Occidental. 

“La autonomía para el Sáhara es la única solución que apoya Washington, Francia y países africanos, y recientemente España y Alemania”, ha señalado Burita hoy durante una rueda de prensa conjunta en Rabat con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken. 

Burita ha señalado que espera que la posición de España “no quede aislada” y añadió que para Europa ha llegado el momento de “salir de su zona de confort” para apoyar la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental bajo la soberanía marroquí.  Para el ministro marroquí hay una diferencia entre apoyar el proceso o apoyar una dinámica que podría tardar décadas. 

Burita elogió la carta del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que escribió el pasado 18 de marzo al rey Mohamed VI de Marruecos y en la que, entre otras cosas, se decía que el plan de autonomía de Marruecos para el Sáhara, presentado en 2007, es “la base más seria, realista y creíble” para la resolución de la crisis, en línea con las tesis de Rabat. 

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU, Antony Blinken, ha alabado hoy en Rabat la iniciativa marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental y la calificó de “seria, creíble y realista”, al tiempo que lo consideró como un enfoque “potencial para satisfacer las aspiraciones del pueblo del Sáhara Occidental”. 

También ha añadido que Washington apoya los esfuerzos del enviado personal del secretario general de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, en la conducción del proceso político para la excolonia española, bajo los auspicios de la ONU.

Informa EFE.

El Congreso de los Diputados ha dado este martes el primer paso para incorporar al Código Penal dos nuevos supuestos en los que el asesinato se castigue con pena de prisión permanente revisable: cuando haya ocultación del cadáver y en el caso de reincidencia en el delito de asesinato. La propuesta había sido registrada por PP, Ciudadanos, Navarra Suma y Coalición Canaria, pero también la ha apoyado el grupo mayoritario de la cámara, el PSOE, y ha sido aprobada con 277 votos a favor, 64 en contra y 2 abstenciones.

Los socialistas, no obstante, han recalcado su sí a la toma en consideración de esta proposición de ley busca iniciar un recorrido parlamentario “en el que el Grupo Socialista trabajará para aportar rigor jurídico”. Por tanto, desde el PSOE han recalcado que se aprueba “el inicio de un trámite parlamentario con el objeto de buscar la mejor vía para legislar contra aquellos que asesinan y esconden después el cuerpo de la víctima”.

Esta mañana Unidas Podemos también llegó a anunciar su voto a favor, pero tras un debate interno finalmente optó por el 'no'. Ante ese cambio de parecer chocó el tono contundente del diputado Ismael Cortés, que durante el debate del Pleno en el Congreso –en el que han estado presentes familiares de víctimas de asesinatos como los padres de Diana Quer– ha tildado la prisión permanente revisable como “populismo punitivo” y ha asegurado que respaldar la iniciativa de PP y Ciudadanos supone “contribuir a que se capitalice el dolor de las víctimas” con intereses políticos.

Por Iñigo Aduriz.

El plan de choque para hacer frente a las consecuencias de la guerra contempla ayudas para el sector primario de hasta 35.000 euros por explotación, cabeza de ganado o buque pesquero. 

En total, con cargo a fondos europeos, el sector agrario recibirá 362 millones de euros. Cifra que ya adelantó el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, se contemplan 68 millones para el sector pesquero. 

En concreto, según fuentes del Ejecutivo, 169 millones serán para el sector ganadero, en función de las cabezas de ganado de cada explotación, con un máximo de 35.000 euros. Esta última cifra también será el tope máximo de ayuda por buque.  

Además, tanto el sector agrario como el pesquero podrán aplazar las cuotas de la Seguridad Social durante un plazo de tres meses.

Escribe Cristina Bolinches.

Nueva letra pequeña de la flexibilización de los préstamos ICO. La ampliación anunciada previamente por el Gobierno de seis meses para la carencia —sin tener que asumir los pagos de devolución— de empresas se aplicará únicamente a pymes y autónomos de los cuatro sectores que se consideran más afectados: ganadería, agricultura, pesca y transporte. Aquellos que no hubiesen todavía empezado a devolver los préstamos avalados por el ICO concedidos en 2020 tendrán otros seis meses antes de tener que afrontar estos pagos. Además, si ya se ha comenzado a devolver el préstamo, las empresas podrán solicitar una carencia de hasta seis meses.

Sí podrán aplicarse el resto de empresas la ampliación de los plazos de devolución. Hasta ahora, solo aquellas que justificasen una pérdida en 2020 del 30% de sus ingresos por la pandemia podían acudir a un código de buenas prácticas con la banca para ampliar el periodo de devolución —inicialmente era de hasta cinco años—. Ahora se elimina esa exigencia para tratar que esta medida llegue a más empresas.

Escribe Diego Larrouy.

Vox no ha logrado este martes los apoyos necesarios en el Pleno del Congreso de los Diputados para iniciar la tramitación de una proposición de ley, defendida por su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, para regular el régimen profesional de los militares modificando la ley de carrera militar y aumentar el gasto en Defensa “como mínimo” al 2% del Producto Interior Bruto (PIB). Con 65 votos a favor, 190 en contra y 89 abstenciones, el Pleno ha rechazado la iniciativa.

Durante el debate de la iniciativa, la extrema derecha tan solo ha contado con el respaldo de Ciudadanos y de Foro, mientras el resto de grupos, tanto los que sostienen al Gobierno como sus socios parlamentarios, y también el PP –que ha tildado la propuesta de “populista”–, han criticado el “oportunismo” del partido de Santiago Abascal y han anunciado su voto en contra. 

Desde la izquierda se ha preguntado a Vox cómo pretende recaudar el dinero necesario para incrementar ese gasto militar si, al mismo tiempo, reclama una bajada generalizada de los impuestos. Juan Antonio Delgado Ramos, diputado de Unidas Podemos, la ha calificado como “una iniciativa que no hay por dónde cogerla” y “un parche” ante los problemas de las Fuerzas Armadas españolas. El PSOE tampoco la ha apoyado y eso que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sí apostó por incrementar el gasto en Defensa tras el estallido de la invasión de Ucrania. La diputada socialista Zaida Cantera ha asegurado, no obstante, que España “está comprometida con un aumento en Defensa” hasta alcanzar al 2% del PIB en los próximos años. 

Escribe Iñigo Aduriz

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha pedido este martes no hablar “a la ligera” del tope al gas que España va a proponer junto a Portugal en su plan conjunto para abaratar la luz tras el visto bueno del Consejo Europeo de la semana pasada a la denominada excepción ibérica. Ese gas, ha subrayado Ribera, “nadie nos lo va a regalar”.

Ribera se ha pronunciado así en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que ha aprobado el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, después de que el lunes la ministra de Derechos Sociales y líder de Unidas Podemos, Ione Belarra, apostase en público por fijar ese tope, que marcará el precio máximo que podrán ofertar las centrales de gas, en 30 euros por megavatio hora. Belarra aseguró que esta cuestión es una “decisión política”.

Según Ribera, ese tope está en discusión todavía y el detalle de cómo se haga “es algo que estamos trabajando con Portugal y con la Comisión”, en una discusión que tiene “muchos elementos técnicos”. “Cuanto más bajo sea” ese precio, será “mejor para nosotros”. Será “el más bajo posible”, ha señalado la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.

La ministra de Transición Ecológica ha subrayado que el precio del gas ha estado en torno a 20 euros desde que funciona el mercado ibérico Mibgas, frente a los más de 120 euros de lo que llevamos de 2022 y los 50 euros de media de 2021. El precio propuesto, al que tiene que dar su visto bueno la Comisión Europa, debe ser consensuado con Portugal y “asumible para el conjunto de la UE”, ha dicho Ribera.

Escribe Antonio M. Vélez.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha tildado de “peligroso” regular mercados que “deben ser libres”, en referencia al veto a los despidos para empresas que reciban ayudas públicas por la guerra en Ucrania o la limitación al 2% del aumento de las rentas de los alquileres, incluidas en el decreto de medidas aprobadas este martes por el Gobierno.

Garamendi ha dejado patente su descontento con el asunto de los alquileres y también con la prohibición de despedir, que han defendido este martes las vicepresidentas Yolanda Díaz y Nadia Calviño. Si las compañías reciben recursos públicos, ya sea en ayudas directas por esta crisis o si aplican ERTE, “no tiene sentido” que puedan despedir, han defendido.

“Si estamos en el mundo libre, no nos parece muy adecuado este planteamiento”, ha insistido el presidente de la CEOE, que ha tildado el anuncio de “sorprendente”. “A veces, parece que a la gente le divierte despedir, pero las empresas están en un momento muy complicado”, ha subrayado antes de reunirse con parte del tejido industrial de Zamora.

Sobre el tema de los alquileres, Garamendi, que ha comparecido acompañado por los presidentes autonómico y provincial de CEOE-Cepyme, Santiago Aparicio y José María Esbec, ha lamentado que cuando se habla de dueños de pisos, se piensa en grandes empresas, pero “normalmente es gente normal”, recoge Europa Press. “Esto es como eso de yo te invito a cenar, pero tú pagas la cena”, ha lamentado el representante empresarial.

Informa Economía.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha reabierto el sumario sobre el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) que ETA perpetró el 4 de agosto de 2002 y ha pedido a la Guardia Civil y la Policía Nacional que le remitan todos los datos sobre los integrantes de la cúpula de la banda en el momento de los hechos.

En un auto del pasado viernes, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha solicitado que se aporte toda la información sobre los que eran entonces jefes del aparato militar Juan Antonio Olarra, alias 'Juanvi', y Ainhoa Múgica, 'Olga'; del aparato logístico, Félix Ignacio Esparza 'Navarro'; del aparato político Mikel Albisu, 'Mikel Antza', del aparato internacional Ramón Sagarzazu, 'Ramontxo' y de la tesorería María Soledad Iparaguirre, 'Anboto'.

El magistrado justifica su decisión en la existencia de “nuevos elementos o circunstancias a valorar” y que pueden guardar “directa vinculación con los hechos iniciales que motivaron la incoación del procedimiento penal”. “En el presente caso, esa vinculación o relación es palmaria, atendiendo a las circunstancias fácticas expresadas en los hechos de esta resolución, así como a las diligencias de investigación policial que se presentan (y en su momento se aportaron) para incoar la causa penal”, asegura.

El 11 de marzo García Castellón acordó incoar diligencias previas a raíz de la querella presentada por la Asociación Dignidad y Justicia (DyJ) contra los seis jefes de la banda terrorista que presuntamente componían el máximo órgano de dirección -el ZUBA- en el momento del ataque.

Unos días mas tarde, el Ministerio Fiscal, presentó un informe en el que defendía la necesidad de dictar auto de reapertura de la presenta causa además de solicitar los citados informes que el magistrado ya ha requerido a los departamentos de Información del Instituto Armado y de la Policía Nacional.

Informa Europa Press.

“Con carácter casi inmediato vamos a ratificar el Convenio 189 de la OIT”, ha adelantado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros. El tratado reconoce la equiparación de la protección social de las trabajadoras del hogar con el resto de asalariados, lo que implica su derecho al paro. Un derecho ahora negado y que la justicia europea tachó recientemente de discriminatorio.

Yolanda Díaz ha realizado el anuncio en la víspera del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el 30 de marzo. La previsión es que la ratificación se remita al Consejo de Ministros en las próximas semanas, ya que el convenio “ya está en la antesala del Ministerio de Exteriores”, ha afirmado la ministra. El gobierno la mandará a las Cortes, para que respalden esta firma.

La vicepresidenta segunda ha recordado que el Gobierno está obligado a “cumplir la sentencia” del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que concluyó a finales de febrero que España discrimina a las trabajadoras del hogar por negarles el paro a propósito del caso de una empleada gallega.

El Ministerio de Trabajo ha anunciado que reconocerá este y otros derechos laborales al colectivo de trabajadoras este año. Colectivos de trabajadoras del hogar realizaron sentadas el pasado domingo para exigir el cumplimiento de la sentencia y la ratificación inmediata del Convenio 189. CCOO ha reclamado este martes que la respuesta del Gobierno sea urgente, “lo antes posible”.

Informa Laura Olías.

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha dado a entender este martes que su grupo apoyará la convalidación del real decreto ley aprobado hoy mismo por el Gobierno y que incluye las medidas para hacer frente a las consecuencias sociales y económicas de la invasión de Ucrania. “Será muy difícil explicar que no hay que hacer nada y que no es necesario el decreto”, ha asegurado en rueda de prensa.

“No creo que el decreto vaya a tener una especial dificultad para salir adelante”, ha añadido, si bien ha pedido “tiempo” para “ver las medidas en detalle” antes de responder oficialmente si el PNV dará un 'sí' o una abstención al plan del Ejecutivo. 

Informa Iñigo Aduriz.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, ha anunciado este martes tras el Consejo de Ministros más detalles sobre la flexibilización de los préstamos ICO que se concedieron durante la pandemia. En concreto, se permitirán seis meses más de carencia para las empresas que ya se adhirieron a un retraso en el comienzo de la devolución de estos préstamos. Se estima que unas 380.000 empresas se beneficiarían de esta medida. Sus obligaciones comenzaban a activarse durante las próximas semanas y meses.

El Ejecutivo lo incluye dentro de una modificación del código de buenas prácticas que permitía a los bancos ampliar la carencia a las empresas que más habían sufrido la pandemia, relajando las exigencias para poder adherirse.

Es la principal novedad respecto a lo que ya se conocía. El Gobierno ha aprobado finalmente la nueva línea de préstamos ICO, con 10.000 millones de euros de avales públicos para créditos destinados a empresas y autónomos.

Informa Diego Larrouy.

La Audiencia Nacional ha impuesto a Javier Biosca una fianza de un millón de euros para salir de prisión, donde permanece desde el pasado mes de junio investigado en la primera macroquerella por un presunto delito de estafa con criptomonedas en España. 

En un auto, los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal estiman parcialmente un recurso de Biosca contra los autos del Juzgado Central de Instrucción 1, que ordenó su ingreso en prisión sin fianza, y modifican la medida por la prisión eludible con fianza de un millón de euros, como pedía la Fiscalía. 

El auto señala que “existen indicios de la participación del recurrente en hechos calificables como delito continuado de estafa” y que es “indudable que los contratos celebrados con los inversores no excluyen la existencia del engaño característico del delito de estafa”.

Sin embargo, indica que ha habido “un cambio de circunstancias respeto a la situación existente en junio de 2021, cuando se acordó la prisión provisional”. En concreto, señala “el efecto atenuador del tiempo transcurrido” en el riesgo de fuga de Biosca y el avance de la instrucción en el peligro de destrucción o alteración de fuentes de prueba, que “es menor también, o casi inexistente”. 

Además, el escrito recoge que “no hay elementos suficientes para concluir que una eventual puesta en libertad pudiera poner en peligro bienes jurídicos de la víctimas, ni siquiera en cuanto a las inversiones en criptomonedas” porque “la existencia de movimientos de estos activos durante la permanencia en prisión provisional” de Biosca “determinan la escasa o nula repercusión en este aspecto de aquella medida privativa”. 

Biosca fue detenido el pasado 7 de junio, investigado por un presunto delito de estafa, blanqueo y organización criminal. En 2019 había empezado a operar a través de un negocio financiero que prometía altas rentabilidades semanales gracias a la inversión en criptomonedas y que no estaba controlado por ningún organismo. Los querellantes apuntan a un supuesto esquema Ponzi, en el que el investigado cumplía con los pagos a los inversores gracias a los fondos de los nuevos, que captaba gracias al boca a boca. 

Según la defensa, algunos de los reclamantes no son perjudicados, al reconocer que se beneficiaron, por lo que se trataría de una cuestión civil y no penal. Además, afirman que en caso de tener consideración delictiva, “en virtud del informe de la UDER y de la documentación aportada por los presuntos perjudicados, no se puede determinar la cuantía, pero podría ascender a 8 millones” y no 800, como cifran los querellantes.

Informa David Noriega.

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El PSOE rechazará este martes en el Congreso una iniciativa de Vox que plantea blindar por ley el gasto militar. “Es una iniciativa oportunista”, ha dicho el portavoz socialista, Héctor Gómez, que ha asegurado que el grupo socialista votará en contra por tener un “carácter político”. 

Gómez ha recordado que es la “voluntad” de Pedro Sánchez de cumplir con el compromiso alcanzado en el seno de la OTAN de llegar al 2% del PIB en gasto en Defensa. No obstante, el Gobierno no establece una fecha en la que pretende llegar a ese umbral. La OTAN estableció 2024 como plazo, un objetivo que la ministra Margarita Robles dio por imposible recientemente.

Informa Irene Castro.

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha denunciado este martes que la presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, haya suspendido la reunión de la Mesa de este martes por encontrarse de viaje en Eslovenia. El grupo confederal argumenta que se da la circunstancia de que el máximo órgano del Congreso iba a calificar en su reunión de esta semana una iniciativa de Unidas Podemos, ERC y EH Bildu para que el Congreso ratificara su apoyo a un referéndum en el Sáhara occidental. 

El debate se ha trasladado a la Junta de Portavoces donde, según ha podido conocer este diario, Unidas Podemos se ha quejado formalmente por la suspensión de la Mesa, unas críticas que han compartido, también, PP y Vox. Siempre según las fuentes consultadas, durante la Junta el PSOE se ha comprometido a solucionar la polémica y a facilitar que la iniciativa sobre el Sáhara se pueda llevar al próximo Pleno. Para ello deberá celebrarse una reunión de la Mesa en los próximos días. 

Informa Iñigo Aduriz.

Mónica García, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha pedido “explicaciones políticas” a Isabel Diaz Ayuso tras la imputación de la alcaldesa de Arroyomolinos, Ana Millán, por camuflar supuestamente una mordida con pagos por el alquiler de un ático de su propiedad.

Millán es militante del PP y una estrecha colaboradora de la presidenta madrileña, por lo que García considera que, “al margen del carril judicial”, es “Ayuso la que tiene y debe dar explicaciones políticas sobre este nuevo asunto”.  

“No hay tres sin cuatro. Por si fueran pocos los delitos de cohecho, prevaricación y fraude por los que la alcaldesa de Arroyomolinos e íntima de Ayuso está siendo investigada, hoy se suma el blanqueo de capitales para hacer póquer de delitos”, ha aseverado García.

Entre el 2008 y el 2012, Millán recibió 44.462,67 euros de la empresa Neverland, propiedad de el empresario Francisco Vicente Roselló, según consta en los atestados de la Guardia Civil entregados al juez, a los que ha tenido acceso elDiario.es. Cuatro empresas de Roselló fueron adjudicatarias, entre 2006 y 2011, de más de 660.915,21 euros en contratos de la Concejalía de Juventud, al frente de la cual estaba Ana Millán, según los datos que la UCO ha obtenido de Hacienda. Informa Pedro Águeda.

Cuando Millán cambió de Concejalía, el Ayuntamiento de Arroyomolinos dejó de contratar a Roselló, según destaca la Guardia Civil. Además, Millán recibió de Roselló otros 6.642 euros en el año 2012 cuyo motivo se desconoce, añade la UCO. 

Informa María Santos.

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El socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, y aliados parlamentarios habituales del Ejecutivo como ERC y EH Bildu tratarán de presionar al PSOE para que en la tramitación parlamentaria del real decreto ley que se aprueba este martes con las medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra se puedan incorporar aumentos de impuestos a las grandes fortunas y también a las empresas eléctricas.

Así lo han manifestado en distintas ruedas de prensa tanto el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, como los de ERC y EH Bildu, Gabriel Rufián y Mertxe Aizpurua, respectivamente. Para ellos será necesario que cuando el decreto llegue al Congreso para su convalidación se apruebe su tramitación como proyecto de ley. En todo caso, todos los socios habituales del Gobierno han considerado que el decreto va “en el camino correcto” y, por tanto, han dado a entender que respaldarán su convalidación en la Cámara Baja.

Informa Iñigo Aduriz.

El Gobierno da por hecho el apoyo del Congreso al plan anticrisis a la espera del PP de Feijóo

El presidente virtual del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este martes en que el plan anticrisis que aprobará esta misma mañana el Consejo de Ministros debería incluir una “bajada de impuestos” para contar con el apoyo del grupo parlamentario. El Gobierno de coalición confía en tener amarrados los apoyos suficientes para convalidar el real decreto ley en el Congreso, y está a la espera de la decisión del PP.

En declaraciones en Ourense, donde está por segundo día consecutivo como presidente de la Xunta, Feijóo ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se “comprometió” en la declaración institucional de la última conferencia de presidentes, celebrada en La Palma, a dicha rebaja. “Creo en su palabra”, ha dicho.

Feijóo ya puso ayer esta condición para que los diputados del PP voten a favor del plan anticrisis del Gobierno de coalición, que supondrá un total de 16.000 millones de euros e incluirá, entre otros aspectos, una bonificación del precio del combustible, un aumento del 15% de la cuantía del Ingreso Mínimo Vital o una limitación “excepcional” del incremento de los alquileres de tan solo el 2% desvinculándolo del IPC durante los tres próximos meses. En el mismo sentido se pronunció la coordinadora general del partido y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra.

Informa Aitor Riveiro.

La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, encabezará el miércoles un seminario organizado por la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, en colaboración con la Cátedra sobre Sostenibilidad, Inclusión Social, Diversidad y Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, para “abordar diferentes puntos de vista para la resolución de conflictos, como el producido tras la invasión de Ucrania, por vías políticas y diplomáticas”. 

Fuentes de Derechos Sociales han explicado que el encuentro “servirá para profundizar en el estudio de las herramientas de las que dispone la comunidad internacional -a través del derecho internacional- para la resolución pacífica de los conflictos como alternativa a la guerra y en las imprescindibles propuestas sobre seguridad compartida en Europa”. El encuentro, que se celebrará el miércoles en el Campus Universitario de Puerta de Toledo (Madrid), será inaugurado por Belarra y contará con la intervención por videoconferencia del lingüista, filósofo y politólogo estadounidense Noam Chomsky. 

Además, Belarra dará cita a nombres como el diplomático embajador de España, facilitador de acuerdos de paz, Yago Pico de Coaña; el ex secretario general de la UNESCO y presidente de la Fundación Cultura de Paz, Federico Mayor Zaragoza; Gianni Labella, de la Comunidad de San Egidio (El Vaticano); la codirectora la Global Justice Academy, Christine Bell; o Carmen Magallón Portoles, presidenta de la Fundación Seminario de Investigación por la Paz (SEIPAZ) y presidenta honoraria de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (WILPF). 

Informa Iñigo Aduriz.